Roma
Matteo Salvini (Liga Norte) y Luigi Di Maio (Movimiento 5 Estrellas) han ganado de momento el pulso a los tecnócratas: Italia no cambiará su plan presupuestario y se enfrentará al procedimiento de infracción de la Comisión Europea. El Gobierno italiano ha celebrado a última hora del martes un Consejo de ministros extraordinario para contestar a Bruselas, que pedía cambios en los Presupuestos para 2019. Las previsiones del Ejecutivo transalpino, que según la Comisión Europea implican una "desviación sin precedentes" de las normas europeas, no cambiarán: la meta de déficit seguirá siendo el 2,4% (frente al 0,8% anunciado por el anterior Ejecutivo) y el crecimiento previsto, del 1,5%, a pesar de que todos los supervisores italianos (desde las oficinas presupuestarias de Congreso y Senado al Instituto Nacional de Estadística Istat) indican que son demasiado optimistas. La Comisión Europea evita pronunciarse y emplaza a hacer pública su opinión el próximo 21 de noviembre.
El Gobierno italiano se ha comprometido a no superar el 2,4% de déficit, incluyendo en sus cuentas una serie de cláusulas que prometen reducciones de gasto en caso de que la cifra se vaya a situar por encima, así como la cesión de bienes inmuebles propiedad del Estado. Es la única ligera concesión que el Ejecutivo ha realizado ante la UE.
Los portavoces de la Comisión Europea han evitado emitir una opinión sobre la respuesta italiana, y así evitar un previsible choque de trenes ante la amenaza de comenzar un procedimiento de sanción. Está previsto que el pronunciamiento oficial sobre las cuentas de los Estados miembros se haga el próximo 21 de noviembre.
Todas las previsiones internacionales indican un crecimiento de alrededor del 1% para el año que viene. De hecho, el martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que Italia seguirá con un crecimiento del 1% hasta 2020 y alertó sobre la posibilidad de que la economía transalpina incurra en recesión a causa de la política que prevé implantar el Gobierno populista de Giuseppe Conte.
Por su parte, el Istat indicó que para cumplir con el 1,2% de crecimiento anunciado para 2018, "sería necesario un 0,4% en el cuarto trimestre" justo cuando la economía italiana se está ralentizando, haciendo prever "una fase de debilidad del ciclo económico".
Además, el Fondo alerta de que el déficit llegaría al 2,75% en 2019 -frente al 2,4 previsto por Roma- para rozar el 2,9 en 2021.
En una nota, el Ministerio de Economía italiano subrayó que en ningún caso va a cambiar sus proyecciones: "Las previsiones de crecimiento son el resultado de una evaluación puramente técnica. Por esto no puede ser objeto de alguna negociación adentro o afuera del Gobierno", declara el Departamento.
El consejo de ministros extraordinario empezó tras una reunión del primer ministro con sus vicepresidentes (y líderes de los partidos que apoyan al Ejecutivo) Salvini y Di Maio que durante los últimos días ya habían dado su punto de vista sobre la respuesta a Bruselas y el posible procedimiento de infracción: "¿Llegan los inspectores? Ya llegaron los de la ONU para comprobar si somos malos y racistas, que vengan también los inspectores al Ministerio del Tesoro. Sólo falta el inspector Derrick y el teniente Colombo" dijo Salvini con su habitual actitud provocadora. "Los italianos ya han dado demasiado a las reglas europeas" recordó Di Maio en su Facebook. "No creo que haya a la vista una multa para Italia. Este Gobierno heredó un déficit del 2% sin poder hacer nada", dijo hace días el líder del M5E ante los corresponsales extranjeros en Roma.
"Los Presupuestos de los últimos cinco años aprobados por Bruselas no han sido positivos para Italia y hemos decidido hacer lo contrario. En Bruselas continuarán mandándonos cartitas"
Salvini ha seguido esta mañana cargando contra las posibles sanciones de la CE, asegurando que serían contra el pueblo italiano. "Los Presupuestos de los últimos cinco años aprobados por Bruselas no han sido positivos para Italia y hemos decidido hacer lo contrario. Seguimos adelante. En Bruselas continuarán mandándonos cartitas".
"Si quieren sancionar al pueblo italiano, lo han entendido mal", explicó el también vicepresidente del Gobierno en una entrevista en la radio pública RAI. "Nosotros queremos defender el derecho a la seguridad, al trabajo y a la salud de los italianos", insistió.
El 21 de noviembre la Comisión empezará el recorrido sancionador que podría entrar en vigor el 22 de enero con el voto de los ministros europeos. Luego Italia tendrá unos meses para adecuarse o enfrentarse a una multa de entre el 0,2 y el 10,5% de su PIB.
El recorrido de las leyes presupuestarias italianas suele ser muy largo y el Parlamento introduce a menudo cambios importantes
Pero la nueva negativa puede no ser la respuesta definitiva de Roma. El recorrido de las leyes presupuestarias italianas suele ser muy largo y el Parlamento introduce a menudo cambios importantes. Cabe la posibilidad de que los ministros tecnócratas (el de Economía, Giovanni Tria, y el de Exteriores, Enzo Moavero Milanesi, partidarios de dar signos de buena voluntad a la UE) se hayan reservado algún margen de maniobra para suavizar las sanciones europeas. Según la prensa italiana, Tria no ha parado de trabajar en planes presupuestarios alternativos. Una opción es aplazar algunas medidas, empezando por la renta básica de ciudadanía prometida por el M5E (de 780 euros mensuales). Se trata de intervenciones que se podrán hacer durante el largo recorrido del debate parlamentario.
De hecho, hace una semana, durante un programa de televisión, Conte indicó que está evaluando una corrección del plan presupuestario, subrayando que Roma intervendrá si el crecimiento en 2019 resultara inferior a las expectativas: "Estamos estudiando medidas para reducir el déficit y la deuda. No somos irresponsables". Incluso Salvini dejó entreabierta la posibilidad de cambios en los Presupuestos. "Los fundamentos del plan no se tocan. Si alguien quiere trasladar una "X del gasto corriente a las inversiones podemos hablarlo" dijo el liguista, reafirmando sin embargo su desdén a la Comisión, una postura que le está beneficiando en las encuestas.
Para empezar el procedimiento de infracción, la Comisión necesita hacer un nuevo informe sobre la evolución de la deuda italiana y enviar una recomendación al Consejo Europeo pidiendo que abra el procedimiento. El Consejo podrá volver a pedir cambios presupuestarios a Italia, dándole entre tres y seis meses (dependiendo de la gravedad del asunto) para cumplir con las peticiones. Finalmente el Consejo decidirá si aplicar sanciones a Italia. La multa varía del 0,2 al 0,5% del PIB y supone que Bruselas pare también la distribución de fondos europeos.
