Tragsa tendrá que volver a licitar uno de los grandes contratos de la DANA por un error

El grupo público Tragsa se ha convertido en el principal instrumento al que han recurrido tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana ante las ingentes tareas de reconstrucción tras la DANA en Valencia. Y uno de los argumentos principales con los que lo justifican es la mayor rapidez y agilidad en las tramitaciones y los plazos.

Algo que ha quedado en evidencia en uno de los concursos que tenía que adjudicar a través de su filial Tragsatec: un acuerdo marco para la redacción de proyectos, la dirección de obras y seguridad laboral y la asistencia técnica de los centenares de obras que los ayuntamientos valencianos tienen que acometer para reconstruir edificios y redes destrozados o dañados.

Como publicó elEconomista.es, Tragsatec convocó ese macroconcurso valorado en 198,2 millones de euros para elegir a las ingenierías y despachos a los que contratar para cada proyecto y actuación concreta según las condiciones establecidas durante un plazo de tres años. De hecho, ante la magnitud de las actuaciones necesarias en más de 80 municipios valencianos se especificaba que la cifra presupuestado es una mera estimación.

Ese acuerdo marco a su vez se dividía en tres lotes y la empresa pública ha hecho publico que desiste del proceso para uno de esos lotes cuando las empresas interesadas ya habían presentado ofertas. En concreto se trata del que incluía los trabajos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, que valoraba en 89,2 millones de euros. Ese es el mismo importe para la otra parte de trabajos que sí mantiene, la que incluye redactar las memorias valoradas y los proyectos de obras.

Hasta 2.500 euros para compensar gastos

Según recoge el expediente de contratación, la decisión de renunciar al proceso se produce porque "se ha detectado un error no subsanable, respecto a los criterios de adjudicación". En concreto, explica que criterios como el plazo de ejecución total y plan de trabajo; la estructura y viabilidad del cronograma de ejecución no aplican en ese lote. .

En la propia resolución se señala que "se tramitará una nueva licitación para este lote", además de plantear "compensar" a los licitadores con un máximo de 2.500 euros por los gastos incurridos y que sean acreditados debidamente.

El siguiente concurso: 1.945 millones de euros

Precisamente este acuerdo marco es sólo el aperitivo del otro macroconcurso que acaba de convocar Tragsa para ejecutar los trabajos de reconstrucción que para los deben redactarse los proyectos y realizarse esas direcciones de obra. Una tarea para volver a levantar o reparar cientos de edificios municipales, bibliotecas, colegios, guarderías o redes de agua y saneamiento cuyo importe cifra en 1.945 millones de euros, por encima de los 1.700 millones de euros que el Estado ha entregado a los ayuntamientos, al dar un margen del 20% superior a la estimación inicial de lo que pueden costar los trabajos.

El acuerdo marco, que también contempla un plazo de 3 años, está dividido en 6 macrolotes. El mayor de ellos, por cerca de 750 millones, es el que incluye la construcción y reparación de todo tipo de edificios públicos. Pero también hay otro de cerca de 560 millones para redes de alcantarillado y depuración municipales y un tercero con casi 500 millones para infraestructuras viarias, y el plazo de presentación para las empresas finaliza el 4 de junio.

El precedente de las obras agrícolas

Lo lógico es que estos trabajos queden muy repartidos ante el esfuerzo titánico que supone intentar llevarlos a cabo con urgencia. El precedente de un acuerdo marco similar de Tragsa es el que licitó para llevar a cabo los trabajos de restauración y reposición de instalaciones e infraestructuras agrícolas y regadíos valorado en 475 millones de euros.

Tragsa ya lo ha adjudicado y ha seleccionado a 119 empresas en que se incluyen las grandes constructoras nacionales, los principales grupos regionales y también firmas locales a las que encargará directamente las distintas actuaciones, que en ese caso están previstas para un plazo de dos años.

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