Valencia
El presidente valenciano Ximo Puig ha convertido el traslado de sedes de instituciones del Estado ubicadas en Madrid a otras ciudades en una de sus grandes banderas reivindicativas para avanzar en la descentralización. Una propuesta que en el caso valenciano ha personalizado en Puertos del Estado, la entidad del Ministerio de Fomento que coordina y controla las 28 Autoridades Portuarias que gestionan los 46 puertos de interés general de toda España.
Puig basa esta reclamación en la paradoja de que el principal organismo estatal vinculado a los puertos marítimos esté ubicado a 350 kilómetros del más cercano. Además defiende el peso del puerto de Valencia, que concentra casi el 40% del tráfico de importación y exportación de España y es el mayor puerto nacional en contenedores, como argumento fundamental frente a otros candidatos.
Ese ansiado traslado de Puertos del Estado a Valencia tendría un incuestionable efecto simbólico, especialmente por la tradicional estructura radial del Estado, con Madrid como centro en la toma de decisiones y kilómetro cero de las infraestructuras nacionales.
Sin embargo, si se analiza el impacto económico que podría suponer esa mudanza para la capital valenciana, los números apuntan que el efecto sería mucho más limitado que otras reivindicaciones valencianas.
En el caso de Puertos del Estado ese 'efecto sede' se ve desinflado por el hecho de que precisamente el sistema portuario español se caracteriza por una fuerte descentralización. Es cierto que Puertos del Estado tiene que dar el visto bueno y supervisar a las 28 Autoridades Portuarias, pero es cada una de ellas la que gestiona sus ingresos, elabora sus presupuestos y planes de inversiones e incluso tienen capacidad propia de endeudarse. Además, en sus consejos de administración los Gobiernos autonómicos tienen un importante peso, como la capacidad de nombrar a su presidente y varios de sus consejeros.
Un vistazo por encima en los Presupuestos Generales de los de Puertos del Estado puede generar un efecto engañoso. Los del año 2022, recogen una previsión de ingresos de 1.141 millones de euros, con unos gastos de personal y de explotación, de 688 millones de euros, además de inversiones por 925 millones. Sin embargo, en esos datos consolidados se incluyen a las 28 autoridades portuarias, que son las que en la práctica recaudan los ingresos vía tasas en cada puerto y deciden y ejecutan el gasto y las inversión.
Si se analizan las últimas cuentas individuales de Puertos del Estado, en las que no se suman las autoridades portuarias, los gastos de personal y de explotación, el dinero corriente que gestiona para sus propios gastos, es mucho más modesto. En total 31,32 millones de euros en 2020. Sólo la Autoridad Portuaria de Valencia, que además de los muelles de la capital gestiona los de Sagunto y Gandía, duplicó ese importe ese mismo ejercicio, con más de 61 millones de euros. Si se añaden Castellón y Alicante, ese gasto supera los 80 millones.
En términos de empleo, el impacto de la mudanza del organismo estatal ubicado en del Campo de las Naciones de Madrid al entorno portuario de Valencia también resulta muy limitado. Según los datos al cierre de 2020, el organismo contaba con 135 empleados, es decir, cinco veces menos que las plantillas que suman los tres entes públicos dependientes de él y que administran los recintos de Alicante, Castellón y Valencia. Las tres autoridades portuarias tienen en nómina a algo más de 700 empleados. Unas cifras que sólo incluyen el personal directo de la administración y no a la mayoría de los trabajadores del sector portuario y sus servicios, como la estiba o los concesionarios.
Efecto sede
Además del efecto directo en gasto y en términos de empleo, otro de los beneficios que suele conllevar el traslado de una sede institucional es la atracción de organismos o empresas que trabajan de forma habitual y continua con él. Ese es el caso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), un organismo europeo que con su ubicación en Alicante atrajo a la ciudad a despachos de abogados y consultores vinculados al sector de la propiedad industrial y proveedores de servicios tecnológicos.
Pero en el supuesto de Puertos del Estado existe una gran diferencia de partida. En Valencia ya existe una fuerte presencia del sector portuario y marítimo vinculado precisamente a la actividad de los muelles. MSC, la naviera con una flota con mayor capacidad de contenedores en el mundo actualmente, tiene desde hace año aquí la sede de su filial para España, ha instalado en la ciudad del Turia su firma logística, ha adquirido compañías valencianas de transporte y planea construir un segundo edificio de oficinas. Otro ejemplo es la china Cosco, dueña de la mayor terminal de contenedores, que además adquirió la empresa ferroviaria valenciana de mercancías Logitrén, en que es socia la propia Generalitat.
La propuesta del presidente valenciano ha chocado con los planes del propio Pedro Sánchez, que defiende una descentralización, pero que se aplique sólo a a nuevos organismos. Una fórmula para evitar agravios y el recelo de los propios funcionarios, pero que no ha evitado polémicas con Madrid como la de la Agencia Espacial Española.
Precedente fallido del PSPV con el ICO
Pese al ruido que ha levantado la propuesta de Puig, no es la primera ve que la federación socialista valenciana apela a mover sedes estatales a Valencia. En 2007, el PSPV, encabezado entonces por Joan Ignasi Pla, aprovechó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero había aprobado el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona para incluir en su programa electoral el traslado del Instituto de Crédito Oficial (ICO), precisamente en la zona creada en el puerto para la Copa América de vela. Entonces presidía el ICO el actual presidente del puerto de Valencia, el socialista Aurelio Martínez.
