"Es imposible que haya nuevos Presupuestos, por falta de tiempo y por falta de apoyos". Así de rotundas se expresan a elEconomista.es fuentes conocedoras de la tramitación de la principal ley del Estado, para quienes el calendario ya juega completamente en contra de Hacienda. Hasta el punto de que la votación parlamentaria en la que se votaría la senda de déficit y deuda de las Administraciones, el paso previo ineludible para elaborar las Cuentas de 2026, no podría celebrarse, en las condiciones actuales, hasta principios de noviembre. Y todo ello sin garantías de que la propuesta del Gobierno obtenga el beneplácito del Parlamento.
En otras palabras, la senda fiscal podría verse rechazada –como ocurrió dos veces en 2024– y dejar los Presupuestos otra vez en punto muerto ya bien entrado el otoño. A finales de julio, el Gobierno manifestó su intención de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Y marcó septiembre como mes del inicio de la tramitación. El noveno mes del año es precisamente en el que todo el proceso debe estar finalizado para la entrada del proyecto de ley en el Congreso, según establece la Constitución.
En el Ministerio de Hacienda no adelantan nada a elEconomista.es sobre el calendario. Se remiten a las declaraciones que realizó la vicepresidenta primera MªJesús Montero hace unos días en las que enfatizó que "rotundamente sí" se presentará el proyecto de ley para el próximo ejercicio.
Pero el recorrido hasta ese momento es largo. Hay que cumplir con una serie de pasos que no se ven el horizonte. El primero es que la ministra firme una orden ministerial con las normas y líneas maestras que deben cumplir los Presupuestos. Esta orden tiene que contar con un informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reúne siempre en julio. Este año todavía no hay fecha para su celebración y las comunidades autónomas no han recibido ninguna convocatoria.
Después, el Consejo de Ministros debe aprobar el techo de gasto no financiero, que permite cumplir la senda fiscal, y remitirlo al Congreso, donde se aprueba o no. Es la primer piedra del proyecto presupuestario y absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque el llamado techo de gasto recoge el límite de gasto financiero que pueden hacer las Administraciones Públicas en el ejercicio de que se trate. Se diseña de forma que se cumplan la senda fiscal u objetivos de estabilidad de déficit y deuda públicos y por la misma se "reparten" estos objetivos a cada Administración.
El año pasado, como no salió adelante por falta de apoyos a la primera, el Gobierno volvió a intentarlo meses después. Si este año ocurre lo mismo, correría todavía más el reloj. La posibilidad de presentar techo de gasto y proyecto de ley de presupuestos a la vez para ahorrar tiempo no está permitido por la ley, como tampoco prorrogar el techo de gasto y senda fiscal del ejercicio anterior. Además, hay que tener en cuenta que esta fijación del gasto tiene que contar con informes del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
"No hay tiempo para que entren en la Cámara Baja el 1 de octubre como es preceptivo. Si se empezase ahora mismo, pero ahora mismo, hasta el 1 de noviembre como mínimo no estarían presentados y eso que esa fecha ya no es la legal", afirman las mismas fuentes. De toda maneras, matizan, "el incumplimiento de los plazos puede sortearse. Basta con que la Mesa del Congreso decrete un procedimiento de urgencia y entren entonces, en noviembre, aunque no sea lo reglamentario". De hecho, no sería la primera vez que un Gobierno recurre a forzar lo establecido en la Constitución.
En el supuesto de que se supere la aprobación parlamentaria del techo de gasto, entonces hay que debatir en pleno y comisiones el proyecto de Presupuestos, que habrá entrado después, casi enmienda por enmienda. "No hay tiempo material aunque la Mesa del Congreso permita que entre en noviembre", declara una auditora del Estado a elEcomonista.es.
Y las negociaciones con los socios se presentan como otro escollo que complica y retrasa todo el camino. Las posiciones están muy enconadas. Solo Bildu se ha mostrado dispuesto a apoyar el proyecto de ley sin negociar. El resto pone condiciones y algunas de mucho nivel. Hasta Sumar, socio de gobierno, quiere sentarse a hablar de las Cuentas del año que viene. Los votos de Bildu y de Sumar no garantizan la mayoría de 176 diputados necesarios.
El más combativo es el grupo de Junts per Catalunya. Carles Puigdemont ya ha manifestado que lo principal es que Cataluña cuente ya con el sistema de financiación singular y con diferencias respecto al pactado en junio. En el mismo sentido se ha pronunciado ERC. Este proceso no ha hecho más que empezar y se calcula que no será un hecho hasta 2027. Además, supone modificar la Ley de Financiaición de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que es una ley orgánica y que necesita del voto positivo de la mayoría absoluta. Asimismo, exige el abono de 50.000 millones de euros a Cataluña en concepto de partidas pendientes.ERC ha añadido en sus exigencias la vigencia de la condonación de la deuda catalana con el FLA que, por el momento, solo cuenta con el visto bueno del CPFF. Otro proceso legislativo de larga tramitación. Entre Junts y ERC suman 14 diputados en el Congreso que son fundamentales para aprobar cualquier ley. Por su parte, Podemos exige para su apoyo que no se incluya el 2,1% del PIB de gasto en defensa, la salida de España de la OTAN, romper relaciones diplomáticas con Israel y soluciones para el problema de la vivienda como bajar por ley un 40% el precio del alquiler.En cuanto al PNV, la idea es retomar las negociaciones con el Gobierno donde se quedaron las de los Presupuestos de 2025.