Valencia
El Pleno del Consell ha ratificado el que el propio conseller de Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus ha definido como el mayor contrato que la Administración autonómica tuvo que acometer ante el desastre de la DANA. Se trata de los trabajos para la gestión, retirada y tratamiento de las montañas de residuos que el agua dejó a su paso.
El Gobierno valenciano encargó de emergencia ese contrato repartido en tres lotes a tres grandes grupos del sector de los servicios medioambientales: Urbaser, Prezero y Paprec. Una adjudicación de urgencia y sin concurso público que finalmente ascenderá a un importe total de 178,9 millones de euros, según ha aprobado el Consell este martes.
A cada una de las empresas se le encomendó uno de los lotes para hacer frente a esos trabajos y abarcar los municipios más afectados por la catástrofe en la provincia de Valencia. Por esas actuaciones, cada una de las compañías percibirá el mismo dinero, 59,65 millones de euros, según ha ratificado ahora el Gobierno que preside Carlos Mazón.
Según las estimaciones, las inundaciones y riadas produjeron entre 800.000 y 1.500.000 toneladas de residuos, el equivalente a lo que se genera durante todo un año en la Comunidad Valenciana o al 11% de lo producido en un año en toda España.
Unas montañas de todo dipo de desechos que obligaron a la Administración autonómica a establecer un plan de choque extraordinario que está permitiendo la retirada de enseres y voluminosos de los municipios, así como la creación de nuevos espacios para gestionarlos, como los Puntos de Acopio Local y los Puntos de Transferencia.
Para gestionar estos residuos, se ha trabajado de forma ininterrumpida vaciando los puntos cercanos a los cascos urbanos y trasladando los residuos a los puntos de transferencia con el propósito de minimizar el impacto ambiental y sanitario. El propio conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, cifró en hasta 2.000 camiones los que han trabajado simultáneamente para hacer frente a ese esfuerzo titánico.
En la fase final
Martínez Mus explicó que el plan de choque se encuentra en su fase final, con la eliminación progresiva de los tres puntos de transferencia que se ubicaron en Quart de Poblet-Manises, Catarroja y Picassent, en donde se han acumulado y tratado los residuos antes de su traslado al vertedero. Además recordó que en las primeras semanas en los trabajos participaron desde los propios voluntarios a unidades militares y la empresa estatal Tragsa.
Entre las operaciones realizadas en esas instalaciones se incluyen la clasificación y separación de residuos, diferenciando entre materiales como electrodomésticos de gran tamaño, residuos metálicos, colchones, neumáticos fuera de uso, plásticos de gran tamaño y residuos peligrosos; el cribado y trituración de materiales para separar fracciones finas (tierra arcillosa) y voluminosas.
También se ocupa del transporte de materiales valorizables a gestores autorizados para su reciclaje o reutilización; la búsqueda de posibles aplicaciones para las tierras obtenidas y la eliminación controlada de residuos no valorizables, garantizando su disposición en vertederos autorizados con el menor impacto ambiental posible.
