Francia vive este jueves la primera movilización sindical en bloque de la era de Emmanuel Macron contra una reforma de las pensiones que busca elevar la edad legal de jubilación y que ha puesto en 'pie de guerra' a amplias capas de la población. Las huelgas coordinadas por los sindicatos galos tienen como objetivo paralizar gran parte del país en una protesta contra los planes del gobierno.
Los trabajadores de sectores que incluyen ferrocarriles, escuelas, hospitales y controladores de tráfico aéreo participan en la huelga de 24 horas. En una no siempre posible muestra de unidad, los ocho sindicatos laborales más grandes de Francia han coordinado esfuerzos y las interrupciones esperadas han llevado al gobierno a instar a las personas a trabajar desde casa. Tanto el sindicato CGT como el líder del Partido Comunista se han fijado el objetivo de que al menos un millón de personas protesten en toda Francia. No será el único día de protesta, avanzan los sindicatos.
La jornada ha arrancado con incidencias en el transporte público, aunque los medios galos han dado cuenta de poca afluencia por parte de viajeros que ya anticipaban lo que podía ocurrir. En las escuelas públicas, los sindicatos prevén que el seguimiento alcance el 70%. La red eléctrica estatal ha confirmado una reducción en la producción eléctrica como consecuencia de los paros, mientras que en las refinerías de TotalEnergies, el nivel de apoyo oscila entre el 70 y el 100%, según la Confederación General del Trabajo (CGT). Las asociaciones han convocado más de 200 manifestaciones en todo el país.
Pero, ¿qué tiene esta reforma para acaparar tanto rechazo en Francia? Sintetizando, la reforma prevé elevar a los 64 años la edad legal de jubilación y ampliar el periodo de cotización para recibir la pensión máxima, hasta lo 43 años. Entrando en más detalle, la reforma plantea un escenario gradual, de tal forma que la edad legal de jubilación haya pasado de los 62 años actuales a los 64 en 2030, mientras que la revisión del periodo de cotización se aplicará a partir de 2027.
La decisión de Macron de seguir adelante con su reforma se produce en un momento difícil para la economía francesa, ya que lucha con los precios de la energía que se dispararon el año pasado y la inflación pesa sobre los hogares y las empresas. En un esfuerzo por generar consenso, el presidente, reelegido el pasado junio, ha fijado la edad mínima de jubilación propuesta en 64 años, por debajo del plan inicial de 65, y los ministros del gobierno han dicho que están abiertos a ajustes al plan durante los debates parlamentarios, que empezarán en febrero y podrían prolongarse hasta marzo. Macron ya retiró una propuesta diferente para la reforma de las pensiones en 2020 tras largas huelgas, principalmente en el transporte. En ese momento, citó la pandemia de covid como la razón.
La semana pasada, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, expuso los detalles de la reforma. Estas modificaciones, que fueron un pilar central de la campaña de reelección del presidente Macron en 2022, tienen como objetivo poner el coste del plan estatal de pensiones de reparto en una vía sostenible y promover el empleo entre los trabajadores mayores. Hay tres elementos clave en las propuestas.
En primer lugar, el punto más importante, es que la edad mínima de jubilación pasaría de 62 a 64 años a finales de la década. Este es el medio por el que el gobierno planea evitar que se abra un gran déficit y también debería ayudar a elevar la edad efectiva de jubilación, que se encuentra entre las más bajas de todas las economías avanzadas. El aumento a 64 años es menos ambicioso que la propuesta original de Macron de 65 y además hay exenciones para las personas que empiezan a trabajar antes de los 20 años, para profesiones "activas" como la política, el ejército y los bomberos, y para los cuidadores, así como para las personas con discapacidad.
En segundo lugar, la mayoría de los "regímenes especiales", en virtud de los cuales muchos empleados se benefician de condiciones más generosas, se reducirán en los próximos años. Entre ellos se incluyen algunos regímenes notoriamente generosos para los trabajadores del ferrocarril, la electricidad y el gas, muchos de los cuales tienen capacidad para causar importantes trastornos mediante huelgas.
En tercer lugar, se aumentarán las pensiones tanto de los jubilados actuales como de los futuros. Dos millones de personas que ya están jubiladas verán aumentada su pensión hasta igualar el salario mínimo (conocido por sus siglas en francés como SMIC). Y los futuros jubilados recibirán una pensión igual al 85% del salario mínimo, que en 2023 sería de 1.200 euros al mes -una mejora de 300 euros mensuales-.
El pasado mes de julio los diputados franceses votaron por una muy amplia mayoría la revalorización del 4 % de las pensiones y de las prestaciones sociales, a aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de dicho mes. Las pensiones ya habían subido un 1,1 % en enero y las prestaciones un 1,8 % en abril. El IPC de Francia fue en diciembre del 5,9% interanual, pero estuvo por encima del 6% en varios meses de 2022.
Argumentos a favor y en contra
"De aplicarse, las reformas tendrían dos importantes beneficios económicos. En primer lugar, el efecto neto sería evitar un aumento del déficit de las pensiones, que el Gobierno calcula que alcanzaría el 0,8% del PIB en 2030 si no se introducen cambios. Ello, a su vez, reduciría la presión sobre el ratio de deuda pública de Francia, que era del 113% del PIB a mediados de 2022 y que, en nuestra opinión, probablemente se mantendrá en torno a ese nivel durante la próxima década", señala en un análisis Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics.
En segundo lugar, prosigue Kenningham, "debería contribuir a aumentar la tasa de actividad de los trabajadores de más edad, ya que Francia registra actualmente una de las tasas de actividad de los trabajadores de más edad más bajas de las principales economías avanzadas, sobre todo en el caso de los hombres. Al margen, esto debería a su vez impulsar el crecimiento del PIB".
Estos argumentos no parecen haber convencido a los franceses, que se han levantado en una feroz oposición. Una gran mayoría de los ciudadanos (en torno al 80%) se opone a los cambios, y muchos desean que se reduzca la edad de jubilación. En este contexto, las reformas podrían verse suavizadas en el Parlamento. Sin embargo, dado que el centro-derecha (Los Republicanos) parece dispuesto a apoyar las reformas, hay posibilidades de que acabe saliendo adelante. De lo contrario, Macron aún podría usar un artículo en la constitución que permita que los proyectos de ley se aprueben sin votación.
Hacer que los franceses trabajen más tiempo es esencial para impulsar las tasas de empleo relativamente bajas entre las personas mayores y evitar déficits persistentes en un sistema financiado por las contribuciones de los trabajadores, defiende el gobierno, que celebra el Consejo de ministros en el que debería darse la primera 'luz verde' al texto el 23 de enero.
Pero las organizaciones sindicales argumentan que cambiar la edad mínima de jubilación afectará injustamente a los menos cualificados y menos ricos que comenzaron a trabajar más temprano. Los sindicatos dicen que hay mejores formas de impulsar el empleo entre los trabajadores mayores y reequilibrar el sistema, incluidos los aumentos de impuestos, que Macron ha descartado.