Madrid
La última parte de la reforma de pensiones de esta legislatura plantea medidas que persiguen la mejora de las cuentas de la Seguridad Social. El planteamiento del Ministerio que dirige José Luis Escrivá plantea, esencialmente, dos medidas: la ampliación de las bases máximas de cotización -denominado como destope- y la ampliación de los años observados para calcular la pensión. Subir las cuotas de forma progresiva para que los salarios altos aporten más llegaría a mejorar la recaudación "como mucho un 0,15%", mientras calcular la pensión con los 30 años previos, descartando dos ejercicios, llegaría a recortar las pensiones de forma modesta un 1%, con un menor gasto del 0,3% del PIB.
Son cálculos de los expertos de economía aplicada de Fedea, y de los académicos de varias universidades, especialistas en pensiones (Grupo de Investigación en Pensiones y Protección social). Mientras, el Gobierno trasladó a los agentes sociales sus cálculos sobre el denominado destope de las bases máximas de cotización. La mejora recaudatoria llegaría a alcanzar el 0,4% del PIB a mitad de siglo, según reveló este medio.
Sin embargo, el contraste de uno de los principales think tank económicos del país rebaja ese optimismo. "Esta medida tendrá un efecto muy limitado sobre los ingresos totales por cotizaciones sociales", explica el director de Fedea, Ángel de la Fuente.
Una de las principales tesis que destaca el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que España es una anomalía en Europa, al tener una de las bases de cotización más bajas. Por tanto, el refuerzo de los ingresos por cotizaciones vendría de un incremento de las bases que resultara en que, quien más gane, más aporte a la Seguridad Social.
El escollo: periodo de cómputo
De forma reiterada, los agentes sociales han manifestado la complejidad e, incluso, de manera interna, la imposibilidad de llegar a un acuerdo a tres bandas por una reforma que ofrece ciertos recortes en las prestaciones a recibir o mayores esfuerzos en forma de costes laborales asociados a los salarios de 54.000 hasta casi 70.000 euros a mitad de siglo.
El periodo de cómputo, según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, provocaría un recorte del 1%, y la cobertura de las lagunas sociales sería igualmente inapreciable al llegar a mejorar de forma simbólica menos de un euro.
En definitiva, los resultados preliminares de diversos cálculos actuariales revelan una ligera reducción de la cuantía inicial, con algunos beneficiados: trabajadores con carreras medias y largas, aquellos trabajadores con carreras irregulares por la mejora en la cobertura de los periodos sin cotizar, los autónomos, los varones y las bases reguladoras más bajas.
Ampliar a los 28 mejores años es una medida que no recoge de forma expresa el Pacto de Toledo, si bien está comprometida con la Comisión Europea en el plan de reformas para recibir los fondos europeos. Con todo, divide a los agentes sociales y las formaciones políticas, bloqueando la reforma.
Impacto... insuficiente
"Solamente en términos cuantitativos, como dijo el gobernador del Banco de España, es una cuestión de restar y sumar. La reforma no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, de hecho, le queda bastante para poder garantizarla", reflexiona Miguel Ángel García, investigador asociado a Fedea, a elEconomista.es.
El Gobierno trabaja a contracorriente bajo un pretexto en el que la demografía empujará el gasto en pensiones hasta 3,5 puntos. Estas dos medidas apenas aliviarían medio punto en 2050 la tensión financiera de la Seguridad Social, cuya deuda actual supera los 100.000 millones y los números rojos del déficit es de medio punto del PIB.
