España insiste en traer más inmigrantes cualificados cuando 'desperdicia' al 56%

Las dificultades para encontrar mano de obra han reactivado en los últimos años la petición por parte de las empresas de atraer inmigrantes de mayor cualificación. Esta idea ha calado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya titular, Elma Saiz, está trabajando en flexibilizar los requisitos que permiten la contratación de estos profesionales de países de fuera de la Unión Europea o incluso 'robárselos' a otros países miembros. Pero este plan choca con la realidad que se encuentran estos trabajadores preparados al llegar a nuestro país, donde arrastran una tasa de sobrecualificación del 56%, es decir, de empleos en categorías muy por debajo de las que les corresponde.

La idea de Saiz parte de un diagnóstico sobre la falta de mano de obra que no todos comparten, ni siquiera en el seno del propio Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no le ve mucho sentido a esta estrategia cuando la tasa de paro de las personas que viven en España aún se mantiene en el 12% (de los que una quinta parte son extranjeros).

Los sindicatos, por su parte, consideran que la petición para atraer inmigrantes que lanzan las patronales CEOE y Cepyme solo busca aliviar la presión salarial que la falta de trabajadores provoca en varios sectores y no responde a una verdadera necesidad de trabajadores.

El fracaso de la apertura de catálogo de ocupaciones de difícil cobertura (una herramienta burocrática para permitir la contratación en origen en sectores donde no se encuentran trabajadores) a puestos en la construcción, que en su primer año se tradujo en 250 trabajadores foráneos para unas vacantes que el sector estima en 700.000, parecen dar la razón a estos argumentos.

Sin embargo, desde Migraciones se critica la complejidad burocrática de este tipo de mecanismos lo que disuade a las empresas de aprovecharlos y lleva a que mucho de ese talento acabe en otros países europeos que sufren problemas de falta de mano de obra con una intensidad mucho mayor que el nuestro. Aunque los datos apuntan a que el problema no tiene tanto que ver con la burocracia como con la falta de oportunidades adecuadas.

Un reto demográfico

España es uno de los países con menos vacantes, apenas 47 por cada 1.000 parados a cierre de 2023, algo que parce coherente con el hecho de que somos también el país con la mayor tasa de paro de los Veintisiete. Pero las grandes economías como Alemania registran más puestos por cubrir que desempleados. Esto les convierte en un motor que atrae a profesionales cualificados, menos restringidos además por la cuestión idiomática, que siempre ha sido una de las supuestas fortalezas de la economía española.

La preocupación de Saiz difiere de la de las patronales en este punto: el problema no es la falta de mano de obra, sino la pérdida de competitividad de España para atraer inmigrantes que ocupen mejores empleos. Aunque tras la pandemia el empleo extranjero ha repuntado con fuerza, el problema es que lo hace en trabajos que requieren baja cualificación y con unas condiciones laborales más volátiles, como la hostelería. Y esto hace que esas personas no se establezcan definitivamente en España ni formen una familia, una cuestión demográfica clave para la también ministra de pensiones.

Solo el 27% de los inmigrantes de fuera de la UE entre 25 y 64 años que viven en España tiene una titulación superior, una de las tasas más bajas de los Veintisiete por detrás de Croacia, Italia, Grecia y Eslovenia (aunque no muy lejos de Alemania, donde llegan a 29,8%). Contrasta con el 40,4% de los españoles, 19 puntos más. Pero prestemos por un momento atención a este diferencial: es el segundo más alto de la Unión, solo superado por Eslovenia.

Esto tiene un impacto directo en los salarios y los ingresos por cotizaciones que generan (otra cuestión que preocupa a Saiz). La base media de cotización de los extranjeros extracomunitarios, es decir, la remuneración total sobre la que se calcula su aportación a la Seguridad Social, se situaba a cierre de 2023 en 1.570,68 euros, un 29,1% menos que la de un español, que alcanza los 2.216 euros. Un problema cuando se trata del 66% de los cotizantes foráneos viene de fuera de la UE (principalmente Marruecos, Colombia y Venezuela).

Más expectativas para el talento

Los datos confirman que España atrae profesionales con menor nivel de cualificación que la gran mayoría de nuestros vecinos y muy por debajo de los nacionales. Esto, a priori, alienta la idea de que para mejorar estas tasas hay que facilitar que las empresas puedan ir a terceros países a contratar directamente trabajadores cualificados. Sin embargo, este análisis no tiene en cuenta la situación que atraviesan los inmigrantes cualificados que ya están en España.

Y es que registran una tasa de sobrecualificación del 56%, frente al 34,4% de los nacionales y el 42,3% de los ciudadanos de otros países europeos. Es decir, más de la mitad trabajan en puestos por debajo de la categoría profesional que les correspondería por su titulación. Solo Grecia (69,6%) e Italia (64,1%) tiene una tasa mayor a la española, que supera en casi 25 puntos porcentuales la alemana (31,3%).

Eso cuando encuentran empleo, porque su tasa de ocupación es 12 puntos inferior a la de los españoles, un desfase que apunta que la nacionalidad es un problema mayor que la cualificación para trabajar en nuestro país.

Este decalaje ilustra el déficit de gestión de talento y explica que las medidas para flexibilizar la contratación de estos trabajadores no despeguen: las ofertas de trabajo cualificado son escasas y otros países europeos ofrecen mejores oportunidades. Y no solo a los ciudadanos foráneos, también a los inmigrantes de otros países europeos.

De hecho, solo un 34% de los inmigrantes con titulación superior ocupa puestos en las categorías profesionales asociadas a esa cualificación, el porcentaje más bajo de la UE después de Italia. Alemania, por su parte, anota un 51,4%, aunque otras grandes economías como Francia (54,3%) o Países Bajos (60%) lo superan.

Ante estos datos, facilitar los trámites burocráticos se antoja una medida de eficacia limitada para que España pueda competir en la 'guerra por el talento' desatada en Europa, donde el envejecimiento de la población activa ha disparado la demanda de profesionales cualificados.