Las comunidades autónomas han pasado de una situación de extremada incertidumbre, en la que se veían abocadas a tener que reclamar una línea de ayudas al Estado si tenían que afrontar las reclamaciones del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) por los últimos cuatro años, a ser las grandes beneficiadas por el decreto aprobado el jueves por el Gobierno, para que la banca pague a partir de ahora este gravamen por los créditos hipotecarios que concede.
La recaudación de las agencias tributarias de las regiones aumentará por el fin de las bonificaciones y deducciones fiscales en el IAJD. Hasta ahora, los clientes -que eran los que liquidaban este impuesto-, al ser personas físicas, se podían beneficiar de determinadas ventajas, como, por ejemplo, las deducciones fiscales establecidas por algunas autonomías por familia numerosa, dependencia, situaciones de especial vulnerabilidad económica, personas mayores de edad, etcétera, por lo que tasa era menor de la establecida nominalmente.
Desde el lunes, cuando el decreto del Gobierno se haga efectivo -aunque estará activo desde este sábado-, los bancos no podrán disfrutar de estas bonificaciones, por lo que en todas las operaciones las autónomía percibirán el máximo. El tipo que aplican va desde el 0,5% del País Vasco y Navarra hasta el 1,5% de Cataluña, Andalucía o Aragón.
Sin pistas en Hacienda
Desde Hacienda sostienen que la banca no podrá hacer uso de estos beneficios fiscales, aunque no ofrecen cuál sería el incremento de la recaudación respecto a lo que suponía hasta la fecha.
Además, el cambio legal introducido por el Gobierno en el reglamento del IAJD, que data de 1993, impide a los bancos deducirse este gravamen en el Impuesto de Sociedades. Según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha modificado el artículo 15 para introducir que el coste de la tasa "no es deducible para el prestamista".
De esta manera, la única fórmula que la banca tiene para compensar los mayores costes fijos en la producción de este tipo de financiación, tanto a hogares como a empresas, es una subida de los precios. Esta circunstancia imposibilitará a los ciudadanos beneficiarse del decreto del Gobierno, que es el fin último del mismo, según las propias palabras del presidente Pedro Sánchez.
"Estos ingresos son fundamentales para que las comunidades autónomas"
Es más, si finalmente las entidades aumentan los tipos o las comisiones para repercutir el impuesto, los consumidores saldrían perjudicados, al perder las ventajas fiscales del IAJD, según señalan distintas fuentes financieras.
Las haciendas regionales, según informó Montero, recaudan anualmente unos 2.000 millones por este impuesto descontando las bonificaciones e incluyendo otras operaciones que no son financieras, como son la adquisición de automóviles, por ejemplo.
Los técnicos de Hacienda calculan que en impuestos la recaudación por el gravamen de las hipotecas alcanza los 1.100 millones de euros, que ahora se verán incrementados por la imposibilidad de aplicar beneficios fiscales.
Montero consideró que estos ingresos son fundamentales para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los gastos en Sanidad, Educación y Dependencia, por lo que es difícil su supresión como reclama el Partido Popular.
Fuentes bancarias destacan que a partir de ahora también se podrían ver beneficiadas las gestorías, ya que no se encargarán de la liquidación del IAJD, ya que lo harán los trabajadores de las entidades. Está por ver si aplican descuentos o rebajas en las minutas que cobran, sostienen.
La semana que viene se reunirá la Comisión de Tributos, con la presencia de los directores de esta área, para analizar los cambios de las legislación tras la aprobación del decreto, que publicará este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque su efectividad se traslada al lunes, al ser día no hábil para la banca.
Casado denuncia un "engaño"
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó ayer al Gobierno socialista de "engañar" a la gente, porque el impuesto sobre hipotecas lo acabará pagando finalmente el ciudadano que adquiera una vivienda. Por eso, defendió de nuevo la supresión de este impuesto, una propuesta que, en su opinión, es lo "responsable y sincero con los españoles". Casado, tras participar en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Finlandia, subrayó que su formación planteará en su programa una "revolución fiscal", porque quiere bajar el IRPF por debajo del 40% y Sociedades por debajo del 20%; así como suprimir sucesiones, donaciones, patrimonio y el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD).
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió que modificar la ley de este gravamen mediante un decreto, como ha hecho el Ejecutivo para que sean los bancos y no los clientes los que paguen este tributo, podría ser inconstitucional. "Pedimos al Gobierno que presente una ley urgente por lectura única", porque "el decreto puede ser inconstitucional", afirmó durante un coloquio en Madrid.
Según explicó el día anterior en Twitter el responsable de Política Fiscal de Ciudadanos, Francisco de la Torre, el deber fundamental de contribuir (artículo 31 de la Constitución) no puede ser regulado por un decreto ley. Aun así, Ciudadanos aseguró que apoyará el cambio normativo en el Congreso de los Diputados.
