Especial 8M: una mirada económica
Economía sumergida, irregular, no observada, oculta, informal… La economía que se desarrolla al margen de las administraciones públicas recibe tantas denominaciones como consideraciones. Cuantificarla y comprenderla es una tarea ardua en tanto en cuanto ni siquiera existe una acepción única.
La definición más aceptada es que la economía informal abarca aquellas actividades remuneradas que siendo legales en cuanto a su naturaleza, son ocultadas de forma deliberada a las autoridades públicas. Precisamente, el matiz de actividades productivas legales es muy importante porque a menudo se considera que la economía sumergida procede de actividades poco éticas o ilegales y la realidad es que, en el mundo, el 60% de la población activa se gana la vida en la economía informal, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico), es decir, 2.000 millones de personas.
Las investigaciones han evidenciado que existe una clara relación entre los bajos niveles de PIB y los altos niveles de empleo informal. De ahí que, en aquellos países de rentas bajas, este tipo de empleo represente el 89% del total, mientras que en aquellas naciones con rentas medias-bajas y medias-altas es del 82% y 50%, respectivamente. En los países con rentas altas es el 16%. Como recuerdan desde la OIT, "para algunos, es una estrategia de supervivencia a la que recurren cuando no pueden acceder al trabajo formal; para otros, es una decisión intencionada e impulsada por intereses propios".
Obviamente, la economía sumergida, como indica la Comisión Europea, supone un importante perjuicio para los trabajadores porque tienen menos derechos, un menor acceso a la asistencia sanitaria, condiciones de trabajo precarias y posibles violaciones de los derechos laborales. Para las empresas, da lugar a una competencia desleal y para los Gobiernos conlleva una importante pérdida de ingresos.
De un simple vistazo, los hombres tienen un mayor peso en la economía sumergida que las mujeres a nivel global. A tenor de los datos de la OIT, para el 60% de ellos supone una fuente laboral frente al 55% en el caso de las mujeres. Ahora bien, esta es una visión demasiado superflua y que necesita matizarse para poder entender el verdadero alcance de esta actividad en las mujeres, ya que oculta disparidades importantes. De hecho, en el 56% de los países que analiza la OIT (82 territorios de 147), las mujeres tienen más representación en la economía sumergida.
Desde la pandemia, una parte de la recuperación del empleo puede atribuirse al empleo informal. Ante este panorama, el Foro Económico Mundial recuerda que de cada cinco empleos que han obtenido las mujeres, cuatro se han generado en la economía sumergida. Para los hombres, esta proporción es de dos de cada tres.
A este respecto, este tipo de empleo supone la principal fuente de sustento para ellas en los países en desarrollo. Como recogen los datos de ONU Mujeres, en Asia Meridional el 95% de las mujeres trabajadoras lo hacen en la economía sumergida. Porcentaje que en África Subsahariana y América Latina y el Caribe es del 89% y 59%, respectivamente.
Como muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en España sistemáticamente la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de pobreza de las mujeres es superior a la de los hombres lo que refleja que se trata de un problema estructural. En 2022 el 27,1% de las mujeres se encontraba en esta situación frente al 25,4% de los varones. Un riesgo especialmente elevado en las familias monoparentales. En el caso de las mujeres al frente de una familia monoparental, un 51% se encuentra desempleada o trabaja en la economía sumergida, según la Fundación Adecco.
No se puede entender la disparidad que se produce en un entorno ya desigual como es la economía sumergida sin ahondar en la educación. Según el análisis que ha realizado la OIT, un nivel educativo más alto va ligado a una menor probabilidad de acabar en el trabajo informal. Así, el 94% de los trabajadores sin estudios tiene un empleo irregular, mientras que el porcentaje en los que han cursado estudios primarios es del 85%. A este respecto, las mujeres con un nivel educativo bajo están más expuestas a la informalidad que los hombres con un nivel similar. Esta situación se revierte cuando las mujeres tienen educación secundaria o superior.
Así, los datos de Naciones Unidas atestiguan que dos terceras partes de los 774 millones de personas analfabetas que hay en el mundo son mujeres. Como apuntan desde ONU Mujeres, un sólo año adicional de enseñanza puede aumentar los ingresos en la etapa adulta de una niña en hasta un 20%.
