Valencia
El Gobierno valenciano de izquierdas que preside Ximo Puig anunció una reforma fiscal apenas unos días antes de presentar su proyecto de presupuestos para el próximo año. Una muestra de como la negociación entre los socios del Gobierno de coalición de ambas cuestiones ha ido de la mano.
Las cuentas autonómicas del próximo año muestran a las claras fuerte incrementos de las partidas procedentes de los tres impuestos en que el Botánic ha introducido modificaciones para el año que viene: el tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En total, los ingresos por la recaudación de estos tres tributos aumentarán en 1.201 millones de euros en 2023 según las previsiones del Consell. Un importe que supone un 19,3% más que lo que representaban en las anteriores cuentas.
Aunque esa fuerte subida de la recaudación en esos tributos no es achacable únicamente al cambio fiscal, lo cierto es que el importe que recogen las cuentas contrasta con los apenas 55 millones de euros de impacto previsto por la propia Hacienda valenciana. Las medidas suponen básicamente incrementos de las cargas para las rentas y patrimonios más elevados en esos tres tributos, bajo el argumento de que los que más tienen realicen un mayor esfuerzo fiscal por la crisis inflacionista.
Desde la Generalitat defienden que la previsiones se basan en que la recaudación de este ejercicio está siendo superior a la calculada inicialmente y eso se recoge en las expectativas de ingresos. Además, apuntan que sus previsiones macroeconómicas recogen una ralentización económica en la primera mitad del próximo año y una mejoría en el segundo semestre.
El aumento de ingresos previsto resulta fundamental para cuadrar el que será e último presupuesto autonómico antes de las próximas elecciones y para el que socialistas, Compromís y Podemos han pactado otro nuevo incremento del gasto real. Precisamente su volumen crece en una cifra muy similar a la de los ingresos que sumarán los tres impuestos modificados: 1.400 millones de euros. En total, la Generalitat Valenciana prevé desembolsar 22.116 millones de euros de presupuesto no financiero, un 6,8% más que el dinero previsto este año.
El Impuesto de la Renta es el que más representa en cuanto a volumen. Tras modificar las tarifas y los tramos del impuesto para el próximo año en la parte autonómica para aumentar la carga a las rentas de más de 77.000 euros, la Generalitat Valenciana prevé que le reporte un total de 5.390 millones de euros, es decir un 15,33% más que el año anterior.
La mayor subida en porcentaje en la recaudación se genera en el ITP, que grava fundamentalmente la compraventa de vivienda. El próximo año la Generalitat prevé obtener casi 1.800 millones de euros por este impuesto, un 33% más que los cuantificado inicialmente para este ejercicio. Y ello a pesar de las señales que ya advierten de una ralentización del mercado inmobiliario ante el giro de los tipos de interés y la ola inflacionista. Desde Hacienda defienden su criterio, al asegurar que se basan en la subida de precios de la vivienda y que aunque se frene el número de ventas, su importe de las operaciones será mayor. Además para el cálculo del impuesto toma el valor de referencia calculado por el Catastro, superior a los que se aplicaban hasta ahora.
En el caso de Patrimonio, el alza en los ingresos esperados es del 19%. Pese a que el propio Puig ha defendido mantener este polémico impuestos frente a otras CCAA gobernadas por el PP, su aportación a las arcas autonómicas es más limitada: 223 millones de euros.
Choque por Sucesiones
Pese al acuerdo escenificado entre los tres bloques que forman el Gobierno de coalición para la reforma fiscal y los presupuestos de 2023, un impuesto que había quedado al margen de las medidas aprobadas por la Generalitat Valenciana puede convertirse en el nuevo culebrón de una tramitación parlamentaria que año tras año levanta ampollas. Se trata del Impuesto de Sucesiones y la vieja reclamación de la empresa familiar valenciana de que se bonifique este gravamen en su caso para garantizar el relevo generacional y la continuidad de las compañías familiares.
Ximo Puig ya había prometido ese cambio en las anteriores elecciones y el Gobierno autonómico aplica una bonificación del 99%, pero limitada a empresas con una cifra de negocio de menos de 10 millones de euros. En verano en un acto de la empresa familiar en Alicante se comprometió a tramitarlo y recientemente aseguró que habría buenas noticias pronto, pero nunca ha estado encima de la mesa de negociación con sus socios.
Apenas unos días después de llevar a Les Corts el proyecto de Ley de Presupuestos, los socialistas han anunciado que presentarán una enmienda en la que se introduzca el fin del límite por tamaño para las empresas familiares. Una iniciativa que ha provocado sorpresa y rechazo en Compromís y Podemos, que forzaron cambioe en la reforma para incluir más presión a los más ricos. Desde Compromís han dejado caer que no apoyarán esa enmienda a la Ley de Presupuestos. Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, Ferran Martínez, lo calificó de "deslealtad" e incluso mencionó a la mayor empresa valenciana, Mercadona, para mostrar su oposición. "¿Los herederos de Juan Roig no deben pagar impuestos y sí los que reciben un piso en herencia?", se preguntó.
Impuesto a casas vacías
Precisamente los presupuestos sí que recogen otra de las reivindicaciones de Podemos desde que apoya al Gobierno de Puig: un impuesto para los propietarios de más de 10 viviendas vacías. Eso sí, apenas espera recaudar 250.000 euros por ese nuevo gravamen.
