El anuncio de adelanto de elecciones generales realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes Generales este mismo martes impedirá la tramitación y aprobación definitiva del proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero.
El proyecto de ley se aprobó este mes en el Pleno del Congreso con una holgada mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, pero eso ya no será posible por la disolución de las Cámaras. La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.
De hecho, recuerda Europa Press, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era "muy esperado" y había conllevado "mucho trabajo" con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros.
Pero no es este el único proyecto de ley económico que decae con la disolución de Cortes. Son también los casos de la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos; que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria. Esto sucede también con aquellos decretos que aunque entraron en vigor se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado.
Esto pasa con la reforma del sistema de pensiones, con los decretos anticrisis, del Plan + Seguridad para tu energía, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar y de nuevo sistema de cotización para autónomos. También cabe recordar que el Gobierno tenía previsto aprobar "de inmediato" la Ley de Industria en Consejo de Ministros para su posterior envío a la Cámara Baja.
La Ley de Vivienda, en vilo tras el batacazo electoral
Con todo ello, en clave económica ha sido la prórroga de la excepción ibérica en el gas y la Ley de Vivienda la última aprobada en esta Legislatura. Eso sí, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de esta norma, como es el caso de la definición de grandes tenedores de vivienda, depende en buena medida de las comunidades autónomas.
De este modo, el PP, que conquistó en las elecciones varias plazas autonómicas como Comunidad Valenciana, Baleares, o La Rioja, ha reiterado en varias ocasiones que no aplicará esta norma. El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, cree que la Ley de Vivienda podría ser derogada completamente si los populares consiguen gobernar.
En este sentido, indica Efe, después de los comicios de este domingo el desarrollo de la Ley de Vivienda, incluido en la aplicación de las zonas tensionadas y que estaba dirigido a intervenir y limitar las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España, apunta Zurdo.
"Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler"
En aquellas comunidades donde si pueda aplicarse, denuncia ANA, desplazará la inversión de promotores e inversores hacía aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España "de dos velocidades". "Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler", añade.
En este sentido, la agencia subraya que esta incertidumbre está afectando a todos, inquilinos y propietarios, trastocando gravemente el mercado de alquiler, destruyendo oferta, y dificultando enormemente el acceso a la vivienda.
La Ley de Vivienda, que entre otras medidas limitará el precio de los alquileres, entró en vigor el pasado viernes, dos días antes de los comicios autonómicos y municipales, después de que en abril el Gobierno de coalición se asegurara los votos necesarios para sacarla adelante gracias a un acuerdo con ERC y EH Bildu tras años de negociaciones.
