El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado este lunes que Cataluña emita bonos verdes este año o el que viene, lo que supondría su regreso a los mercados tras más de una década de financiación a través del Estado.
En una entrevista en Bloomberg recogida por Europa Press, Aragonès ha dicho que están "considerando la posibilidad para proyectos específicos" aunque reconoce que el momento, a su juicio, no es el ideal dado las recientes alzas en las tasas de interés.
"Veremos si se puede completar este año o el próximo", ha añadido el presidente catalán, que también ha asegurado que la emisión de bonos verdes es, en sus palabras, una oportunidad para financiar la descarbonización de la economía.
"Una economía local fuerte combinada con una infraestructura orientada a la descarbonización hace que Cataluña sea una apuesta atractiva como emisora de bonos verdes", ha sostenido.
Por otro lado, Aragonès ha refutado las afirmaciones de que Cataluña está en declive económico y ha señalado las promesas de inversión de empresas tecnológicas como Cisco e Intel.
"Los datos económicos no solo muestran que no hay descenso, sino que hemos mantenido y ampliado nuestra posición de liderazgo en España y el sur de Europa", ha zanjado.
De momento, mientras el Gobierno catalán mantiene cerrada la puerta de los mercados, sigue acudiendo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con una cifra prevista de 11.822 millones de euros este 2023.
Según las estimaciones de la Generalitat, su deuda a 31 de diciembre de 2022 se sitúa en 79.578 millones, y espera que a cierre de 2023 alcance los 80.735 millones.
Según la memoria de los Presupuestos de la Generalitat para 2023, el total de deuda de la administración pública catalana asciende a un importe provisional de 85.082 millones a cierre de 2022, el 34,3% del PIB catalán, y prevé que se sitúe en 85.998 millones para finales de 2023, un 32,6% del PIB.
La prospectiva de las cuentas autonómicos apunta a una deuda de 87.019 millones en 2024 (el 31,6% del PIB), 88.088,6 para 2025 (30,9% del PIB) y 88.502,3 para 2026 (29,9% del PIB).
En cuanto a necesidades de liquidez para hacer frente a las amortizaciones, el Ejecutivo catalán estima una tendencia decreciente, pasando de 10.615 millones en 2023 a unos 8.000 en 2024, 2025 y 2026.
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