La inestabilidad política y parlamentaria se manifiesta día a día en el quehacer del Congreso de los Diputados. Hasta 26 proyectos de ley permanecen paralizados desde 2024 en las respectivas comisiones de la Cámara Baja. A los mismos hay que sumar 17 que han entrado este año, un 65% más. En total, 43 proyectos de ley cuyo trámite parlamentario se alarga en el tiempo.
Hay que matizar que de los 17 de 2025, al menos a 9 no se les puede calificar de paralizados pues por su fecha de entrada todavía están en el plazo habitual de su trámite en la Cámara, que viene a ser de tres meses. Con el trabajo del Senado, el tiempo se sitúa en cinco meses. Pero aún quedan ocho proyectos que han sobrepasado el periodo normal de tramitación y que vienen a añadirse a los 26 que se arrastran desde 2024. Esta dilatación legislativa es inédita en la reciente historia de España.
Todos ellos se encuentran en las comisiones correspondientes que deben debatir las enmiendas a los textos aprobados por el Gobierno. Es aquí donde se produce el atasco. En primer lugar, hay que citar la abundancia de grupos parlamentarios que domina esta legislatura, lo que multiplica el número de enmiendas para presentar. Pero, sobre todo, influye la dispersión de los que apoyan al Gobierno. Ésta genera que cada enmienda se debata, se pacte con unos y con otros o se rechace según la conveniencia de cada grupo y del propio Ejecutivo. Enmendar un proyecto de ley se ha convertido en una tarea larga y tediosa.
No todos están en la fase de enmiendas aunque sí la mayoría, el 74%. Otros ocho están pendientes del informe de la comisión, que deben redactar un grupo de diputados pertenecientes a la misma a la vista del texto remitido por el Gobierno y de las enmiendas presentadas. Es otro trámite más y en esos ocho casos, el proyecto de ley continúa sin salir de la comisión.
A veces, el proyecto de ley como tal se queda varado en las comisiones correspondientes aunque sus medidas urgentes han entrado en vigor. Se trata de textos procedentes de los reales decretos convalidados por el pleno y que son de urgente aplicación.
Prácticamente todos los departamentos ministeriales tienen algún proyecto en comisión. Por ello, hay medidas encalladas de los más diverso. Por ejemplo, el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo entró a principios de mayo , al igual que el de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria. Más retraso lleva la norma que modifica varias leyes relacionadas con los créditos, que incluye el texto refundido de la Ley Concursal. El de acciones colectivas para la protección y defensa de los consumidores y usuarios entró en febrero.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que dirige el miembro de Sumar Pablo Bustinduy, tiene aún otros dos proyectos mucho más retrasados: el que regula los servicios de atención a la clientela y la Ley de Familias, que se remontan a principios de 2024. La transparencia e integridad de los grupos de interés, el de los famosos lobbys, entró en enero, lo mismo que el de mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica viene ya desde 2024. Ese ejercicio se presentaron el que modifica la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores o la de Enjuiciamiento Civil.
Ningún asunto se libra. Ni la información empresarial sobre sostenibilidad ni RTVE, cuyas medidas medidas urgentes relativas a su régimen jurídico esperan desde octubre de 2024.El ministerio que dirige Yolanda Díaz espera que su ley integral de impulso a la economía social salga de las salas de las comisiones rumbo a su aprobación desde octubre del año pasado. Y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública todavía está esperando que se apruebe una de las joyas de su departamento: la ley de la Función Pública de la Administración del Estado.
Sanidad tiene paralizados dos importantes proyectos de ley: el que modifica diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)o de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. Otro ministro de Sumar, Ernst Urtasun, llevó en su día al Congreso y todavía permanecen allí la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos o la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Transportes, el departamento que dirige Óscar Puente, sigue a la espera de su Ley de Movilidad Sostenible, que se halla en fase de dictamen de la comisión, lo que significa que no ha salido de allí. El proyecto de ley entró en la Cámara Baja en el mes de febrero de 2024, hace un año y medio.
En la relación de normas pendientes se encuentra la transposición de una directiva, por la que hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores y otras disposiciones en materia laboral, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles de la Unión Europea según reza el título del propio proyecto de ley. Asimismo, lleva aguardando año y medio. El restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía suma un elemento más a la masa de proyectos pendientes. Este organismo se considera clave por el sector energético y es otra de las reformas económicas de calado que se ven atascadas, como la Ley de Industria. En este caso porque tanto PNV como Junts alargan el plazo de enmiendas para tratar de imponer a sus candidatos en los puestos directivos de la institución. La modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante también forma parte de la bolsa creada en las salas del Congreso.
Si se tiene en cuenta que, tras su paso por la Cámara Baja, los textos deben pasar por el Senado, donde asimismo deben someterse a enmiendas, el recorrido que les queda a todos estos proyectos de ley aún es trabajoso. Lo único que entra en vigor en esta legislatura son los reales decretos-leyes, si son convalidados y apoyados por los grupos parlamentarios, que contienen medidas de urgente puesta en marcha como, por ejemplo, las relativas a la Dana.