Las elecciones generales del próximo 23 de julio podrían derivar en un cambio de Gobierno. Los éxitos cosechados por el Partido Popular en los comicios municipales y autonómicos del pasado domingo 'obligaron' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar la cita con las urnas y de ellas podría derivar un cambio de ciclo que no solo tendrá repercusión en el ámbito social y económico sino en el empresarial.
¿Qué cambios implicaría un Gobierno del PP tras dos legislaturas de mandato progresista? Una potencial victoria de los populares, a priori, traería políticas más favorables a las empresas y un recorte de impuestos.
La hoja de ruta impositiva
La descarga de la presión fiscal podría llevarse por delante medidas aplicadas por el Gobierno de coalición ante la elevada inflación, como son los impuestos a banca y energéticas activados por dos años para evitar que las grandes compañías se lucren de los altos precios (reducir los beneficios caídos del cielo) y sufragar con lo recaudado un paquete de medidas para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.
Las protestas de la banca se han sucedido y aspiran a ver derogada la ampliación del tributo. Banco Santander pagó 224 millones de euros en el primer trimestre en concepto de cargos por el impuesto, CaixaBank desembolsó 373 millones... Pese los 1.120 millones de euros pagados, la gran banca ganó 5.696 millones, un 13,9% más, en el primer trimestre del año.
En el mismo sentido, el Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez impuso un impuesto a los 'ricos'. Quienes tengan un patrimonio superior a los tres millones de euros asumirán en 2023 y 2024 un gravamen temporal de solidaridad de las grandes fortunas, como se denomina, que se mueve desde el 1,7% al 3,5% en función del nivel de riqueza.
El 'caso Indra'
Indra es otro de los puntos sobre los que se ha puesto el foco en esta legislatura que llega a su fin. El plan del Gobierno actual pasa por hacer de la tecnológica un gran grupo de defensa a la altura de sus pares en Francia o Italia. Sin embargo, la empresa, de la que la SEPI posee una participación del 25%, se ha mostrado reticente a los planes planteados por este Ejecutivo.
Estos recelos se materializaron con la salida en tromba en los últimos dos años de varios directivos de la compañía y la entrada de grupos afines al Gobierno como los Escribano, que recientemente adquirieron un 3% con la intención de comprar más hasta alcanzar el 10%. La buena sintonía de la empresa con el Ejecutivo ha culminado con el nombramiento de José Vicente de los Mozos, expresidente de Renault España y de la patronal Anfac, como consejero delegado.
Poco se sabe de las intenciones del PP en Indra, pero los populares no suelen ver con buenos ojos la presencia del Estado en las empresas cotizadas.
El futuro de la ley 'antiopas'
La 'ley antiopas' también podría situarse en el punto de mira. Desde 2020, España tiene el poder de bloquear adquisiciones de grandes participaciones en empresas que considere estratégicas, una regla que se implementó para proteger a las empresas después de que los valores de las acciones se desplomaran durante la pandemia. Así, ningún inversor podrá hacerse con más del 10% de una cotizada española sin la autorización del Consejo de Ministros.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a relevar a Sánchez en La Moncloa, ya ha expresado su intención de abolir el derecho a veto del Gobierno contra los inversores que se interesen por una cotizada española para recuperar las entrada de capital extranjero por esta vía.
¿Vuelta a las tensiones independentistas?
Una victoria popular podría volver a agitar las aguas independentistas. Ante un Gobierno conservador, donde el margen para el diálogo en este sentido quedaría cerrado, podría reactivarse el movimiento de independencia en Cataluña.
Para Fitch Ratings, la vuelta a estas tensiones podría aumentar la preocupación en el mercado de bonos aunque los estrategas de Citigroup consideran que "en general, el cambio de gobierno de izquierda apoyado por la extrema izquierda al uno de derecha apoyado por la extrema derecha podría ser algo positivo para bonos" precisamente por esa posible mayor "prudencia fiscal".
