Madrid
Culminada la Cumbre de la OTAN de La Haya, permanece el mensaje principal: con independencia de porcentajes, Europa y España han decidido dar un trascendental salto adelante en cuanto a inversión en seguridad y defensa. En el plano europeo, una de las numerosas muestras de compromiso en esta materia es la reciente propuesta del Quinto paquete Ómnibus de Simplificación de la Comisión Europea para agilizar las inversiones en defensa. El Ómnibus persigue fomentar inversiones anticipadas; reducir obstáculos burocráticos y apoyar el desarrollo de tecnologías de doble uso que refuercen la autonomía estratégica europea. También trata de impulsar la competitividad y la innovación en el sector defensa, para asegurar una capacidad de respuesta ágil y sostenible. El objetivo final de la Comisión es garantizar que Europa cuente con una preparación de defensa sólida, capaz de disuadir agresiones de forma creíble, proteger la democracia y mantener la paz frente a cualquier amenaza.
En España la defensa no ha sido, estos últimos años, protagonista del debate político ni de la realidad presupuestaria, pero ahora pasa a elevar su rango como política pública, generando un nivel de relevancia y atención desconocido hasta la fecha. Este cambio supone un giro radical. En esta nueva ubicación central de la defensa creemos posible adelantar algunas cuestiones a las que deberá atenderse. Por un lado, la capacidad de encajar presupuestariamente esta nueva priorización de la defensa, a la vez que se cumple con las limitaciones derivadas de las reglas fiscales comunitarias. Es evidente que, en mayor o menor medida, se deberá hacer frente a una compensación entre políticas públicas que deberá gestionarse con mucha responsabilidad. Estamos ante un reto político trascendental para los próximos años ante el que sería idóneo alcanzar una solución desde el máximo consenso político.
Por otro lado, deberá atenderse a una nueva dimensión de la política de defensa, con un componente mucho más multidimensional. La defensa, más que en el pasado, se vinculará de forma más directa con la política industrial; con el desarrollo territorial; con el apoyo a las PYMES; con el fomento de la I+D+i; con la necesidad de preparar y retener talento; o con las percepciones de una sociedad que valora altamente a sus Fuerzas Armadas, pero que siempre ha sido resistente a elevar el gasto militar, lo que hace clave fortalecer la cultura de defensa. Para dar cabida a todas estas dinámicas y lograr que la inversión en defensa genere efectos de arrastre sobre ellas, se necesitará un gran esfuerzo de planificación y programación detallada y plurianual, como reclama la industria; y un marco estable de diálogo, análisis y debate continuado con la industria y con el resto de los ministerios y administraciones territoriales implicadas.
Por último, será indispensable incrementar las capacidades administrativas y de gestión de quien está llamado a jugar el papel de motor y catalizador de este desafío: el Ministerio de Defensa. Una de las lecciones que se sacan del gran esfuerzo inversor realizado para ejecutar los fondos NextGenerationEU es la necesidad de aumentar las capacidades de gestión al mismo nivel que se incrementan los recursos a gestionar. Para ello, parecerían indispensables, al menos, varias medidas: ampliar los medios de personal y tecnologías de las principales Direcciones Generales y unidades responsables de gestionar esos recursos; diseñar e implementar mecanismos de agilización y simplificación de los procedimientos administrativos, especialmente los de contratación (puede servir el antecedente del Real Decreto-ley 36/2020, diseñado ante el reto de los Fondos NextGenerationEU); disponer de los instrumentos necesarios para atender las necesidades de financiación de las empresas del sector y darles el oxígeno necesario para responder al desafío; y, por último, articular mecanismos eficaces de gobernanza cooperativa entre la industria y la administración.
En definitiva, la consideración de la defensa como una política pública requiere una visión integral y colaborativa capaz de conciliar, en la medida de lo posible, las exigencias presupuestarias, industriales y sociales. Solo a través de una planificación rigurosa, el diálogo constante, la modernización de la gestión y la dotación de los medios necesarios, se podrá transformar este reto en una oportunidad para el progreso y la seguridad compartida.