Valencia
Los segundos presupuestos de Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, están marcados por el fuerte incremento del gasto ante la necesidad de afrontar la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la DANA. Los presupuestos de la Administración autonómico vuelven a batir su récord, al crecer un 8,6% y alcanzar los 32.291 millones de euros.
Además de batir un nuevo récord en su volumen, el alza es aún mayor en gasto real sin incluir las partidas financiera, con otra subida del 15,8% y casi 3.600 millones de euros más que en 2024. La mayoría de ese importe está destinado a la respuesta a los daños causados por el agua y la reconstrucción, con 2.364 millones de euros incluidos, que corresponden al crédito del FLA ya aprobado por el Estado y que incrementarán la deuda autonómica, la mayor en relación al PIB per cápita en España.
De ese dinero, 600 millones irán al Plan de Reconstrucción que la Generalitat prevé aprobar en unas semanas y 500 millones para actuaciones en infraestructuras. Una de las particularidades de los presupuestos valencianos de este año es que esos gastos destinados a la DANA no se incluyen para los cálculos de los objetivos de déficit público.
Pero incluso sin contabilizar ese dinero, la Generalitat Valenciana prevé cerrar este año con un déficit del 1,2%, alrededor de 1.700 millones de euros, muy lejos del objetivo del 0,1% fijado por el Ministerio de Hacienda. La consejera de Hacienda, Ruth Merino justificó ese déficit porque se ha tomado como referencia el 3,2% de aumento en el techo de gasto respecto al año 2024, siguiendo la normativa europea y las recomendaciones de la Airef.
Además, Merino señaló que se acerca a los 1.782 millones de euros anuales en que se cifra el fondo de nivelación anual que se reclama desde el Gobierno autonómico para compensar la infrafinanciación valenciana.
El proyecto de Presupuestos Generales de 2025 de la Generalitat Valenciana, que el Consell de Carlos Mazón ha negociado con Vox al que ha realizado cesiones significativas. Merino explicó que sin la aportación de la DANA, el presupuesto apenas aumentaría un 0,7%, también porque incluye algo más de 1.000 millones de euros menos en vencimientos de deuda que el ejercicio anterior. Eso sí, aunque se abonarán menos vencimientos, el pago de intereses crece un 24% y le costará 1.143 millones de euros a la Administración autonómica. Merino también aseguró que no se refleja en las cuentas la posible condonación de deuda, que según dijo apenas supondría 167 millones de euros menos, el 14% de los intereses totales.
La responsable de Hacienda recordó que esa capa para afrontar los gastos de la DANA que incluye 2.364 millones de euros se invertirá "sin inversiones extra del Estado y con la deuda como única alternativa para sufragar su importe". Precisamente esa es la misma cantidad ya aprobada como crédito a través del FLA del Gobierno central.
Por partidas y personal
Por capítulos, las inversiones reales crecen un 22% con el gasto por la DANA y sin ese importe desciende un 22% el año pasado. Al margen de esos gastos extraordinarios destaca el incremento del gasto de personal, que supone un 6,5% más y representa el 31% de los costes totales.
Por departamentos, Sanidad supera por primera vez los 9.000 millones de euros, con un 7,8% más, y representa el 38% del total de los presupuestos valencianos.
Merino aseguró que en el proyecto se mantenían las partidas presupuestarias para los sindicatos, que Vox ha asegurado que con su acuerdo con Mazón se reducirán. Tampoco pudo concretar otros cambios anunciados por el partido de Abascal, como el recorte de las ayudas a ciertas ONGs y agencias de la ONU o partidas para la devolución de menores, que señaló que entiende que se pactarán en el trámite parlamentario.
Medidas fiscales
El Consell también ha presentado la denominada Ley de Acompañamiento, que incluye varias medidas fiscales que ya había anunciado Mazón, como el incremento de la bonificación en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento, que estima que beneficia a 41.900 familias, con un ahorro global de 10 millones.
También reduce del 10% al 4% el tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para impulsar el relevo generacional en la compra de parcelas con vocación agraria. Se suprime el pago de tasas portuarias a los barcos de pesca y para empresas, rebaja el 50% en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para proyectos catalogados como de interés autonómico.