España será incapaz de bajar su deuda y su déficit acorde a lo que dice Bruselas en al menos un lustro

España tendrá un déficit por encima del 3% y una deuda que no bajará del 100% del PIB. Así lo ha informado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Monitor Fiscal. En concreto, la deuda española irá disminuyendo muy paulatinamente del 106,3% del PIB este año hasta situarse en el 104,2% en 2029. En cuanto al déficit, prácticamente se mantendrá estancado durante el próximo lustro. Está previsto que del 3,6% de este año pase al 3,1% el próximo ejercicio y así se mantendrá en los próximos cinco años.

El año que viene, está previsto que la Comisión Europea vuelva a activar el Pacto Fiscal en el que establecen un objetivo de déficit para los países miembros por debajo del 3% del PIB y una deuda que sea inferior al 60% del total de la economía de los países.

El año pasado, según los datos presentados por el Gobierno, la deuda de España estuvo situada en el 107,7% del PIB y el déficit cerró en el 3,6% del PIB.

En líneas generales, el FMI asegura que los déficits de las economías avanzadas (excluyendo EEUU) aumentaron en 0,6 puntos porcentuales hasta el 2,1% del PIB de media durante el año 2023. Esto se debe, según apuntan en el informe, a que los efectos de los cambios en los tramos del IRPF fueron bajando a medida que se corregía la inflación.

Por otro lado, resalta que los gobiernos "no eliminaron por completo los subsidios y transferencias para mitigar el impacto de los shocks de los precios de la energía" a pesar de que los precios energéticos cayeron en picado el año pasado y por eso siguieron creciendo. A esto se añade que hay gobiernos que todavía continúan con medidas de apoyo relacionadas con la pandemia a día de hoy, lo que lastra las sendas fiscales de corrección.

En el caso de España, el Gobierno aprobó a finales del año pasado la prórroga del grueso de las medidas en respuesta a la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Próximo. En concreto, todavía están vigentes este año los descuentos del 50% en el transporte urbano e interurbano y la reducción del 30% del transporte a los viajeros recurrentes a las comunidades autónomas y entidades que se comprometan a elevar, al menos, las rebajas a la mitad. A esto se suma la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia titularidad del Estado.

También prolongaron hasta el 30 de junio el IVA al 0% de los productos de primera necesidad y el impuesto indirecto al 5% de otros productos básicos como la pasta o el aceite. Además, el IVA de la electricidad y el gas estuvo al 10% en los tres primeros meses del año. Sin salir de la energía, el Impuesto Especial de la Electricidad sigue durante este primer semestre en el tipo reducido: el primer trimestre era del 2,5% y ahora se mantiene en el 3,8% hasta junio.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno aseguró lo siguiente al respecto: "Todas las medidas tributarias o de otros ámbitos para mitigar los efectos de la inflación supusieron un coste de 46.000 millones de euros en favor de familias y empresas. Esto sirvió para situar el IPC de febrero en el 2,8%".

En este sentido, las previsiones del FMI apuntan a que las economías desarrolladas (entre las que está España y el resto de la UE) "reanuden sus actividades de consolidación fiscal den 2024" lo que hará que los déficits disminuyan de media un 1,7%. "La mejora depende fundamentalmente de la eliminación gradual de las medidas de apoyo a la energía y otras medidas de apoyo de la era de la pandemia", recalcan.

Las previsiones de la entidad apuntan a un ajuste gradual a medio plazo, por lo que esperan que ese ajuste se acerque a una caída del 0,3% del déficit en 2029 de media entre las economías desarrolladas.

La deuda de las economías avanzadas cayó, de media, un 102% sobre el PIB en el año 2023 y se prevé que caiga "modestamente en el medio plazo" hasta el 100% del PIB para 2029. Aun así, avisan que el envejecimiento de la población y los desajustes en el mercado laboral "ejerzan todavía más presión sobre las posiciones fiscales".

En este sentido, España está acusando la falta de dinamismo que sufrió el mercado laboral durante la crisis financiera de 2008 a 2015, que provocó que las profesionales de alto valor añadido buscasen su porvenir laboral en otros mercados. Trasladado a día de hoy, esto supone un problema de vacantes que las empresas no son capaces de cubrir debido a la migración de talentos en las posiciones demandadas.

