
A pocos días de que el Foro Económico Mundial celebre su cita anual en la localidad suiza de Davos, el organismo ha publicado la nueva edición de su 'Informe sobre el Futuro de los Trabajos', una panorámica de los desafíos que los mercados laborales de todo el mundo afrontarán en los próximos cinco años. El apartado dedicado a España sorprende por su énfasis en una receta política laboral: una "mayor flexibilidad para establecer los salarios". Un 49% de los empleadores defiende esto último, frente al 38% de la media global. El de España es el mayor peso de todos los países analizados, después de Zimbabue.
El 'Future of Jobs Report', un estudio que este organismo publica cada dos años, retrata el impacto de la transformación tecnológica y económica en los puestos de trabajo, así como las reformas necesarias para afrontarlos. Para ello, en su última edición, ha entrevistado a las 1.043 principales empresas de 55 países del mundo que engloban un total de 14,1 millones de empleados.
En el caso de España, el análisis destaca que se espera que el aumento de las inversiones en descarbonización, la ampliación del acceso a la digitalización y el aumento del coste de la vida sean los factores determinantes del mercado laboral en España durante el periodo 2025-2030. Además, un 95% de las firmas se verá afectada por la llegada de la IA.
Entre los principales obstáculos a la transformación percibidos por los encuestados se encuentran las carencias de competencias de los trabajadores, por encima del "marco normativo" y la "resistencia al cambio y las culturas organizativas".
Para hacer frente a lo que el Foro denomina "retos de disponibilidad de talento", es decir, los problemas de falta de mano de obra a través de políticas públicas, el 60% de los empleadores en España aboga por una "mayor flexibilidad en las prácticas de contratación y despido" y el 49% en la fijación de salarios. El Gobierno por encima del "marco normativo" y la "resistencia al cambio y las culturas organizativas".
No son las principales reclamaciones, ambas se ven superadas por la demanda de una financiación pública para la reconversión y la mejora de las cualificaciones, que aparece en un 65% de las respuestas, mientras que la falta de oferta formativa llega al 56%. Además, otro 49% pide un cambio en la legislación del teletrabajo. Pero se trata de unos porcentajes similares a la media europea.
La preocupación por la recualificación de trabajadores es comprensible. Según el estudio, el 37% de los trabajadores tendrán que adaptar sus competencias clave. Es una tasa por debajo de la media global, del 39%, pero supone un problema en un país que está muy por detrás de su entrono en materia en uso de la formación profesional, pero también de recualificación de los trabajadores dentro de sus empresas.
El foco en los sueldos
Sin embargo, lo que sorprende es que la demanda relativa a los salarios se dibuja con una intensidad mucho mayor que en el resto de países europeos. La flexibilidad salarial, de hecho, ni aparece entre las cinco principales demandas del conjunto de Europa. A nivel individual, en el Viejo Continente solo las mencionan, además de España, Alemania (36%), Bélgica (44%), República Checa (41%), Hungría (46%) e Italia (37%).
A nivel global, la cuestión es aparece entre las prioridades en política económica para 19 países y cinco regiones. Entre las naciones, España solo se ve superado por Zimbabue y entre las regiones por el Sudestes Asiático, ambas con un 50%. Además, empata con Asia Oriental, aunque a nivel nacional queda por detrás de las grandes economías de esta región (Japón, Corea del Sur y Hong Kong).
¿A qué se refieren las empresas con la "flexibilidad para establecer salarios"? La idea no se limita a países con un alto intervencionismo estatal, también aparece en aquellos con un elevado peso en la negociación colectiva centralizada. Los acuerdos entre grandes patronales y sindicatos a nivel sectorial limita la capacidad de las empresas de pactar con sus trabajadores las condiciones salariales, pero también adaptarse cuando el ciclo económico es negativo.
SMI y reforma laboral
Cabe preguntarse por qué esta cuestión preocupa tanto en España, donde la negociación colectiva vive un momento 'pacífico' tras la firma del V Acuerdo de Negociación Colectiva hace dos años y el 'intervencionismo' estatal se limita a fijar el salario mínimo interprofesional? Hay dos claves que pueden explicar el dato.
En primer lugar, el SMI ha subido un 54% desde 2028 y, si se cumple as previsiones, lo hará en torno a cuatro puntos adicionales en 2025. Un ritmo al que muchas pequeñas empresas no han podido adaptarse.
Además, la encuesta se produce tres años después de que la reforma laboral de 2021 limitara la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales en o referido a la cuantía del salario base y complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Un cambio pactado por el Gobierno, las patronales y los sindicatos que vacía de contenido una de las medidas claves de la anterior reforma, la de 2012, que reforzó el poder de las empresas para negociar sus propias condiciones, una a una.
Esto se ha traducido en una presión salarial al alza para las compañías. El 54% de las empresas españolas prevén dedicar un mayor porcentaje de sus márgenes a los salarios, frente al 52% de la de la media global, y un 41% mantenerlos. Lo que el Foro llama "el coste de la vida" pasa factura a los empleadores
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