Valencia
El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ya tiene unos nuevos presupuestos de récord para hacer frente a la catástrofe de la DANA. Sin embargo, el gasto y la inversión extraordinaria para hacer frente a la recuperación de los territorios afectados no son los únicos apartados que experimentan fuertes subidas. También lo hacen los intereses que la Generalitat Valenciana pagará este año por su deuda.
El proyecto de presupuestos para 2025 que Mazón espera sacar adelantetras su nuevo pacto con Vox incluye destinar 1.143 millones de euros para hacer frente a los intereses generados por los prestamos y créditos que mantiene la Administración autonómica. Un importe que supone un 24% más que el año pasado y casi el triple que hace apenas dos años, ya que crece un 171% respecto a 2023.
Por si fuera poco, las proyecciones de la Hacienda valenciana contemplan que ese coste aún lastrará más las arcas autonómicas el próximo ejercicio, en que se estima que alcanzará los 1.564 millones de euros. Es decir, casi cuatro veces más que en 2023, tras el giro de los tipos de interés, que entonces estaban prácticamente en negativo.
Según las cuentas públicas que aún tienen que pasar por el trámite parlamentario, este año la Generalitat destinará más dinero a abonar esos intereses que lo que se gastarán seis de las diez consellerias en que se divide el Gobierno autonómico. Sólo le superan en presupuesto las tres grandes patas del gasto social -Sanidad, Educación y Servicios Sociales- y casi supone el gasto previsto para Infraestructuras y Territorio, que ha crecido por las obras de urgencia de la DANA. El proyecto de Ley contempla un total de 32.291 millones de euros, un 8,6% que los primeros presupuestos de Mazón, que también habían superado el máximo histórico anterior.
El aumento de los intereses por la deuda contrasta con el hecho de que este año el Gobierno valenciano reducirá las amortizaciones de deuda respecto a 2024 en un 14%, poco más de 1.000 millones, de acuerdo a los plazos y el calendario de pagos que tiene en vigor.
El origen de estos costes financieros es una deuda que es la de mayor volumen de todas las CCAA en relación al PIB per cápita y la segunda en importe total sólo por detrás de Cataluña. El endeudamiento valenciano roza los 60.000 millones de euros según los últimos datos del ejercicio pasado y seguirá al alza tras sumar una operación extraordinaria por 700 millones de euros en diciembre para los gastos más urgentes por la DANA.
A ellos se añadirán otros 2.364 millones de euros que el presupuesto contempla destinar exclusivamente para paliar los efectos de la DANA también proceden de préstamos del FLA, aunque a un tipo de interés cero y que no se incluyen para el cálculo del déficit.
1.500 millones de ingresos fantasma
La falta de recursos del modelo de financiación autonómica para hacer frente a los gastos sociales en una autonomía que no ha parado de aumentar su población ha generado que desde hace más de una década los presupuestos valencianos recojan partidas calificadas como reivindicativas o fantasma, por no decir ficticias como las define la propia Sindicatura de Cuentas año tras año, ya que no existe constancia que se vayan a recibir los ingresos reflejados.
Aunque desde la llegada de Mazón, el Consell ha renunciado expresamente a reflejar los 1.300 millones de euros que se atribuían a lo que la Generalitat dejaba de recibir respecto a la medio de las CCAA por el sistema de financiación, en su lugar recoge otras partidas de supuestas deudas del Estado que sin embargo la Administración central no contempla. Eso sí, lo menciona en el texto de la Ley, al igual que la mención al fondo de nivelación que reclama.
La principal partida dudosa de ingresos es la que incluye la deuda acumulada en los últimos años por los desplazados atendidos por el sistema público valenciano de Sanidad, que en las cuentas se cifra en 1.020 millones de euros. Además, se recogen otros 347 millones de euros que la Generalitat reclama al Gobierno central que proceden de los servicios generados por la aplicación de la Ley de Dependencia. Entre las partidas dudosas también refleja ingresos de 151,4 millones de las liquidaciones pendientes de las concesionarias de los hospitales públicos, que llevan años en litigios judiciales y cuya cuantía cambia cada año.