Valencia
El balance anual del Síndic de Greuges, el equivalente al 'defensor del pueblo' en la Comunidad Valenciana, no podía dejar de lado el acontecimiento que ha marcado la historia de Valencia en 2024: la tragedia provocada por la DANA. Ángel Luna, durante muchos años diputado socialista y actual Síndic, aseguró durante la presentación que el desastre ha puesto de manifiesto el "fracaso" de las administraciones a la hora de garantizar la protección del derecho a la vida.
El responsable de recopilar y dar respuesta a las quejas de los ciudadanos valencianos también reprochó la "falta de colaboración, coordinación y cooperación" a "todas las administraciones" y ha denunciado las condiciones "difíciles" en las que se mueve el proceso de reconstrucción precisamente por la polarización política existente.
Según Luna, "la capacidad de protección de las personas y bienes es uno de los elementos que caracterizan y diferencian un Estado y una administración avanzada, desarrollada y moderna de un Estado y una administración antigua e incapaz de proteger a sus ciudadanos ante una situación de catástrofe".
Por eso cree que "no cabe duda de que, con la DANA, nosotros no hemos pasado la prueba". "No podemos presumir de estar entre los Estados avanzados que reaccionan de manera preventiva y eficaz", ha sostenido, para advertir de que esto es "lo más grave", puesto que el "primer derecho a proteger es la vida".
Responsabilidades
Sobre lo ocurrido ese día y la gestión de la emergencia, el Síndic aseguró que "hay una actuación judicial en marcha y no voy a interferir, pero sí que digo que hubiera debido haber investigado situaciones porque creo que hay responsabilidades que incumben a autoridades autonómicas claramente", ha sostenido.
El cargo autonómico señaló que el Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat recoge que "corresponde a la Generalitat la dirección del mismo en situaciones de emergencia 0, 1 y 2" y que el director de la emergencia es "la persona titular de la conselleria" de este ramo, que es "a quien corresponde determinar la información que debe facilitarse a la población en relación a la situación de emergencia".
"Es una lectura literal, no es mi opinión, es lo que dice el Plan de Emergencias", ha zanjado. Preguntado por si, con todo ello, se ha referido a la actuación de la Generalitat, el Síndic de Greuges ha asegurado que, "evidentemente, la responsabilidad de la dirección de la emergencia es de quien es".
Ángel Luna ha subrayado que se trata de una "cuestión de comportamientos" y de "relaciones entre responsables políticos de diferentes niveles". "Nos hemos dotado de un Estado compuesto, de un Estado autonómico compuesto con competencias a diferentes niveles. Y si en un Estado compuesto no hay colaboración, es un fracaso porque no hay otra alternativa. O colaboración o fracaso. Y el fracaso lo están empezando a tener los ciudadanos de manera muy clara", ha avisado.
Más de 50.000 expedientes sociales fuera de plazo
El informe anual de 2024 ha constatado un aumento "descomunal" de las quejas recibidas durante el pasado año 2024 en el ámbito de los servicios sociales, que rozan prácticamente la mitad (47,91 por ciento) del total de las gestionadas por la institución y crecen un 49% respecto al año anterior, con "especial atención" a las reclamaciones en materia de dependencia. También crecen exponencialmente (43%) las relacionadas con la transparencia, que sigue una "evolución deplorable".
De este modo lo ha expuesto este martes en rueda de prensa tras hacer entrega de su Informe Anual del ejercicio 2024 a la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó. En concreto, Luna ha informado de que durante el pasado año se ha experimentado un "incremento sustancial" de las consultas recibidas, "pero también" de las quejas, que han aumentado más de un 20% hasta las 4.770 frente a las 3.933 del año anterior.
Respecto a las materias de las quejas, el ámbito de servicios sociales lidera la clasificación con el 47,91% del total y pasa de 1.264 quejas en 2023 a 1.888 en 2024, un 49% más. Le sigue transparencia, con el 10,96% del total y 432 solicitudes frente a las 301 del año anterior.
En el ámbito de la dependencia, Ángel Luna ha lamentado que los datos son "tremendos", con una media de 170 quejas al mes --el año anterior se situaba en 70--, "por no hablar de la diversidad funcional", con "retrasos en el reconocimiento de derechos", lo que "vulnera las leyes" vigentes. Al respecto, ha apuntado que lleva pidiendo en los últimos años que se revisen estos procedimientos, pero ha criticado que hasta el momento "no se han hecho cambios".
De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, en el momento de redactar el Informe Anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000 en toda la Comunidad Valenciana. "Una cifra escandalosa", según Luna, que, dada "la gravedad" de esta situación, ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema, de la que se dará cuenta en el próximo informe.