El peso del sector público catalán triplica casi al de Madrid, cuyo Gobierno autonómico mantiene una férrea apuesta por la liberalización de la economía. De acuerdo con los últimos datos del IGAE (Intervención General del Estado), el número total de empresas y entes dependientes de la Generalitat de Cataluña se eleva a un total de 289, frente a las 115 existentes en Madrid. Entre ambas regiones, no obstante, está Andalucía, que suma 144 empresas adscritas a la Junta. Si se tienen en cuenta todas las administraciones, Cataluña suma ya más de mil sociedades públicas.
Por detrás ya de Cataluña, Andalucía y Madrid aparecen el País Vasco con 104 empresas y entidades públicas; Galicia, con 97; Comunidad Valenciana, con 89; Aragón con 62 e Islas Canarias con 55. Las comunidades autónomas, en cambio, donde el sector público tiene un peso más pequeño son, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, La Rioja, que tiene 20; Castilla-La Mancha, con 27 y Cantabria, con 40 firmas.
Desglosando las entidades de las tres principales comunidades autónomas, de las 289 que tiene la Generalitat de Cataluña, un 22,84% pertenecen a consorcios, casi un 25% a fundaciones, un 19,72% son sociedades mercantiles y otro 18,69% son entes públicos. Ahora bien, en el caso de la Comunidad de Madrid las entidades se reparten de la siguiente manera: un 39,1% son fundaciones, el 24,35% sociedades mercantiles, un 15,65% consorcios, y en menor medida entes públicos (7,8%) y universidades públicas (5,22%). Y por último, en Andalucía las 144 entidades están más repartidas. Las fundaciones son las más representativas con un 35,4%, seguidas de las sociedades mercantiles que son un 18% y las entidades públicas empresariales con un 12,5%. En el caso de País Vasco, los 104 entes públicos se diversifican en: 40,38%, sociedades mercantiles; 16,35%, fundaciones; 15,38%, entes públicos y 11,54% son instituciones sin ánimo de lucro.
El peso de Madrid
De acuerdo siempre con la información del IGAE, si se tienen en cuenta no solo las empresas de carácter autonómico, sino también las dependientes del resto de administraciones públicas, como el Estado, las diputaciones provinciales, los consejos comárcales o los ayuntamientos, el número en Cataluña se eleva hasta un total de 1.024. En este caso supone más del doble que en la Comunidad de Madrid, que cuenta con 459 en conjunto. Todo esto a pesar de que España es un país donde la administración general del Estado está centralizada precisamente en la capital y es en ella donde se encuentran tanto los ministerios como la mayor parte de las empresas de capital público estatal.
La gran diferencia que existe con Cataluña obedece al amplísimo número de empresas y entidades que hay en esta comunidad autónoma que dependen de los ayuntamientos, teniendo en cuenta que se trata de una autonomía con cuatro provincias, más grande por lo tanto que Madrid. Aunque si se tiene en cuenta la mayor extensión, de población y número de provincias, Andalucía se lleva la palma. Es esta comunidad existen asimismo 845 sociedades y entes públicos; en el País Vasco 440; en la Comunitat Valenciana 400; en Canarias 278; en Aragón 235; en Castilla y León 226 y en la Región de Murcia 121 sociedades.
Los ayuntamientos son, con mucha diferencia, los que más empresas y otras entidades públicas suman, con 2.751, lo que supone el 53% del total. A continuación figuran las comunidades autónomas, que engloban a 1.334, el 26%. Y ya por detrás, el resto de administraciones públicas, con 595 y la Administración General del Estado, con 444 empresas y entidades. España suma así un conjunto de 5.124 firmas en el sector público.
Más allá, no obstante, del número de empresas, trabajar además en el sector público o en el privado implica, además, importantes diferencias, tal y como informó elEconomista.es el pasado día 12. Si se observa la recompensa monetaria, la más fácil de percibir para un empleado, el sueldo medio de los trabajadores públicos supera los 2.800 euros brutos, mientras la retribución media de los asalariados del sector privado, queda en 1.900 euros antes de impuestos. El resultado es una brecha del 32% en favor de los trabajadores de la Administración Pública y de las empresas públicas, según los últimos datos referentes a 2021 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Salarios públicos, más altos
De hecho, según visualiza el INE, la proporción de asalariados por distintos niveles de renta y diferenciada por tipo de sector queda claramente orientada en favor de la balanza de los empleados de la Administración Pública. Casi el 60% logra nóminas que, como mínimo, iguala los 2.342 euros. Mientras, la proporción de trabajadores del sector privado que logra alcanzar tal nivel de ingresos queda en el 22,3%.
La recuperación del mercado laboral español le debe así mucho al auge del empleo público y, dentro de este sector, son las autonomías las que más se afanan por engordar sus plantillas. Hasta el punto de que, al cierre de 2021, dichas Administraciones acumularon un total de 2,08 millones de asalariados. Lograron así un hito del que no hay precedentes en los 20 años que acumula la serie estadística en vigor de Encuesta de Población Activa (EPA).
Expectativas
Las empresas públicas tendrán un muy buen 2023. Esta es la principal conclusión de las previsiones de ingresos y beneficios que hace el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. En este sentido, las tablas registran un incremento de los beneficios del 55% con respecto a las cifras esperadas para este 2022, lo que llevaría a unos beneficios de 2.332 millones de euros.
La compañía estatal con mayores ingresos esperados es Loterías y Apuestas del Estado, con 1.854 millones de euros. Esta cifra supone además un incremento del 4% con respecto a lo esperando 2022 y podría convertirse según las previsiones del Gobierno en unos beneficios de 1.854 millones.
El segundo lugar en ingresos sería para el Grupo Sepi, que aglutina, entre otras, a compañías como Correos o Navantia. En este sentido, la facturación esperada para 2023 es de 5.791 millones, lo que supone un incremento del 5,7% con respecto a las cifras del año anterior y que, además, le llevan a salir de los números rojos, con unas expectativas de beneficios de 136 millones de euros.