Las personas que se apuntan al SEPE sin contar como parados se disparan un 40% desde la pandemia

Los datos de paro de paro registrado del mes de agosto reflejan un retroceso interanual del 4,8%, hasta los 2,57 millones de personas. Pero también revelan una evolución en la dirección opuesta protagonizado por aquellos que se inscriben en los servicios públicos de empleo para encontrar un trabajo, pero no cuentan como desempleados. Se han incrementado un 8%, hasta los 1,57 millones y marcan una cifra histórica. Esta tendencia se explica por los fijos discontinuos inactivos, pero también por el repunte de aquellos demandantes con "disponibilidad limitada", cuya búsqueda de empleo se produce en condiciones afectadas por los problemas de conciliación y acaban excluidos de la clasificación 'oficial' como desempleados.

El comportamiento tan diferente de los demandantes parados y no parados ha encendido el debate sobre la fiabilidad de las estadísticas de empleo tras la pandemia, lo cual tiene lógica si se tiene en cuenta que desde agosto de 2019 el paro registrado ha bajado en 493.683 personas (un 16,1%) y la suma de los demandantes 'ocupados' o con disponibilidad limitada han crecido en 447.228, un 39,6%.

Esto lleva a un relativo 'estancamiento' en el número total de demandantes en los últimos años. En agosto de 2019 sumaban 4,4 millones, pero en el pasado mes se mantenían en 4,36 millones. Para entender esta evolución hay que remontase a 2020.

Los ERTEs impulsados para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria dispararon entre 2020 y 2021 el número de demandantes de empleo con trabajo (ya que el SEPE compensaba con prestaciones por desempleo los salarios de los trabajadores de empresas que habían tenido que echar temporalmente la persiana por los confinamientos). La recuperación de la actividad diluyó por completo este efecto hacia 2022, para dar paso a otro factor que ha centrado la polémica en los dos últimos años y medio: la reforma laboral.

El peso de los fijos discontinuos

La apuesta por los fijos discontinuos para sustituir a los temporales elevó el número de personas con este tipo de empleo que pasan a la inactividad hasta que su empresa vuelve a llamarle. Una situación en la que no trabajan ni cobran salario y son dados de baja de afiliación a la Seguridad Social al no cotizar, pero no cuentan como parados registrados a efectos de las estadísticas del SEPE, ya que el contrato sigue vigente.

En ese caso se les engloba dentro de los demandantes ocupados con relación laboral, un grupo que ha aumentado notablemente desde la reforma laboral, mientras que el resto de los demandantes ocupados (que incluyen a los afectados por ERTE pero también a aquellos que sí trabajan, pero recurren a un servicio público de empleo para buscar otro trabajo) han ido perdiendo protagonismo en las cifras.

Los datos publicados este martes por Trabajo son un avance y no desglosan entre demandantes ocupados propiamente dichos y cuáles solo tienen una 'relación laboral', ni mucho menos cuántos de estos últimos son fijos discontinuos, pero la evolución tras el cambio legal no deja lugar a dudas: aunque la comparación con lo ocurrido en 2020 y 2021 no es posible (por el mencionado efecto de los ERTEs) si nos remontamos al último años comparable, 2019, se ve un repunte excepcional de los demandante ocupados, del 35%, hasta los 1,23 millones. En ese lapso, el paro ha retrocedido en un 16,1%.

Trabajo defiende que la clasificación de los colectivos de demandantes considerados o no parados es la misma desde 1985 y los fijos discontinuos inactivos siempre han sido considerados 'ocupados con relación laboral'. Esto es cierto, pero la negativa del Ministerio a dar las cifras (pese a que su titular, Yolanda Díaz, se comprometió a hacerlo hace más de año y medio) impide conocer su impacto actual en las cifras.

La conciliación: la clave inesperada

A ello se suma que los demandantes de empleo no ocupados (DENOS) pero que no son considerados parados registrados también ha retrocedido y se sitúa en su mínimo histórico para un mes de agosto, con apenas 190.000. Una evolución en la que el Gobierno ve una prueba de la mejoría del empleo al margen de supuestos 'maquillajes': los desempleados excluidos de la definición estándar también se reducen, Pero muchos expertos achacan este descenso a un trasvase de los trabajadores agrarios beneficiarios de ayudas y subsidios sectoriales, como el antiguo PER, ahora trabajan bajo la figura de un contrato fijo discontinuo.

Pero en este debate ha pasado inadvertido otro colectivo de demandantes de empleo: aquellos con disponibilidad limitada o que "demandan empleos específicos" y que han alcanzado su récord tras dispararse un 55% desde 2019, con 344.000 en el pasado mes de agosto.

Esta es una categoría amplia que incluye varios supuestos, como los parados y demandantes de empleo que hacen cursos de formación. Un matiz que alimenta la tesis de un supuesto 'maquillaje', pero este argumento presenta un problema: si cada vez hay menos parados, no tiene sentido que los que pasan a hacer formación en 2024 superen en número a los que había en la crisis financiera.

Una explicación alternativa, que, como veremos, viene avalada por otras estadísticas, es que cada vez más personas se apuntan al paro buscando empleos en unas condiciones especiales, como horarios de fines de semana o teletrabajo; o que piden ayudas para el autoempleo desde casa. Muchas de ellas advierten al inscribirse en las oficinas de empleo de que su disponibilidad para incorporarse a un puesto (o un curso de formación) es muy limitada por sus circunstancias personales. Aunque esto le suponga no contar como parados ni percibir una prestación por desempleo.

La cuestión de hasta qué punto esto lastra la búsqueda de empleo queda oculta bajo la polémica de las distorsiones introducidas en las estadísticas de empleo por la reforma laboral. A pesar de que es un problema con un evidente sesgo de género: el número de estos inscritos con disponibilidad limitada que son varones se ha incrementado un 39% desde 2019. Pero entre las mujeres lo ha hecho en un 72%. Aun así, que a pesar de estas dificultades estas personas se animen a buscar empleo es una buena noticia porque apunta a una mayor confianza en el mercado laboral.

Esta hipótesis tiene un reflejo en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que refleja que las personas que buscan empleo pero no están disponibles para empezar a trabajar inmediatamente (por lo que no se consideran parados para el INE), se han disparado un 38,3% desde 2019, hasta superar las 320.000, mientras los desanimados (que quieren trabajar peor no buscan empleo ) han caído un 8%.

La evolución de estos dos colectivos (que forman parte de la conocida como 'holgura laboral') apuntan a una 'reactivación' de personas que no trabajan, en línea con el descenso del paro 'propiamente dicho', cuya definición se limita a aquellos que buscan activamente empleo y están disponibles para trabajar en el momento. Pero, como confirman los datos del SEPE, muchos de ellos se encuentran con el lastre de la dificultad para conciliar.

Una situación similar se aprecia entre los ocupados: desde 2019, el porcentaje de personas dispuestas a trabajar menos horas con una reducción de sueldo se ha elevado dos puntos, del 3,1% al 5,1%. Un escenario en cualquier caso que conviene analizar en el marco de un diseño eficiente de las políticas de empleo que responda a una realidad del mercado de trabajo que las estadísticas públicas no recogen quizá con la amplitud necesaria para construir el mejor diagnóstico.