Las modificaciones de crédito se han convertido en la política presupuestaria por excelencia del Gobierno. Solo hasta el 30 de junio, importaban 29.700 millones de euros, un 44,1% más sobre las realizadas en el primer semestre de 2024.
Estos instrumentos presupuestarios son utilizados en todos los ejercicios y por todas las Administraciones Públicas, pero a los gobiernos les son especialmente útiles cuando los presupuestos del Estado están prorrogados, como ocurre en la actualidad con los de hace dos años. De hecho, en 2024, primer año de la prórroga de las cuentas de 2023, las modificaciones de crédito sumaron un 57,4% más en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior. Caso aparte son las llevadas a cabo en 2020, que ascendieron a casi 50.000 millones. Fue el año más duro de la pandemia de Covid y los motivos son obvios. El Gobierno de Pedro Sánchez también recurrió a las modificaciones en ejercicios con cuentas públicas en vigor como en los de 2021, 2022 y 2023. Igualmente, lo han hecho otros gobiernos y otras administraciones, especialmente los ayuntamientos.
Uno de los principales problemas de este mecanismo es que no siempre es transparente. Diputados de la oposición han declarado a elEconomista.es que "las modificaciones de crédito se están mandando con mucho retraso al Congreso o directamente el Gobierno no rinde cuentas, porque se están saltando todo en materia de gasto". Los expertos opinan, por su parte, que el Parlamento debe aprobar la principal ley, la de Presupuestos, "para que haya transparencia, control y enmiendas. Con las modificaciones de crédito esto no se da".
Las modificaciones son cambios que afectan a los créditos para incrementarlos, reducirlos o hacer traslados entre distintas partidas. Tienen varias modalidades. Los créditos extraordinarios sirven para aumentar los que no están contemplados en el presupuesto inicial. Por su parte, los suplementos de crédito se usan para aumentar los ya existentes, así como las ampliaciones. Las transferencias permiten pasar dinero de una partida a otra y las incorporaciones son el uso de lo no gastado en el ejercicio anterior. Por último, existe la generación de nuevos créditos que no estaban consignados en las cuentas públicas originales.
Hasta el 30 de junio pasado, y según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las modificaciones de mayor cuantía económica han sido las transferencias entre partidas. Estas son habituales pero no lo eran entre ministerios porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria no lo permite salvo para la reorganización de personal. Hasta que en la Ley de Presupuestos de 2023, los últimos elaborados y aprobados, se habilitó la competencia del ministro de Hacienda para traspasar créditos entre secciones.
Los ministerios que más han incrementado sus modificaciones de crédito en los seis primeros meses han sido Industria y Turismo (con casi 6.500 millones) y Defensa (con 5.649 millones). Este último departamento esta cada vez mejor dotado económicamente. En 2024, en los primeros seis meses del año obtuvo 1.200 millones de euros por las modificaciones. Cuando el Gobierno español se comprometió a destinar el 2% del PIB a gastos en defensa, el presidente Sánchez aseguró que los recursos provendrán de la reasignación de créditos no ejecutados y del uso de fondos comprometidos pero no ejecutados en el ejercicio anterior.
Los departamentos ministeriales menos dotados con estos instrumentos son, hasta el 30 de junio, han sido el de Transformación Digital y Función Pública (81.720) y Cultura (83.648). En tercer lugar, en la parte de abajo de la lista, se encuentran Sanidad (112.429) y Ciencia, Innovación y Universidades (140.642).
El Fondo de Contingencia, mecanismo destinado a cubrir situaciones imprevistas o de emergencia no previstas a la hora de confeccionar los Presupuestos, figura con modificaciones de crédito negativas. En un primer momento recibió una ampliación de crédito de 5.775 millones para después "perder" 8.261 a causa de baja por anulación y rectificación. Este Fondo está dotado, según la Ley General Presupuestaria, con el 2% del total de gastos para operaciones no financieras. La norma establece que "en ningún caso podrá utilizarse para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria".
Algunos departamentos presentan modificaciones en negativo como Educación, Hacienda e Igualdad. Esto se debe al montante de las transferencias que han podido realizar a otras partidas o programas de otro ministerio. En estos momentos cualquier tipo de transferencia es decidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.
Un instrumento que se dispara en el segundo semestre del ejercicio