Valencia
El Gobierno valenciano de Carlos Mazón recurre a los bancos para lograr liquidez a corto plazo ante los problemas para hacer frente al pago a sus proveedores después de que la fecha límite que había marcado para recibir el extra FLA que desde 2012 recibía la Generalitat del Gobierno central siga sin llegar.
Después de que el propio Mazón solicitase a todos los miembros de su Gobierno un ajuste ante los problemas de caja al no contar con esos préstamos del Estado, finalmente la Generalitat Valenciana ha optado por más deuda con los bancos. La propia consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha anunciado una operación de endeudamiento de 1.816 millones de euros con la banca y al margen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por un plazo de un año para hacer frente a las facturas.
El Gobierno de Mazón ya había avisado en mayo a varios de los principales proveedores del riesgo de no poder cumplir en plazo con los pagos si no recibía el FLA extraordinario que desde 2012 el Estado venía aportando año a año para compensar el déficit del ejercicio anterior, en este caso el de 2024. De hecho ya comunicó a las farmacias que retrasaban los pagos de mayo que se realizan en junio al mes de julio por la falta del extra FLA, cuyo primer pago se solía efectuar en este mes.
Precisamente el Consell justifica este nuevo recurso a la deuda, que ya es la más elevada de las autonomías en relación a su PIB per cápita y supera los 60.000 millones de euros, como fórmula para compensar el déficit del ejercicio 2024. Además, la Generalitat ya prevé que tendrá que firmar otra operación con las entidades por otros 674 millones de euros el próximo mes de diciembre.
El instrumento
Según explicó Merino, la operación se ejecutará con varios préstamos bilaterales con distintas entidades, que ya han mostrado su disposición. "Llevamos semanas hablando con los bancos", aseguró, además de señalar que "van a cubrir la totalidad". La consellera sin embargo no pudo concretar aún el sobrecoste que supondrá para las ya exhaustas arcas autonómicas, ya que las condiciones aún no están por concretar. Merino recordó que este año el Gobierno valenciano del PP pagará 1.100 millones de euros de intereses.
El plan de Mazón para intentar evitar los retrasos a los proveedores en verano con todo sigue dependiendo del visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez, que debe aprobar el incremento de endeudamiento en el Consejo de Ministros. Desde la Generalitat además de acusar de asfixiar a la Comunidad Valenciana al actual Ejecutivo se insta a que apruebe esta medida que ya le ha comunicado en la próxima sesión del 15 de julio.
Una vez logrado el visto bueno estatal, la Generalitat tendrá que aprobar un decreto ley, además de cerrar las condiciones concretas con cada entidad. Si se alargan los plazos sería difícil poder afrontar los pagos pendientes antes de agosto.
Plan de ajuste
Sobre el plan de ajuste encargado por el propio Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero se limitó a asegurar que incluirán "cero recortes" y se centrará en medidas de racionalización como el "papel cero" en la Conselleria de Justicia con más digitalización, aunque sin mencionar como se aumentará esa inversión en digitalización o medidas para "conocer" en que situación está el absentismo en la Generalitat.