Economía

La oposición vota a favor de la bajada del IRPF de Puig, que se aprueba por unanimidad

  • No incluye la segunda parte de la rebaja fiscal, con las subidas a rentas altas
  • Puig cifra en medio millón de euros la bonificación de Sucesiones
Ximo Puig.
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Los seis grupos parlamentarios presentes en Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad el decreto que incluye la primera parte de la reforma fiscal pactada por los socios del Gobierno del Botànic, esto es, la bajada del IRPF en 2022 para las rentas de menos de 60.000 euros.

Los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han respaldado la bajada fiscal que anunció en septiembre el propio presidente Ximo Puig, pese a que durante sus intervenciones la han calificado en general de insuficiente. De esta forma han votado en la misma línea que PSPV, Compromís y Unidas Podemos.

El acuerdo, sin embargo, no parece que vaya a repetirse con la segunda parte de la reforma fiscal acordada entre socialistas, Compromís y Podemos, que contempla incrementos en tres impuestos a partir de 2023 y que se incluye en la Ley de Presupuestos del próximo ejercicio que está en plena tramitación parlamentaria.

Quiebra por Sucesiones

De hecho en esa negociación una de las grandes dudas abiertas será que pasará con la bonificación del Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones de euros, que protagonizó uno de los momentos más tensos en la sesión de control del presidente valenciano Ximo Puig.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, la calificó como un "gran error" al considerar que esa propuesta "debilita los servicios públicos, rompe acuerdos del Botànic y no ayuda a mejorar la economía".

Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, también se mostró "preocupada" por la enmienda presentada por los socialistas para introducir ese cambio en los presupuestos pactados.

El presidente defendió la medida para garantizar la sucesión empresarial y que las empresas valenciana ganen tamaño para crear más empleo. Además apuntó que no tendrá un impacto económico "relevante" al señalar que probablemente no llegará al medio millón de euros, por lo que no se está "poniendo en cuestión el Estado del bienestar".

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