Valencia
La Generalitat Valenciana podrá hacerse durante un plazo de hasta siete años con las viviendas en manos de grandes propietarios que se encuentren vacías para hacer frente a casos de personas en situación de vulnerabilidad y que se justifiquen por su utilidad pública.
El Gobierno de izquierdas que preside el socialista Ximo Puig aprobó ayer un nuevo decreto ley para hacer frente a la "emergencia residencial" que incluye esta fórmula que supone en la práctica una 'expropiación' temporal de los inmuebles.
La iniciativa es una de las propuestas que el vicepresidente segundo y representante de Podemos en el tripartito valenciano, Héctor Illueca, llevaba planteando desde hace años. Pese a los recelos de la parte socialista del Gobierno a esta norma, precisamente por las connotaciones de asumir de forma temporal esas casas, finalmente ha salido adelante al rebajarse su posible aplicación y concretarse en determinados casos, en que se deberá justificar su "utilidad pública".
El propio vicepresidente valenciano explicó que este instrumento está previsto para "situaciones excepcionales" como catástrofes naturales, emergencias humanitarias o desplazados por una guerra como la de Ucrania, una categoría en la que también incluyó desahucios de familias vulnerables o personas sin hogar. Pese a ese recorte, Illueca se mostró satisfecho con la norma porque "esa clarificación de los casos da seguridad jurídica".
Para materializar esta nueva herramienta, el decreto ley establece que la Generalitat puede forzar la "cesión temporal obligatoria del uso" de esas viviendas deshabitadas en manos de grandes tenedores. Una fórmula con la que los dueños siguen manteniendo la propiedad, pero será la Administración la que tenga el derecho de usufructo durante un periodo de hasta cinco años (si pertenece a un particular) o siete (si el titular es una empresa), en el que se utilizará para alojar a personas vulnerables.
El sistema, que es similar al que ya aplica Baleares, obliga a la Generalitat a compensar al dueño anualmente con un justiprecio, cuyo cálculo es similar al de los procesos de expropiación pública.
Los afectados
En el caso de la Comunidad Valenciana, la ley autonómica considera grandes tenedores a las personas o sociedades dueñas de diez o más viviendas. De hecho, el departamento que dirige Illueca ya ha puesto en marcha un registro de viviendas deshabitadas de estos grandes tenedores, un listado en el que se incluyen las casas que llevan más de un año sin uso. Precisamente que los inmuebles lleven sin uso más de 12 meses es otra de las condiciones para que la Generalitat pueda ejecutar estas expropiaciones temporales.
La norma también incluye la creación de otro registro para grandes tenedores, principalmente fondos de inversión y entidades financieras. Una medida con la que Illueca aseguró que se pretende dar una "mayor transparencia" a una actividad "que se ha movido demasiadas veces en el ámbito de una cierta opacidad". El líder valenciano de Podemos no dudó en asegurar que el texto aprobado "protege a la gente frente a los abusos de los fondos buitres".
La norma supone una victoria para Podemos, que logra aprobar antes de que acabe esta legislatura una medida intervencionista en la vivienda, una de sus prioridades electorales. Sin embargo, sus efectos reales serán limitados. Según estimaciones del departamento de Vivienda del Gobierno autonómico, en Alicante, Castellón y Valencia existen unas 20.000 viviendas vacías en manos de grandes fondos y propietarios. Una cifra que de momento no ha aflorado en el registro oficial, que lleva poco más de un año en marcha, y que recoge 400 inmuebles que cumplen con la condición de llevar 12 meses sin uso.
Nuevas multas
La polémica medida de que la Administración pública pueda asumir durante varios años una vivienda privada sin el consentimiento del propietario no es la única incluida en el decreto ley aprobado por el Gobierno del Botànic que preside Ximo Puig. Los responsables de la Consejería de Vivienda de Podemos también han incluido una batería de iniciativas que pretenden combatir el acoso inmobiliario a los inquilinos, del que responsabilizan a los fondos buitres. Y una de sus armas es un nuevo régimen de sanciones y multas que pueden llegar hasta los 950.000 euros.
Entre las actuaciones que la nueva norma considera como acoso inmobiliario por parte de los propietarios, se incluye el corte de suministros básicos a los inquilinos, presiones para forzar el abandono de una vivienda o la contratación de servicios especializados en obligar a desalojar un inmueble residencial. Estas infracciones son calificadas como muy graves, por lo que en cuanto se publique el decreto ley podrán ser sancionadas con entre 350.000 euros y 950.000 euros.
En el caso de omitir obligaciones como no acometer rehabilitaciones obligatorias de las inspecciones técnicas o imposibilitar el pago del alquiler para intentar forzar la rescisión del contrato por impagos, se cconsideran como graves, con multas que podrán ir de 10.000 a 350.000 euros. "Creo que son cifras bastante elocuentes de la voluntad política del Gobierno valenciano de combatir el acoso y los abusos en el ámbito inmobiliario", señaló el vicepresidente valenciano Héctor Illueca.
Para que las denuncias y las sanciones sean aplicables, la Generalitat Valenciana también prevé incrementar las inspecciones en materia de vivienda con más personal y más medios, además de formalizar legalmente la unidad antidesahucios que ya tenía en funcionamiento la Consejería de Vivienda, que incluso ha llegado a adquirir viviendas en proceso de desalojo. La Generalitat también implantó hace casi tres años el derecho de tanteo y retracto, por el que hace valer su derecho de compra en traspasos que considera a precios por debajo de los del mercado.
