
Dentro de pocos días tanto el Gobierno de España como los distintos Ejecutivos autonómicos, como es el caso de Aragón, deberán empezar, o al menos intentar, la tramitación de los presupuestos para el año 2026 con el fin de evitar nuevas prórrogas presupuestarias que, en el caso de las cuentas del país, se vienen produciendo desde los presupuestos de 2023, mientras que en la comunidad aragonesa están en vigor los del año anterior.
Y, ¿qué sucede si no se aprueban los presupuestos para el año 2026? ¿Qué consecuencias puede tener una nueva prórroga presupuestaria? Varios son los efectos tanto en el plano económico como institucional.
En concreto, una prórroga presupuestaria puede producir una crisis institucional, puesto que cabe cuestionar el correcto funcionamiento de las instituciones esenciales para el funcionamiento democrático.
De hecho, la incapacidad de aprobar unos presupuestos "muestra un gobierno débil, poco cohesionado e incapaz de abordar con garantías los retos de la sociedad española y erosiona su autoridad frente a la ciudadanía y otros actores políticos", apunan Juan José Rubio Guerrero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Santiago Álvarez García, de la Universidad de Oviedo, en su análisis "Efectos económicos y empresariales de las prórrogas presupuestarias" recogido en la revista Economía Aragonesa de Ibercaja.
Además, se pueden producir fricciones entre los poderes ejecutivo y legislativo sobre todo, si se "abusa" del decreto ley para ir gestionando el día a día. Esta dinámica, según los autores, exigiría, en su momento, de un posicionamiento del Tribunal Constitucional sobre el alcance y efectos de las prórrogas presupuestarias en el ordenamiento jurídico constitucional.
Otro de los efectos reseñables es que se puede dificultar la capacidad de atraer inversiones extranjeras al verse dañada la reputación por la percepción de un gobierno sin capacidad de gestionar eficazmente las finanzas públicas. Precisamente, en materia de inversión también se generan problemas por la afección que se produce en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructuras, aparte de derivar en una falta de mantenimiento y modernización lo que conllevaría un deterioro de la calidad y aumentaría los costes futuros para su reparación.
Es una afección que sobre todo puede tener un impacto mayor en las infraestructuras en el medio rural, especialmente en carreteras y redes ferroviarias, ya que se depende de la asignación anual de fondos y, sin nuevas cuentas, se suele tender a aplazar trabajos o acometer recortes que derivarían en deterioro de su calidad y en un aumento de la brecha entre las áreas urbanas y rurales.
La limitación de la inversión pública también afectaría a la actividad del sector de la construcción, que precisa de una estabilidad política y económica, así como a los planes de expansión de las empresas y multinacionales por la falta de un marco presupuestario claro, sobre todo si se depende de contratos públicos o licitaciones.
También se puede producir un impacto importante en el sector inmobiliario para producir vivienda asequible y proyectos de renovación urbana al verse ralentizado o detenerse todos estos planes por no disponer de un marco presupuestario estable.
En el plano económico, igualmente se debe tener en cuenta que si un gobierno se sigue financiando mediante la emisión de deuda pública para compensar la falta de un nuevo presupuesto, se tiene el riesgo de que aumenten los costes de financiación y, en consecuencia, elevando los intereses a pagar -en el caso de España-, por su deuda. No obstante, ante la restricción de la inversión pública, la colaboración público-privada se convierte en clave.
La prórroga de un presupuesto tiene aún más consecuencias. Por ejemplo, se dificulta la implementación de políticas públicas. "Sin un presupuesto actualizado, los gobiernos afrontan obstáculos para poner en marcha nuevas iniciativas o reformar programas ya existentes, lo que puede frustrar las expectativas ciudadanas y disminuir su apoyo institucional", añaden.
De este modo, una prórroga presupuestaria puede restringir la capacidad de actuación de un gobierno, afectar a la inversión pública y generar incertidumbre económica, lo que puede ralentizar el crecimiento al comprometer el funcionamiento de la iniciativa privada y complicar la gestión de las administraciones en general, y especialmente, de las autonómicas y locales porque sus asignaciones dependen del presupuesto estatal.
De este modo, la falta de actualizaciones de los fondos puede derivar en tensiones financieras dentro de un sistema de financiación ya de por sí tensionado por la falta de una revisión integral, aparte de dificultar la capacidad de gestionar los servicios públicos y acometer inversiones a escala regional y local.
Los efectos en el ámbito autonómico y local aún es mayor porque la ausencia de un nuevo presupuesto puede derivar también en agravar las disparidades en productividad entre autonomías y afectar a la cohesión territorial.
No hay que olvidar que la prórroga presupuestaria -solución subóptima-, también conlleva una falta de actualización de las partidas presupuestarias, que quedan desalineadas de las realidades económicas y sociales, dificultando dar una respuesta efectiva a desafíos emergentes, lo que es clave en tiempos de incertidumbre como los actuales.
Tampoco se puede obviar que no disponer de nuevos presupuestos obliga al gobierno a acordar pactos a corto plazo que van a desdibujando las políticas públicas diseñadas desde una perspectiva íntegra e integrada de un documento presupuestario consolidado.
Y cabe recordar una de las recomendaciones del informe Draghi, que apunta la necesidad de que los Estados miembros alineen sus presupuestos nacionales con las prioridades estratégicas establecidas por Europa. Una alineación que se considera clave para abordar desafíos como la transformación tecnológica, la descarbonización, la seguridad económica, el mantenimiento del modelo social europeo y la ampliación de los gastos de defensa dentro de un contexto geoestratégico cambiante.
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