
La Seguridad Social estima que las pensiones públicas se revalorizarán entorno al 4% desde 2024 para compensar la subida de precios y garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. Según afirman fuentes del departamento de Escrivá, prevén que la subida de las prestaciones de los jubilados se mueva en una horquilla de entre el 3,5% y el 4,5%.
Así, una pensión media de jubilación verá un aumento en su nómina mensual de 55 euros y superará los 1.400 euros al mes. Por otra parte, la pensión media del sistema subiría unos 38 euros mensuales, hasta rozar los 1.250 euros mensuales.
La revalorización de las pensiones forma parte del último paquete de medidas abordado durante la pasada legislatura, cuando los grupos parlamentarios acordaron retomar la indexación de las prestaciones de los jubilados con la variación de precios.
Tras una revalorización histórica del 8,5% en 2022, las pagas subirán entorno al 4% este año, que sería la segunda más alta de la historia. El consenso de los think tank económicos que recoge Funcas proyecta una inflación media estimada del 3,6% este año.
Sin embargo, las prestaciones se revalorizan con la inflación media de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. Con los datos registrados, la media desde ese mes es del 3,85%.Aun faltan por conocer el dato de octubre y diciembre, y el dato de septiembre debe ser confirmado. Con las estimaciones de Funcas en la mano, el IPC medio del periodo observado para actualizar las prestaciones se acercaría al 4%, en la horquilla que maneja la Seguridad Social.
Según cálculos del Banco de España, la AIReF o Fedea, cada punto de desvío de los precios supone que la revalorización le cueste a las arcas de la Seguridad Social entre 1.500 millones y 1.700 millones. Por tanto, la actualización con el IPC provocaría un incremento del gasto de hasta 7.000 millones de euros.
Además del blindaje del poder adquisitivo, proyecta una subida de las bases de cotización y crea dos cotizaciones nuevas (el Mecanismo de Equidad y la cuota de solidaridad), crea un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos o modifica el periodo de cómputo para calcular la pensión, el complemento de reducción de brecha de género y el impulso del ahorro colectivo a través de los planes de pensiones de empleo para complementar la prestación pública, entre otros grandes cambios.
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