
Los Presupuestos catalanes de 2023 superan por primera vez los 40.000 millones, y llegan a los 41.025, un 7,6% más que en 2022, gracias principalmente al incremento de las transferencias del modelo de financiación y a los fondos europeos Next Generation, según la documentación presentada este jueves al Parlament y que prevé una tramitación récord de 36 días, de forma que las cuentas se puedan aprobar en pleno el 10 de marzo. Esta misma tarde ya han comenzado las comparecencias de los consejeros en comisión.
Si se excluye el efecto de los fondos NextGen, la Generalitat tiene una posibilidad de gasto adicional de 3.842 millones en 2023 respecto al presupuesto de 2022, un 10,7% más (pasando de 35.997 a 39.839 millones) y lo que supone el crecimiento anual más elevado desde 2006, según el Govern.
Los ingresos no finalistas crecen un 15,2% interanual hasta los 31.408 millones (4.152 millones adicionales) respecto al presupuesto de 2022, debido a adelantos y liquidaciones del modelo de financiación autonómica por 25.236 millones (+20,6%, con 4.304 millones más), mientras que se prevé un incremento del 6% en la recaudación de impuestos propios y cedidos hasta 4.964 millones, lo que son 279 millones más que en el presupuesto anterior.
La consejera de Economía, Natàlia Mas, ha considerado que se trata de una previsión "prudente" y que tiene en cuenta la ralentización económica, con un avance del PIB catalán que la Generalitat augura del 1,7% en 2023, frente al 4,4% estimado para 2022.
Sobre recaudación tributaria, también hay que tener en cuenta que las cuentas entradas este jueves al Parlament no incluyen los pactos alcanzados con En Comú Podem y PSC para lograr apoyos parlamentarios, que se introducirán vía enmiendas.
Así, en el trámite parlamentario se añadirán modificaciones fiscales como cambios en la tasa turística respecto a los cruceros; un aumento del 30% en el impuesto a los pisos vacíos, y durante este año también se tramitarán dos nuevos impuestos: a grandes barcos y a los alimentos ultraprocesados, que tampoco tienen de momento reflejo presupuestario.
Pese a que uno de los acuerdos con el PSC es reducir un 10% el sector público, el presupuesto contempla la incorporación de una nueva entidad a las cuentas (son más de 200) y seguir incrementando el personal, hasta un récord de 282.887 empleados en todo el sector público catalán, un 2,5% más, con la incorporación de 6.886 personas.
Ello elevará los costes de personal de la Generalitat en más de 800 millones, hasta un total de casi 8.000 millones de euros, el 19,5% del presupuesto global de 41.025 millones. Si se tiene en cuenta todo el sector público de la administración catalana, los costes de personal crecen un 10,6% hasta 14.787 millones (1.416 millones más), frente a un gasto total presupuestado de 45.359 millones.
Los ingresos finalistas, que incluyen los fondos europeos, serán de 7.089 millones, un 9% menos, debido a que los fondos Next Generation asignados a las cuentas de 2022 fueron el doble, si bien hay que tener en cuenta que su ejecución se extiende hasta 2026.
Las inversiones se sitúan en los 2.794 millones, a los que se añaden otros 1.185 de los fondos europeos Next Generation, y los departamentos de la Generalitat podrán elevar un 11,7% su gasto, con los mayores incrementos para Salud (1.128 millones más que en el presupuesto homogéneo de 2022) y Educación (675 millones).
Crece un 22,6% el coste de la deuda
El gasto social crece en 1.472 millones en 2023, si bien su peso en el total del presupuesto cae del 74,6% al 73,2%, lo que Natàlia Mas ha atribuido al aumento del 22,6% interanual en el coste de la deuda, hasta 782 millones en 2023. Con todo, el ratio entre la deuda y el PIB se reduce 1,3 puntos en un año hasta el 32,7%.
Las cuentas respetan la senda de déficit recomendado del 0,3% en 2023, frente al 0,6% de 2022, si bien el Ejecutivo catalán ya contempla que el cierre del ejercicio 2022 se situará por encima del 0,6%.
Peticiones de los agentes sociales
Como ya hizo el Govern con los Presupuestos de 2022, Natàlia Mas ha esbozado las cuentas ante representantes del sector económico y social en un acto público en la Cámara catalana. Previamente, los máximos representantes de patronales y sindicatos y del tercer sector social se han reunido con el PSC, tras lo que han comparecido para lanzar peticiones a la clase política.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha emplazado a "abrir un debate sobre una fiscalidad competitiva" para Cataluña ante una competencia que es global, mientras que los secretarios generales de CCOO y UGT de Cataluña también han defendido un debate fiscal pero "en sentido contrario" al que reclama Foment, para redistribuir la riqueza, ha evidenciado Javier Pacheco (CCOO).
Camil Ros (UGT) ha agregado: "No se pueden dar más ayudas a las empresas bajando impuestos. Cataluña necesita un debate de la fiscalidad, pero primero debe saber cuántos ingresos necesita para dar respuesta a las necesidades sociales y económicas, y a partir de ahí decidir la fiscalidad".
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, también ha instado a revisar la política fiscal, haciendo énfasis en que la estructura impositiva actual presiona especialmente a las pymes.
Desde la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Francina Alsina ha pedido que "el espíritu de llegar a acuerdos" entre los grupos parlamentarios para sacar adelante las cuentas de 2023 "se mantenga los próximos meses, para aplicar políticas sociales efectivas, porque la situación es muy crítica y se debe dar respuesta desde la estabilidad política".