La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha reclamado la aprobación "urgente" de la Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación parlamentaria sigue paralizada a pesar del amplio consenso político y social generado en torno a su contenido. La norma es considerada por el sector como una herramienta "imprescindible" para garantizar un transporte público eficiente, inclusivo y compatible con los objetivos climáticos europeos.
"La movilidad no puede seguir supeditada a los vaivenes políticos. Esta ley es una herramienta imprescindible para afrontar los grandes retos del transporte público y no podemos seguir esperando", afirma Miguel Ruiz, presidente de ATUC, en un comunicado.
La asociación, que agrupa a los principales operadores de transporte público urbano y metropolitano, recuerda que el proyecto legislativo fue elaborado durante años con la participación de todos los agentes implicados. Entre las principales medidas que incorpora destaca la creación de un sistema de financiación estatal estable y previsible, una vieja reivindicación del sector.
Actualmente, el Estado apenas cubre el 6% del coste total del sistema, cifrado en unos 7.000 millones de euros anuales. "Sin un marco legal sólido, es imposible planificar inversiones, renovar flotas o avanzar en la descarbonización del transporte. Necesitamos certezas y una visión a largo plazo", ha subrayado Ruiz.
Cada año se realizan más de 4.000 millones de viajes en transporte público urbano y metropolitano en España. Para ATUC, estos servicios son esenciales no solo para millones de ciudadanos, sino también para mejorar la calidad del aire, reducir la congestión urbana y cumplir con los compromisos europeos en materia de cambio climático.
La ley, que reconoce la movilidad como un derecho, recoge asimismo la necesidad de proteger ese derecho mediante legislación estable, en lugar de soluciones puntuales y coyunturales. En este contexto, ATUC ha reiterado su disposición a colaborar con todas las fuerzas políticas para reactivar el espíritu de consenso que dio origen al proyecto y ha instado al Gobierno y al Parlamento a retomar su tramitación cuanto antes.
Encallada por la tensión política
El proyecto de ley superó recientemente la fase de ponencia en el Congreso, tras más de 130 enmiendas introducidas por los grupos. Entre las medidas incorporadas destaca una reforma impulsada por Sumar para que el nuevo mapa de concesiones estatales de autobuses sea acordado con las comunidades autónomas y que el Estado compense económicamente las paradas que se supriman.
Sin embargo, la Comisión de Transportes que debía debatir el texto el pasado 18 de junio fue desconvocada a última hora por el clima político derivado del denominado caso 'Koldo' y las informaciones que salpican a los exsecretarios de organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
A ello se suma el rechazo actual de Podemos, cuya portavoz Ione Belarra ha señalado que "no se dan las condiciones" para apoyar el texto. La formación morada considera que el proyecto no cumple con las exigencias de los colectivos ecologistas ni garantiza la gratuidad del transporte público. Su voto será clave en el Pleno del Congreso, donde el Gobierno tendrá que buscar apoyos en las próximas semanas.
El Gobierno busca desbloquearla en julio
Ante este escenario, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso habilitar cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias este mes para sacar adelante la ley. Según fuentes parlamentarias, la comisión podría reunirse hasta el 22 de julio, cuando está previsto un Pleno. En comisión, se espera que el texto salga adelante gracias al voto del BNG, que representa al Grupo Mixto, pero su aprobación definitiva dependerá de una mayoría más amplia.
La Ley de Movilidad Sostenible es una de las promesas del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien recuperó el texto que ya se había comenzado a tramitar en la anterior legislatura y se comprometió a que entrara en vigor antes de finales de 2024. Sin embargo, la compleja aritmética parlamentaria y las divisiones internas en el bloque de investidura han retrasado los plazos.