Valencia
El presidente valenciano Ximo Puig se ha convertido en protagonista de la guerra fiscal desatada entre varias comunidades del PP y el Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar una rebajar del tramo autonómico del IRPF para la mayoría de los contribuyentes valencianos este mismo año.
Una medida que levanta ampollas entre las filas socialistas en Madrid, pero que también ha generado resquemor en sus socios de izquierdas en la Generalitat Valenciana, que ven peligrar su discurso sobre impuestos a meses de las elecciones autonómicas.
Un peaje que Compromís y Podemos no están dispuestos a pagar sin arrancar concesiones al presidente valenciano, y más aún de cara a sus propios votantes. Por ello desde las dos fuerzas políticas se lanza el mensaje de que la reforma fiscal pregonada por Puig también incluirá elevar los impuestos para grandes fortunas y empresas.
Una reivindicación continua de ambos grupos al presidente valenciano que ha intentado nadar entre dos aguas hasta ahora. A la vez que rechazaba cualquier rebaja fiscal, también se oponía a aumentar la presión fiscal fundamentalmente a las empresas, por no agravar los efectos por las sucesivas crisis, primero del Covid y después la energética y de precios.
Desde Compromís, la propia vicepresidenta Aitana Mas dejó claro tras el último Pleno del Gobierno valenciano que su formación quiere "equilibrar" la propuesta de Puig con otros cambios tributarios que supongan "una mayor presión a los ricos, a las grandes fortunas". Mas incluso reconoció cierta "incongruencia, en el sentido de que las fuerzas progresistas nunca nos hemos de decantar por la rebaja de impuestos, por eso estamos buscando ese equilibrio".
La compañera de Ejecutivo de Puig recurrió precisamente a las medidas anunciadas por el Gobierno central, con la creación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas, como alternativa para justificar deflactar el IRPF a las rentas bajas. Además, envió un mensaje a su socio al asegurar que esa reforma fiscal "no está todavía cerrada".
La postura del tercer socio de la coalición, Unidas Podemos, aunque menos beligerante de puertas a fuera, va en esa línea. Básicamente pide compensar la pérdida de ingresos con un "esfuerzo adicional" a las rentas más altas y patrimonios.
Sin embargo, hasta el momento ni Puig ni su consejero de Hacienda, Arcadi España, hombre de confianza del presidente que precisamente fue nombrado en mayo para la recta final previa a las elecciones, parecen dispuestos a dar el brazo a torcer. El presidente fue muy claro al anunciar que los cambios en el IRPF tendrían "efecto neutros" para las rentas de más de 60.000 euros.
Desde la propia Generalitat se traslada que en el proyecto que se maneja en estos momentos no se plantea aumentar las tarifas en los mayores tramos. Una presión fiscal que en el caso valenciano ya se encuentra a la cabeza, con un tipo marginal máximo del 54% para las rentas más elevadas, el mayor de toda España.
Los socialistas valencianos defienden que la rebaja está destinada a la mayoría de población, fundamentalmente a rentas de menos de 30.000 euros, por lo que es una medida que aumenta la progresividad fiscal. Un argumento con el que también tratan de desmarcarse de las políticas del Partido Popular en otras autonomías.
Los otros impuestos
La otra vía para intentar satisfacer a sus socios puede pasar por incrementar otros impuestos de competencia autonómica, como Sucesiones o Actos Jurídicos. Puig hasta ahora ha sido un encendido defensor de mantener el Impuesto de Patrimonio, uno de los motivos de sus choques con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su cruzada reclamando la armonización fiscal entre CCAA. Pero incrementarlo aún más cuando también está entre los más altos de todos los territorios resulta difícil de justificar, tras repetir en varias ocasiones que no aumentaría las cargas fiscales por la crisis y haber recibido el apoyo de la patronal CEV a su rebaja. En el caso de Sucesiones, el presidente valenciano incluso se comprometió en un acto de la empresa familiar en Alicante a ampliar la reducción de la base imponible del 95% al 99% a todas las empresas familiares, suprimiendo el límite actual que excluye a las que superan los 10 millones de euros de negocio.
Tampoco hay que perder de vista que los cambios fiscales forman parte de la negociación de los últimos presupuestos autonómicos de esta legislatura. Unas cuentas públicas que los tres socios comparten que serán expansivas y conllevarán más gasto. Por eso la clave será dar con una fórmula para compensar los 150 millones de euros que se dejarán de recaudar por el recorte de las tarifas del IRPF y que permita satisfacer las aspiraciones presupuestarias de cada socio.