Economía

La maldición de las pensiones ya afecta al empleo: las cotizaciones españolas son las terceras más altas de la eurozona

  • Los asalariados abonan en cuotas para pensiones más del 25% de su nómina
  • Cada punto que suben las cotizaciones baja medio punto la tasa de empleo
  • La reforma de Escrivá incluye varios incrementos del tipo de cotización social
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España es uno de los tres países de la eurozona con el mayor porcentaje de las cotizaciones sociales destinado a pagar pensiones, solo por detrás de Grecia e Italia. Los sistemas de protección a los jubilados de estos tres países obtienen sus ingresos contributivos a partir de más del 25% de la remuneración de los asalariados. Es decir, uno de cada cuatro euros de los asalariados va a la caja de la Seguridad Social, con el correspondiente impacto negativo sobre el empleo. Este cálculo incluye aquel porcentaje destinado a pagar la pensión y excluye las cotizaciones destinadas a sufragar la cobertura sanitaria o el desempleo del trabajador.

En un artículo académico publicado en la Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Enrique Devesa, Robert Meneu y Rafael Doménech, todos de la Universidad de Valencia, apuntan a la correlación de las elevadas cotizaciones y la tasa de empleo. Estos expertos apuntan a que "cada a punto de aumento de las cotizaciones sociales está asociado a una disminución de 0,51 puntos de la tasa de empleo. España era el cuarto país tanto con mayores cotizaciones sociales como con menor tasa de empleo", indican.

Tal y como se observa en el gráfico que comparten los economistas, cuanto mayores son las cuotas a la Seguridad Social, menor es la tasa de empleo del país. Es una característica que se cumple con cierto margen y, especialmente, que comparten Grecia, Italia y España, en la eurozona, y a la que se sumaría Bélgica. Para hacer frente al desembolso extraordinario de las pensiones, el sistema necesita aumentar sus ingresos con un freno del dinamismo del mercado laboral como coste de oportunidad.

El análisis hace un balance de la reciente reforma de pensiones, abordada desde 2021 por el ministro en funciones, José Luis Escrivá, y culminada en marzo de este año. Entre las novedades destacó una subida del tipo de las cotizaciones sociales con la creación de una nueva cuota, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Los países con cuotas más altas también comparten las tasas de empleo más bajas

Esta sobrecotización aumenta el tipo efectivo en 0,6 puntos desde este mismo año y su objetivo no es financiera el gasto contributivo actual de la Seguridad Social, sino llenar el Fondo de Reserva -la hucha de las pensiones- para afrontar los mayores desembolsos dentro de una década como respuesta a la jubilación del baby boom, aunque a cambio no genera derecho a prestación al no alterar la base reguladora para su cálculo.

Esta cláusula de salvaguarda pactada con la Comisión Europea servirá para cubrir un posible desvío del gasto neto del sistema y que, en última instancia, llevaría a un nuevo incremento del tipo. Así, la comparativa podría dejar en peor lugar a España respecto a otros países europeos si hay un desvío del gasto por encima del 15% del PIB, ya que se afrontarían medidas de contención del gasto o, directamente, se aplicaría un incremento del tipo.

Hacia nuevas subidas del tipo

Haya o no un desvío del esfuerzo de la Seguridad Social, el tipo implícito que afrontarán los trabajadores españoles será, al menos, otros 0,6 puntos superior en 2032, tal y como recogen las últimas medidas abordadas en la reforma de pensiones. En 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizará el primer informe de evaluación de las medidas y entidades como el Banco de España ya pronostican una primera modificación de la reforma.

"Los aumentos de las cotizaciones sociales aprobados alteran significativamente la equidad intra e intergeneracional", apuntan los expertos. En este sentido, el papel de auditora pública ha quedado relegado simplemente a valorar las medidas de ingresos y su impacto sobre la sostenibilidad del sistema con unas previsiones de gasto ya realizadas por el Gobierno.

Es decir, es injusta intergeneracionalmente porque aumenta el gasto de las generaciones venideras respecto al sistema de 2019 y, de paso, crea varias cotizaciones sociales (además del MEI, la cuota de solidaridad) sin derecho a prestación, a la que se suma el destope de las bases máximas de cotización. Esta cuota de solidaridad se aplica sobre el tramo salarial superior a la base máxima, y desde 2026 se aplicará también esta subida del tipo de cotización dividido en tres tramos.

Con varios aumentos del tipo de cotización, algo histórico, la AIReF hizo una estimación para calcular el impacto sobre las nóminas una vez desplegadas las medidas. Los tramos salariales hasta la actual base máxima (en 54.000 euros anuales) verán incrementado el tipo efectivo en 1,2 puntos, mientras los tramos salariales de entre 70.000 y 80.000 euros anuales abonarán 11 puntos más en conceptos de gravamen sobre el trabajo por el MEI y el destope de la base más elevada.

Los académicos cierran el artículo reflexionando sobre el balance de ingresos y gastos que provocarán las medidas, a la vista de las previsiones oficiales de la cartera de Escrivá, que son las más optimistas de las recopiladas.

El déficit de la Seguridad Social, según los resultados de este informe, oscilarán entre un promedio del 1,8% del PIB y del 3,4%. Sobre estas estimaciones también habría que añadir el coste adicional de las clases pasivas, otros 1,7 puntos del PIB. Por tanto, un sistema "menos transparente" en su fuente de ingresos que exigirá al Estado un mayor esfuerzo con transferencias, es decir, pagar pensiones vía impuestos.

"Tras las medidas adoptadas, el sistema será más generoso, pero menos contributivo y autosuficiente, presenta un mayor déficit estructural, elimina ajustes vinculados al aumento de la esperanza de vida, da lugar a una mayor redistribución intra e intergeneracionalmente, y aumenta los costes laborales, lo que supone un lastre sobre el empleo, el crecimiento económico y la convergencia con las sociedades europeas más avanzadas", sentencian.

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