Valencia
Fumata blanca tras la tensión entre el Gobierno de Carlos Mazón, la patronal y los sindicatos valencianos por el intento del PP de forzar que la Plataforma Per un Finançament Just apoyase sus reivindicaciones pese a la falta de consenso. La CEV, CCOO y UGT han escenificado ese frente conjunto para exigir el extra FLA al Gobierno de Pedro Sánchez que reclamaba el Consell, pero en la Mesa del Diálogo Social,
Tras mostrar ese músculo para reclamar la liquidez necesaria al Ministerio de Hacienda para evitar retrasos e impagos a proveedores, la propia consellera de Hacienda, Ruth Merino, fijó una fecha límite para que María Jesús Montero apruebe esa medida en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos: el próximo 7 de julio.
De no ser así, la Generalitat considera que difícilmente se podría evitar los retrasos hasta después del verano, ya que por la experiencia previa desde que se logra el visto bueno de ese organismo hasta que se pone en marcha la plataforma para gestionar esos pagos directos a proveedores son necesarias unas 3 semanas. En el calendario administrativo, lo que no esté en marcha antes de agosto difícilmente se pondrá en marcha en ese mes, aunque Merino señaló que su Conselleria está dispuesto a trabajar durante ese mes, pero que la plataforma y la tramitación no es sólo cuestión suya.
Merino, que recordó que al cierre de abril la deuda con proveedores del Consell se estima en 1.800 millones de euros, también quiso tranquilizar después de que el departamento de Sanidad ya anunciase a las farmacias retrasos de un mes en los pagos y aseguró que en ese caso no se podía hablar de impagos y que la situación se normalizaría en julio.
Tanto el presidente de la CEV, Salvador Navarro, como los secretarios autonómicos de UGT PV, Tino Calero, y CCOO PV, Ana García, dejaron clara la reivindicación al Gobierno centrar del FLA extraordinario que se aprueba desde hace doce años para garantizar los servicios sociales a los valencianos y evitar los problemas financieros de los proveedores públicos.
Navarro volvió a responsabilizar directamente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e insistió en que este caso no era necesario acuerdos de consejos o distintas regiones, si no simplemente una decisión personal.
Pacto por el diálogo social
Por otro lado, los sindicatos y la patronal han propuesto al Consell un borrador de pacto "por el desarrollo de la Comunitat Valenciana", en el que trabajar en los próximos años desde el diálogo social, sobre cuestiones como la reindustrialización y los servicios públicos, después de que también considerasen amenazado el diálogo social.
El documento considera como principios básicos "el diálogo social, que debe consolidarse como vía esencial para construir consensos duraderos que ofrezcan estabilidad y legitimidad a las decisiones públicas", además de "la justicia social y territorial", "la sostenibilidad" y "una visión estratégica que nos permita anticipar retos, fomentar la innovación y adaptarnos a los cambios con capacidad transformadora".