Si bien la educación es esencial para todas las personas, en el caso de las niñas puede suponer una diferencia vital para su posterior trayectoria. Según Save the Children, si todas las niñas terminaran la educación secundaria, se evitarían más de 50 millones de matrimonios forzosos antes del año 2030 (a escala mundial, la tasa del matrimonio infantil de los niños varones equivale a tan solo una quinta parte de la de las niñas, según UNICEF).
Es un círculo vicioso: el matrimonio en niñas es una de las principales causas de abandono escolar en países en vías de desarrollo y, al mismo tiempo, las niñas que se encuentran fuera de la escuela están enormemente expuestas a ser víctimas de esta práctica y, por ende, de embarazos prematuros.
Respecto a este último punto, el 62% de los países no tiene una legislación que proteja explícitamente el derecho de las niñas a la educación en caso de embarazo, según UNICEF. Todavía hay cuatro países que prohíben el derecho a la educación de las niñas embarazadas, las madres jóvenes y las mujeres casadas.
El informe Fighting for a Future (Luchando por un futuro), de la ONG World Vision, detalla que una niña que vive en un país con bajas oportunidades educativas tiene un 60% más de probabilidades de ser una novia infantil que una niña que vive en un país con el nivel educativo más alto.
A nivel mundial, es el sector agrícola el que tiene un mayor porcentaje de informalidad (91%). Le siguen el trabajo doméstico (84%), la construcción (74%) y la hostelería (61%). Precisamente, varios de estos sectores están altamente feminizados.
En esta línea, casi el 45% de la fuerza laboral agrícola global es femenina, si bien, menos del 15% de personas que poseen tierras son mujeres. En este sentido, la agricultura sigue siendo el sector de empleo más importante para las mujeres en los países en vías de desarrollo. Como exponen desde Naciones Unidas, en los territorios de ingresos bajos más del 60% de las mujeres trabajan en este sector.
El empleo doméstico es otra de las mayores fuentes de economía sumergida y uno de lo más feminizados. La ONU declaró en 1988 el 30 de marzo como Dia Internacional de las Trabajadoras del Hogar. No obstante, la OIT no aprobó un convenio sobre el trabajo doméstico hasta 2011 en los que se establecían los derechos básicos para estas empleadas en cuanto a horas de trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. España no ratificó este convenio hasta febrero de 2023.
Una radiografía que da cuenta de la alta informalidad que asume el sector. De hecho, a nivel global, casi el 78% de las empleadas ejerce su actividad de manera informal, según la OIT. España es uno de los principales paradigmas. Más de 580.000 personas se dedican a este sector de las que más de un 90% son mujeres. No obstante, según Funcas, esta actividad representa menos del 2% del empleo regular en nuestro país. En otras palabras, un 30% de las empleadas trabaja en la economía sumergida.
La falta de oportunidades es una constante en las personas que desarrollan su actividad laboral en la economía sumergida, principalmente en el caso de las mujeres. La combinación de baja educación, salarios pobres y falta de cualificación perpetúa este círculo vicioso que, además, es intrageneracional.
La OCDE advirtió hace unas semanas que las niñas y niños que viven en hogares donde todos sus familiares trabajan en el sector informal tienen menos probabilidades de conseguir un empleo formal cuando crezcan. Esto se debe a que su asistencia escolar, desde la primaria, es inferior a la de menores con progenitores que trabajan en el sector formal: dedican menos recursos económicos y tiempo a su educación y las transiciones de la escuela al trabajo son más largas e inciertas para ellos.
Para acabar con esta dinámica, el organismo recomienda "brindar a los trabajadores del sector informal oportunidades más concretas de formación por cuenta del empleador y de acceso a programas públicos de desarrollo de competencias adaptados a sus necesidades. También es necesario que se les reconozcan las competencias adquiridas a través del trabajo informal".
Por otro lado, la OCDE subraya la importancia de que los Gobiernos sigan invirtiendo en una educación accesible, equitativa y de calidad, al mismo tiempo que deben esforzarse por prevenir el abandono escolar y facilitar la transición de la escuela al trabajo.
Otra solución, de manera paralela, es la protección social: "Los países deberían considerar una mejor inclusión de estos trabajadores en regímenes de protección social no contributivos, así como subvencionar su participación en regímenes contributivos, algo que debería verse como una inversión en la reducción de la pobreza".