
El Plan anticorrupción de Pedro Sánchez exige modificar hasta 14 leyes para que pueda salir adelante y poner en marcha cuatro nuevas, en un momento en el que el Gobierno carece de apoyos parlamentarios para aprobar las normas que presenta.
De hecho, esta debilidad en las Cortes se ha visto reflejada en el bajo cumplimiento del Plan Anual Normativo del Gobierno de 2024. Esta hoja de ruta con las leyes y normas que el Ejecutivo pretendía sacar adelante el año pasado se saldó con solo una ley aprobada de las 49 propuestas.
Decenas de normas se quedaron atrapadas en el Congreso ante la falta de apoyos y otras ni siquiera se empezaron a tramitar. Por lo que todo apunta que, ante la actual situación política, el plan anticorrupción correrá la misma suerte ante la disparidad de medidas planteadas.
Entre las leyes que se deben modificar para sacar adelante las medidas figuran la Ley sobre Altos Cargos de la Administración, la Ley de Transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley sobre protección de informantes, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Ley de financiación de partidos, la Ley del régimen electoral, la Ley de transparencia y buen gobierno o la Ley Orgánica del Poder Judicial. También, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Código Penal, entre otras.
Asimismo, también se deberán comenzar a tramitar otras normativas como la Ley para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la transposición de la Directiva europea sobre el recuperación y decomiso de activos, el proyecto de ley sobre la actividad de los lobbys y la Ley de Administración Abierta.
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