Economía

El FMI cree que subir el SMI puede ser "perjudicial" y pide que la reducción de jornada vaya con rebaja salarial

  • Apuntan a posibles "efectos perjudiciales" para el trabajo no cualificado
  • Defienden que la reforma laboral de Díaz consiguió acabar con "la dualidad" del mercado español
  • Critican la última reforma de pensiones por la falta de medidas que recorten el gasto
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este viernes que España necesita "relajar la protección del empleo" rebajando el despido y advierte de la necesidad de evaluar "cuidadosamente" los efectos que pueden provocar las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

La misión del FMI que visitó España concluye que la reforma del mercado laboral que se llevó a cabo en 2021 "consiguió bajar la tasa de temporalidad" en más de diez puntos, situándola en la media europea, pero advierten que todavía hacen falta "políticas adicionales" para conseguir mayor estabilidad estructural a nivel mercado de trabajo.

Los técnicos del FMI reiteran que esta nueva norma consiguió acabar con la dualidad del mercado laboral español, pero difieren en que su impacto sobre las transiciones del empleo "está menos claro" y por eso proponen en el medio plazo que "se relaje la legislación en materia de protección del empleo", incluyendo reducir la incertidumbre en torno a los costes del despido, con el fin de dar un incentivo a los empresarios para contratar de manera indefinida a los trabajadores.

Actualmente en España la indemnización por despido está en 21 días por año en el caso de los despidos procedentes y asciende a 33 días por año en el caso de que el cese de contrato sea improcedente por parte de la empresa.

Sin salir de la materia laboral, los funcionarios de la entidad apelan a un incremento de las cotizaciones en las prestaciones por desempleo para aquellos empresarios que tengan más rotación de personal lo que podría desalentar excesivas transiciones entre actividad e inactividad bajo los contratos fijos-discontinuos, que a su vez deberían estar sujetos a un monitoreo más preciso, mientras que restringir el uso de contratos temporales en el sector público, tal y como está previsto, también contribuiría a seguir reduciendo la tasa de temporalidad.

También abogaron por el refuerzo de las políticas activas de empleo y que se mejoren los incentivos para que las personas desempleadas acepten ofertas de empleo y así atajar el desempleo estructural que lastra al país.

Los técnicos señalan que la Ley de Empleo de 2023 "es un paso en la dirección correcta", pero consideran que, para lograr un progreso decisivo, habrá que reforzar los requisitos de activación e integrar mejor las políticas activas y pasivas de empleo mediante la convergencia hacia un modelo de "ventanilla única".

Por otro lado, apuntan que la salida del desempleo "se aceleraría" aumentando los incentivos para la aceptación de ofertas de empleo, tal como lo contempla la propuesta de reforma del subsidio por desempleo que pretende compatibilizar las prestaciones del subsidio con el ingreso laboral.

A todo esto advierten desde el FMI que en el largo plazo deberían crearse iniciativas en materia laboral "cuidadosamente diseñadas" para evitar que generen lastres tanto en el empleo como en el crecimiento.

El Salario Mínimo Interprofesional

El SMI subió en España más de un 50% en el último lustro y se sitúa en el 60% del salario medio, una meta que se marcó el Gobierno de coalición (PSOE-Sumar). Ante esto, la misión del FMI reiteró que cualquier subida adicional "debería tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales" que esto puede provocar en el empleo que no necesita cualificación.

En materia de reducción de jornada, en el FMI apelaron a la prudencia. "Si no se diseña correctamente, podría incrementar los costes laborales", advirtieron. Esto traería como consecuencia una caída de la producción y de los ingresos de los trabajadores en el futuro. Por eso abogan por hacer esta reforma con una "moderación salarial" y aplicar la negociación por convenios y no pasar el rodillo por todo el mercado de trabajo "para contener estos efectos adversos".

En el caso del sector público, hablan que la reducción de jornada debería ser en proporción a la brecha que hay entre las horas efectivas de trabajo y la norma legal propuesta.

En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró en una entrevista a elEconomista.es que tanto el despido como la reducción de jornada están siendo negociadas con los agentes sociales y todavía no se ha llegado a un acuerdo claro. Al mismo tiempo, anunció que volverán a retomar la reforma del subsidio por desempleo que no se pudo conseguir el año pasado en el Congreso.

Reforma de las pensiones

La institución dirigida por Kristalina Georgieva criticó que la última reforma de las pensiones, ya que los ajustes están basados en los ingresos. A largo plazo recomiendan que las reformas deberían estar acompañadas de mejoras en la eficiencia del gasto público y de políticas de ajuste que estén más orientadas a aliviar el aumento de la presión que ejerce sobre el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población.

En este sentido, insisten en la necesidad de hacer nuevas medidas que afiancen la sostenibilidad del sistema, para lo que la cláusula de salvaguarda instituida en 2023 "es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios".

"En caso de ser activada, deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales, que incrementaría los costes laborales y podría tener un impacto en el empleo", advierten los técnicos del FMI, para quienes podría considerarse la reducción de las tasas de reemplazo mediante una extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa.

Otra opción recogida en las declaraciones de la misión del FMI consistiría en seguir subiendo la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante acciones de espectro más amplio, como la reforma del subsidio por desempleo para trabajadores de 52 años o más, el refuerzo de las políticas activas de empleo (PAE) y la introducción de un crédito fiscal por trabajo para los empleados de bajos ingresos.

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