
La Comisión Europea ha publicado este miércoles sus recomendaciones por país en lo que es el inicio de un mandato marcado por la necesidad de impulsar la competitividad del bloque. Bruselas proyecta que España se desviará este año del techo de gasto marcado para este año, superará en cinco décimas lo estipulado en su plan fiscal estructural. La senda de gasto se elevará al 4,2% en 20205, frente al 3,7% previsto por Moncloa en un inicio. Aunque los datos no preocupan al Ejecutivo comunitario que considera que, en el acumulado de los dos últimos años, el Gobierno cumple con lo pactado.
"Portugal y España cumplen en líneas generales, con desviaciones limitadas de las trayectorias recomendadas", apunta el Ejecutivo comunitario en su análisis. Bruselas ha dividido a los Estados miembro entre los que cumplen con lo prometido en su plan fiscal estructural, los que cumplen en líneas generales y los que muestran signos de desviarse.
España se encontraría así en el segundo de los grupos, ya que Bruselas permite una desviación de 0,3% del PIB en un año o del 0,6% en el acumulado de dos años. Esta última sería la coyuntura que se aplicaría al Gobierno. El año pasado España se quedó lejos del 5,3% de incremento de gasto proyectado, lo que le concede cierto margen para superar la partida prevista este año y, por tanto, seguir cumpliendo con Bruselas.
En su análisis de España, Bruselas recuerda que, según sus previsiones de primavera de 2025, el gasto neto en España crecerá un 4,2% en 2025 y un 7,9% acumulado en 2024 y 2025. "Se prevé que el crecimiento del gasto neto de España en 2025 sea superior a la tasa de crecimiento máxima recomendada, una desviación del 0,2% del PIB en términos anuales", apunta el documento. Al tiempo, subraya que la desviación prevista no supera el umbral del 0,3% del PIB para la desviación anual. Si se consideran 2024 y 2025, la tasa de crecimiento acumulada del gasto neto se situará por debajo de la tasa de crecimiento máxima.
Como parte de la nueva gobernanza económica de la UE, la Comisión Europea pone el foco en que los países cumplan con la senda de gasto y relaja su atención sobre los niveles de déficit, que centraban las miradas de las anteriores reglas fiscales. El nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecía que los países debían enviar a Bruselas un plan fiscal estructural el pasado noviembre.
El plan de España establecía un periodo de 7 años en el que el gasto primario neto experimentará un crecimiento medio al año del 3%, frente al 2,8% que le recomendaba la Comisión Europea en sus anteriores recomendaciones. Es así que, en un análisis detallado, Moncloa estimaba un incremento de gasto del 5,3% en 2024, que no llegó a alcanzar y le daba cierto margen para superar ese 3,7% de techo de gasto que estimaba para el 2025.
Es así que pese a que la Comisión Europea prevé que ese incremento de gasto llegue al 4,2% este ejercicio, en el acumulado de dos años Moncloa estaría cumpliendo con lo pactado con Bruselas. Fuentes comunitarias explican que la desviación de este año se corresponde con gastos adicionales derivados de la Dana en Valencia y con ese paquete de 10.500 millones de euros de gasto en Defensa que el presidente del Gobierno anunció en abril.
Es cierto que la Comisión Europea ha dado facilidades a los países para incrementar el gasto en defensa. Puso sobre la mesa la posibilidad de activar la cláusula nacional de escape para que la financiación adicional destinada a esta partida, a Seguridad y Defensa, no compute a la hora de revisar que los países cumplen con ese límite de déficit del 3% sobre el PIB. Un recurso que el Gobierno no ha utilizado todavía, si bien ha mostrado su intención de analizarlo. En todo caso, fuentes comunitarias apuntan que sí, la activación de la cláusula de escape habría cambiado la situación. España tendría más margen fiscal y el gasto en defensa no computaría a la hora de calcular el cumplimiento con el techo de gasto.
Además, España se desvía del objetivo de ese límite del 3% de déficit en 2024. Supera ese umbral por dos décimas a cierre del pasado ejercicio. Sin embargo, la Comisión Europea no le abrirá un procedimiento sancionador por déficit excesivo al considerar que estos datos responden al gasto excepcional que requería la Dana en Valencia y, por tanto, es una desviación temporal.