El periodo de prueba suma 825.000 'víctimas' en lo que va de año mientras Díaz prepara su respuesta

Una de las consecuencias inesperadas de la reforma laboral ha sido el repunte de los ceses por no superar el periodo de prueba. En los diez primeros meses del año se registraron 825.672 bajas de afiliación por este motivo, un 86% más que en el mismo periodo de 2021, ants del cambio legal. Aunque la peor parte con diferencia se la llevan los trabajadores con contrato indefinido, que han visto multiplicarse sus ceses por 10, hasta los 595.352. Ante este escenario, el Gobierno prepara una reforma legal pensada para contener el abuso de esta figura, aunque la evolución de los datos parece haber trastocado sus planes iniciales.

España aún debe trasponer la Directiva Europea de 20 de junio de 2019, "relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles", un trámite que se vio interrumpido por el arranque del ciclo electoral, pese a que nuestro país ya incumplía los plazos de Bruselas para acometerla y ya existía un borrador de anteproyecto de Ley que fue sometido a consultas de patronal y sindicatos e incluso contó con un dictamen favorable del Consejo Económico y Social emitido en octubre de 2022.

A pesar de las críticas de los sindicatos, parece que los tiempos políticos y quizá las divergencias entre PSOE y Sumar pesaron más que los compromisos adquiridos para aprobar una norma que podría haber superado el paso por la Cortes, incluso en uno de los decretos ómnibus aprobados por el Ejecutivo. Aunque una vez revalidada como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, nada impide a Díaz terminar el trabajo pendiente a la mayor brevedad. De hecho, su departamento se se comprometió a hacerlo antes de que acabe este año.

El anteproyecto recogía el grueso de la disposición europea, en cuestiones como la no exclusividad de los trabajadores o la información que el trabajador debe recibir en el contrato. Pero también entra en cuestiones como los permisos por conciliación, las horas complementarias (las que aplican a los trabajadores a tiempo parcial) y, en particular, en el periodo de prueba, con una reforma del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

La versión original del texto dejaba sin cambios lo dispuesto en la reforma laboral sobre los contratos indefinidos, que establecen un máximo de 6 meses para los técnicos titulados y dos meses para el resto (aunque el umbral se amplía a los tres meses para las empresas de menos de veinticinco trabajadores). La redacción propuesta seguía dando la última palabra a los convenios, aunque se precisaba con mayor claridad que estos pactos deben ceñirse al marco legal. Esto reduce la posible discrecionalidad en los acuerdos.

El cambio más sustancial llega para los contratos temporales. Donde la ley actual dice que aquellos "concertados por tiempo no superior a seis meses", el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que el convenio diga "otra cosa". El anteproyecto eliminaba la mención a la negociación colectiva y se establece que, en los contratos temporales de duración inferior, el periodo de prueba también se reducirá proporcionalmente con una salvedad: los contratos que duren menos de siete días, para los que se prohibía plantear un periodo de prueba.

Recetas de otros tiempos

Pero este diseño tiene un serio problema, y es que parte de un escenario de otra época, cuando la gran mayoría de las bajas por no superar el periodo de prueba provenían de los asalariados temporales. En 2021, los eventuales equivalían al 86% de este tipo de extinciones de relación laboral, , si bien esto se correspondía con el volumen de contratación eventual, puyes entonces suponían el 90% de los fimados.

La idea de Trabajo responde a la tesis de que las empresas que hacen contratos eventuales son los más propensos a convertirlos en empleos de 'usar y tirar', que encima tienen un coste cero si se opta por esgrimir el no haber superado la prueba de la empresa.

Pero esto ha cambiado radicalmente tras la reforma laboral. En 2023, los temporales apenas explican el 27,8% de las bajas por no superar el periodo de prueba, a pesar de que siguen sumando 6 de cada diez contratos. Pero los indefinidos han pasado de aportar el 13% de los ceses al 72,2%, aunque solo suponen el 40% de los contratos.

Lo ocurrido con los eventuales apunta que el fin de los contratos temporales de duración indeterminada (los de obra y servicio, eliminados por la reforma) ya ha reducido sustancialmente el 'abuso' del periodo de prueba entre los asalariados eventuales sin necesidad de incluir los límites mínimos que planteaba el anteproyecto presentado en 2022. El problema es que con los indefinidos ha ocurrido exactamente lo contrario.

No pueden ser despidos

Las bajas por no superar el periodo de prueba entre los fijos se han disparado una 994% respecto a los niveles previos a la reforma laboral y han disparado todas las alarmas. Aunque el Gobierno ha intentado explicar el incremento por el aumento de la contratación indefinida o incluso las renuncias de trabajadores no convencidos por las condiciones de las empresas, el hecho es que las sospechas de que muchas empresas usan esta vía para convertir indefinidos en temporales 'de facto' ha obligado a una reflexión en el seno del Ejecutivo.

En el programa electoral de Sumar ya hablaba de la necesidad de incluir una "indemnización disuasoria" en supuestos de extinciones periodo de prueba, si bien esta cuestión no se ha trasladado al acuerdo de Legislatura por la complejidad que supone. Los interlocutores sociales se niegan de plano a equiparar estos ceses con una forma de despidos, ya que para impedir un abuso se desnaturaliza completamente una figura clave en la negociación de muchos convenios, como recoge el V Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva suscrito en mayo entre patronal y sindicatos.

Su idea es seguir con lo estipulado en la reforma laboral y que sean los pactos sectoriales los que afinen la aplicación de los periodos de prueba de cara a las necesidades de las empresas, y exigen que Trabajo respete la "autonomía" de la negociación, aunque ello no cierra la puerta a que el Gobierno fije límites mucho más estrictos que los planteados en la versión original del Anteproyecto para impedir la 'picaresca' de algunas empresas.

En cualquier caso, la negociación de la transposición de la directiva se antoja intensa, ya que apenas quedan dos semanas para concluir el año y el Ejecutivo no ha puesto sobre la mesa un nuevo borrador de anteproyecto que sustituya al redactado en 2022, al que la evolución del mercado laboral parece haber dejado desfasado, al menos en lo que se refiere al periodo de prueba.