Economía

Los despedidos llaman cada vez más a las puertas del SEPE y elevan un 16% la demanda de prestaciones

Foto: EP

La evolución al alza de los despidos individuales desde la reforma laboral está afectando directamente a las prestaciones por desempleo. El pasado mes de mayo, 335.591 personas la percibían por esta causa, un 15,6% más que hace un año y un 42% respecto al mismo mes de 2022. Aunque esta cifra solo recoge a los que han cotizado lo suficiente para pedir el paro, es el principal factor que explica que la demanda y el cobro de prestaciones contributivas haya subido un 6% en el último año cuando el paro registrado ha retrocedido un 4,8%.

La cifra es la más alta desde 2017 y supera incluso los 334.423 beneficiarios por esta causa registrados en en mayo de 2020, en pleno epicentro de la pandemia. Por su parte, los afectados por despidos colectivos bajaron hasta los 18.180 desde los 25.235 anotados un año antes, lo que supone un descenso del 28%, en consonancia con el descenso de los EREs registrado en los últimos meses.

Los despidos individuales se confirman, así como la primera causa de derecho a una prestación contributiva, superando a los que la perciben por la "finalización de la relación de carácter temporal" (categoría que incluye a contratos temporales, fijos discontinuos que pasan a la inactividad e interinos cesados). Esta tendencia, que ya se detectó en mayo de 2023, se explica por el retroceso de la contratación eventual, aunque también apunta a una mayor caducidad de los empleos indefinidos ordinarios.

El 67% de los beneficiarios, 225.934, habían recurrido su despido en el momento de solicitar la prestación, lo que confirma algo que ya revelan los datos de bajas de afiliación: la mayoría de los despidos se declaran como disciplinarios, sin indemnización (aunque sí con derecho a prestación) y obligan al trabajador a reclamar una compensación, abriendo un proceso legal que sigue en marcha cuando empieza a cobrar el paro. Se han elevado un 17% en el último año.

Por su parte, los despidos por causas objetivas suman 104.114, un 13% más que en 2023. Estas dos son las únicas causas de despido individual que han aumentado. El resto, como las derivadas de actos de conciliación y sentencias judiciales se han reducido, si bien esto se puede explicar por la lentitud de los trámites legales y no por una caída de los despidos.

No todos tienen derecho a paro

Lo que sí crecen los parados que cobran la prestación por no superar el periodo de prueba. Repuntan un 8%, aunque su número es reducido: 29.866. Hay que tener en cuenta que se trata de empleos de muy corta duración que no generan derecho a paro, aunque esto también se aplica a muchos despidos.

Esto sirve para matizar la comparativa de los datos del SEPE con las de otras estadísticas que analizan los ceses, como las bajas de afiliación a Seguridad Social o la Estadística de Despidos y su coste que publica el Ministerio de Trabajo, que arrojan cifras superiores: muchos ceses no dan derecho a paro. Lo mismo ocurre con los contratos temporales: aunque generan menos prestaciones que los despidos envían a muchísima más gente al desempleo por motivo de su finalización.

En cualquier caso, el auge de los despidos tiene consecuencias en el gasto en prestaciones. El número de beneficiarios del conjunto de prestaciones por desempleo ha crecido un 1,5% en el último año, pero el incremento reposa en los del nivel contributivo, que han crecido un 6%, impulsados por los despedidos que la solicitaron. Los subsidios (que suponen la mitad de las prestaciones) se han mantenido congelados con un leve repunte del 0,7%, mientras el resto de ayudas ha descendido.

Aunque el impacto presupuestario depende de lo que hayan cotizado estos nuevos parados, en su mayoría indefinidos, antes de perder su empleo. A esto se suma el importante repunte de beneficiarios de prestaciones contributivas que no son parados tras la reforma laboral. Es decir, los fijos discontinuos, que están distorsionando métricas como la de la tasa de cobertura de la protección por desempleo.

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