La defensa de la exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha pedido que se archive la causa penal de la DANA y ha calificado de "absolutamente inadmisible que se seleccione como 'cabeza de turco'" por atribuirle la responsabilidad penal por los 228 fallecimientos producidos el 29 de octubre de 2024.
Asimismo, el letrado de Pradas insiste en que "no es verdad que existiera un 'mando único' sino un organismo, el CECOPI, cuya naturaleza es la de órgano complejo constituido por representantes de diversos organismos a fin de contribuir a la toma de las decisiones; existía un comité dual de dirección, integrado por la exconsejera Salomé Pradas y la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé)", afirmando que las competencias y por tanto, la responsabilidad de los fallecimientos, correspondería a ambas.
Sin embargo, la jueza de la causa ya aclaró el pasado mes de febrero que "asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal".
Pradas también hace referencia a la responsabilidad estatal e lo sucedido, y no únicamente de la Generalitat, puesto que organismos dependientes del estado como la "Delegación del Gobierno, la AEMET y la Confederación del Júcar" también jugaron un papel clave durante la DANA.
Además, la defensa sostiene que "no fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores", provocando más destrozos y apuntando a que se trata del "origen principal de la tragedia".
