Las principales organizaciones agrarias le pedirán la semana que viene al Gobierno que cree un observatorio específico para controlar las importaciones de terceros países y evitar así la competencia desleal en la entrada de alimentos de quienes no observan las mismas exigencias que la UE exige a sus estados miembros, y para evitar que entren en España productos que rivalizan con los que en nuestro país están en plena campaña de producción.
Las principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA, mantendrán las movilizaciones previstas para febrero y marzo, pese a señalar que en la reunión mantenida con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado jueves se produjeron avances.
El motivo, alegado es "falta de recorrido y de concreción" en algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno, como afirmó ayer Miguel Padilla secretario general de Coag, así como por el hecho de que algunas de las demandas del campo no se abordaran durante el encuentro. Una de ellas hace referencia al control de la competencia desleal de las importaciones por parte de terceros países. Para poner fin a este problema, las organizaciones agrarias pedirán la semana que viene la creación de un observatorio específico, tal y como reveló ayer Padilla.
"Al margen de las cláusulas espejo, nos parece un disparate que nada más comenzar la temporada de un producto, por ejemplo de cebolla, estas vengan de otros países. Esto ya tira los precios del productor y eso no se levanta en toda la temporada", subrayó el secretario general de Coag para justificar la necesidad de la puesta en marcha del citado observatorio. En este tema, dice, no han recibido ninguna propuesta, pese a que el ministro Planas hablara el jueves de "hacer un control más rigurosos de la importaciones de alimentos de fuera de Unión Europea (UE).
Con este observatorio, relata Padilla, "sería posible controlar cuánto entra, cuál es el contingente, y todos los datos que sean necesarios para controlar todos los productos que entran desde fuera. Y eso no existe". En Coag apuntaron también que las organizaciones agrarias se van a reunir la semana que viene con el subsecretario de Estado de Agricultura, Ernesto Abati, para pedirle modificaciones en el tema de los seguros agrarios en lo relativo a las tasas, los rendimientos y franquicias. "Creemos que están bastante desactualizados".
Padilla explicó también el campo español está a la expectativa sobre si el Gobierno español va suscribir la decisión de la UE de firmar o no el tratado de libre comercio con Mercosur, al que se opone, y que ahora solo rechaza claramente el ejecutivo francés. Esta incógnita se resolverá en la reunión que mantendrán los ministros de Agricultura el próximo 26 de febrero en Bruselas. Esta es otra de la razones, señalan en Coag, por las que el campo no desconvoca las movilizaciones previstas.
Por su parte, Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, coincide con Padilla en la necesidad de que exista la mayor información en torno a las importaciones de terceros países "y no haya solape con nuestras campañas y poder proteger a los productores".
Sobre Mercosur, Cortiñas cree que, dadas las circunstancias actuales, no cree que la Unión Europea lo vaya a abordar, pero sí considera importante que en este acuerdo se ponga especial atención preservar determinadas producciones. "Necesitamos más información y un estudio de impacto, porque hay una competencia directa con algunos de nuestros sectores, tan importantes como el cárnico, pero también hay una expectativa de un balance comercial positivo de otros productos mediterráneos".
Autorización comunitaria
La vicesecretaria general de UPA advirtió de que muchas de las propuestas de Planas para favorecer el a los agricultores no dependen de él, sino de Bruselas, "por mucha firmeza que tenga, y que habrá que ver cómo acaban. Estamos acostumbrados a muy buenas propuestas que luego fracasan por todo el cerrazón de la burocracia comunitaria. Por tanto, mantenemos las movilizaciones", apuntó Cortinas.
Por otra parte, Cortiñas explicó que se puede avanzar más en la Ley de la Cadena alimentaria, "que es la que nos permite negociar colectivamente las condiciones de venta de nuestros productos, y faltan detalles fiscales en sectores que lo pasan mal, como el del olivar".