España no será la más incumplidora

Lo cierto es que España no será la que más incumpla los objetivos marcados por Bruselas. De las grandes economías, Italia y Francia están en una senda muchísimo peor que la española.

María Jesús Montero reiteró en la presentación de las cuentas de 2023 que la Comisión Europea "confía plenamente en España porque, hasta ahora, ha cumplido" con los objetivos de déficit marcados por Bruselas. En este sentido, recordó que hasta septiembre la Comisión no exige a los estados miembros su plan estructural fiscal que acompañe a las nuevas reglas.

La titular de Hacienda reiteró que el "crecimiento robusto" que está experimentando España, junto con la mayor creación de empleo y, por tanto, una mayor amplitud de la base imponible de los contribuyentes, va a dar más holgura al Estado para seguir corrigiendo sus cuentas hasta llegar a ese déficit del 3% "sin hacer recortes".

En cambio, Francia será, sin duda, la gran incumplidora. Las estimaciones del FMI apuntan a que el mandato de Macron deja una herencia de una deuda que se irá expandiendo, pasando del 111,6% del PIB este año a cerrar 2029 en el 115,2%. En cuanto al déficit, los datos marcan que este ejercicio lo cerrarán en el 4,9% y se mantendrá estático a lo largo de los años entre el 4,3% y el 4,1% hasta que en 2029 consigan corregirlo mínimamente al 3,9%.

París está teniendo un enorme problema con el gasto público estructural y el FMI ya argumentó en su momento que tiene un gran margen de maniobra para mejorar la eficiencia de dicho gasto. Francia cerró el año con una deuda del 5,5% del PIB del país, cuando el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, se había fijado un objetivo del 4,9%. La deuda también sorprendió fuertemente al acabar el 110,6% del PIB, cuando las estimaciones de Bercy (así se le conoce al Ministerio de Economía y Finanzas) era del 109,7%.

La sorpresa vino por parte de los ingresos. Bercy se esperaba que el gasto público se comportase de esta manera, pero lo que Bruno Le Maire no se esperaba es que los ingresos fuesen más débiles de lo que ellos preveían. Tanto los ingresos procedentes del impuesto de sociedades como del IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social y el impuesto sobre la renta "han sido decepcionantes", aseguró la economista senior de Francia y Suiza de ING Economics, Charlotte Montpellier.

Italia, por su parte, verá incrementada su deuda del 139,2% este año hasta el 144,9% dentro de un lustro, según las estimaciones del FMI. Por su parte, el déficit se situará también por encima del 3% durante este período de cinco años.

Los técnicos del FMI argumentan que esto se debe al enorme impulso fiscal que han anunciado desde el Ejecutivo de Georgia Meloni conocido como el "Superbonus". Esta es una medida de desgravación fiscal que entró en vigor en 2020 y que se fue prorrogando a lo largo del tiempo hasta hoy. Consiste en una deducción del 110% de los gastos en la realización de mejoras de la eficiencia energética de las viviendas.

Marco Wagner, economista de Commerzbank, aseguró en una nota que la aplicación de esta 'macrobonificación' fiscal costó a las arcas públicas del país transalpino 107.000 millones de euros, es decir, más del 5% del PIB nominal del país.

Según explican en un artículo en el Real Instituto Elcano, la reforma del pacto fiscal que se acordó a finales del año pasado establece que, en el caso de que alguno de los objetivos (déficit o deuda) no se cumplan, se establecerá "una senda de ajuste fiscal hacia el equilibrio denominada 'trayectoria técnica' que se plasmará en unos 'planes nacionales fiscales estructurales a medio plazo' con una duración ce cuatro años".

La novedad con esto es que el ajuste hacia el equilibrio no va a ser homogénea, sino que se adaptará a la realidad de cada país que establecerá una negociación con la Comisión y con los Estados miembros. Posteriormente, deberá ser refrendado por el Consejo de la Unión Europea.

Pero esto no atañe solo a los incumplidores. En el caso de que un país miembro llegue a la senda fiscal marcada por Bruselas, deberá presentar un plan fiscal para el mantenimiento de dicho equilibrio, contando también con el apoyo técnico de la Comisión.