España pierde el tren de la inteligencia artificial para encontrar trabajo a sus parados

Los servicios públicos de empleo afrontan el desafío de colocar a casi 2,6 millones de parados y atender a otros 1,6 millones de demandantes de empleo, pero no muchos confían en que puedan lograr este objetivo: De hecho, solo un 19,1% de los desempleados recurre a ellos para buscar trabajo. Hay muchas explicaciones a esta decepción, aunque una de las más citadas es el déficit de recursos para atender a una cifra ingente de personas. Esto hace que cada vez más se mire hacia las posibilidades de las nuevas tecnologías. Pero un reciente informe de la OCDE confirma que nuestro país también se está quedando atrás a la hora de aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para que las denominadas "oficinas de paro" sirvan de verdad para encontrar trabajo.

Pero, ¿por qué se produce este retraso? Los propios profesionales del sector en España tienen una idea clara de la raíz del problema. Según los primeros resultados de una investigación elaborada por la Fundación Ergon los expertos señalan a cuatro factores clave: el marco legislativo, la deficiente colaboración público- privada, los excesivamente burocratizados procesos de gestión y la escasa capacidad de estos organismos de adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Ello a pesar de que todo el mundo, incluidos las instituciones internacionales, advierten de que su papel es crucial.

Las oportunidades que abre la inteligencia artificial han sido analizadas por la OCDE en un informe bajo el significativo título de "Un nuevo amanecer para los servicios públicos de empleo". Pero la comparativa que realiza entre varios países no deja muy bien a España: nuestras oficinas de empleo solo utilizan esta tecnología para automatizar la clasificación de la ocupación de los puestos de trabajo en las vacantes de las empresas registradas. La utilidad de este programa es dudosa: las estadísticas del SEPE revelan que en junio las empresas solo comunicaron 49.000 vacantes a los servicios de empleo, pese a que en el mismo mes se registraron 1,7 millones de colocaciones. Dato que ilustra hasta qué punto las empresas tampoco confían en la intermediación pública para encontrar trabajadores.

Las comunidades autónomas tienen la competencia de gestionar y atender las demandas de empleo (las políticas activas), mientras que el SEPE gestiona ayudas a los desempleados, prestaciones y subsidios por desempleo (las políticas pasivas). Pero esto no significa que el Ministerio de Trabajo no tenga responsabilidad en esta situación. De hecho, ha aprobado una profunda reforma legal del sistema para mejora su eficacia, aunque su implementación sigue lejos de dar frutos.

El Gobierno ha enfatizado su apuesta por la inteligencia artificial, pero su aplicación concreta en la administración sigue siendo dudosa. En los planes esbozados por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se habla de usar las nuevas tecnologías, pero la OCDE es tajante: su análisis no se centra en proyectos ni promesas, sino en lo que se está aplicando ya. Y en ese ámbito, España está llegando tarde.

Ello a pesar de que el uso de la inteligencia artificial en sus diferentes variables es aún limitado en la mayoría de los países analizados. Pero la apuesta del nuestro, pese a tener la tasa de paro más alta de todos los casos estudiados, es la más tibia, Y se sitúa a una enorme distancia de Francia, el país con las oficinas de empleo más avanzadas en este ámbito. France Travail, que podría considerarse el equivalente al SEPE español, aprovecha las posibilidades tecnológicas en todo tipo de funciones, desde el diseño de perfiles de cada parado, asesoría personalizada, o la recopilación de información sobre el mercado de trabajo, pasando por el depurado de posibles sesgos introducidos por la propia inteligencia artificial.

También actúa en uno de los puntos débiles de los servicios españoles: el encaje entre vacantes y demandantes de empleo. De hecho, el portal público de empleo francés registra un 'stock' de un millón de ofertas de trabajo. Su equivalente español (Empleate.gob.es) apenas supera los 62.000.

Pero incluso los países con un uso más moderado de estas tecnologías, como Alemania, se centran en cuestiones clave como reducir la burocracia en la gestión de prestaciones y ayudas para evitar fraudes y errores y mejorar la información sobre el mercado laboral. Incluso Grecia utiliza ya 'chatbots' para comunicarse con los desempleados.

Los expertos advierten de que su papel será crucial

Aunque más allá de las soluciones concretas, todos los planes se centran en tres áreas: identificar tendencias y necesidades del mercado laboral, apoyar procesos de orientación o mejorar el encaje entre perfiles y ofertas de empleo. Los servicios públicos de empleo españoles solo utilizan tecnologías clasificables como inteligencia artificial en el último bloque, y además muy tangencialmente al limitarse a clasificar las ofertas.

Estos son también los tres pilares en las que coinciden los expertos en políticas de empleo en nuestro país, según los resultados preliminares de una investigación desarrollada por la Fundación Ergon, cuyos primeros hallazgos fueron presentados esta semana en Madrid.

Las advertencias recopiladas inciden en que la inteligencia artificial puede permitir la automatización y eficiencia mejorada en el procesamiento de datos y la evaluación del impacto de las políticas actividades de empleo, ya que tiene la capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y prever tendencias del mercado laboral. Esta capacidad de análisis de datos es crucial "para personalizar programas de formación y orientación" al tiempo que optimiza recursos y reduce la burocracia.

Esta cuestión es especialmente llamativa cuando los Planes de Fomento del Empleo Digno presentados en el marco ponen el foco el diseño de perfiles e itinerarios "personalizados" para cada parado, un compromiso reiterado en la reforma de los subsidios de empleo, centrada en los beneficiarios de 52 años.

En el marco de este plan, el Gobierno anunció que impulsaría la contratación directa de 7.000 orientadores profesionales, cifra que puede elevarse hasta 30.000 si se incluyen los empleados por comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas privadas. Y aunque considera que la experiencia de esta red de profesionales es "positiva" no ha aportado cifras sobre sus resultados.

Los expertos inciden en que la IA debe integrarse con la "supervisión humana" para asegurar decisiones "informadas y éticas". Es decir, debe considerarse una "herramienta de apoyo" para actuar en función de "datos objetivos y análisis predictivo". Por ello insisten en regular su uso para garantizar que no se produzcan abusos ni sesgos, "manteniendo siempre el equilibrio entre la automatización y el juicio humano". Pero estos riesgos no deben utilizarse como excusa para impedir su uso.