El Ministerio de Hacienda ha decidido adelantar la entrada en vigor del futuro impuesto sobre el beneficio de las empresas eléctricas a 2022 para evitar los recursos del sector energético contra la nueva figura tributaria por retroactividad, si entrase en vigor en 2023, tal y como anunció el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado sábado.
De esta forma, Hacienda se plantea presentar una proposición de ley en el mes de julio, por el trámite de urgencia, que entrará en vigor antes de que acabe el presente ejercicio situando su devengo al 31 de diciembre de 2022, aunque será exigible a partir de 2023. La concepción de este impuesto es similar a los de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Sociedades, que generalmente se devengan a 31 de diciembre de cada año.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda quieren blindar el impuesto ante posibles demandas de las empresas eléctricas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicaba ayer en una entrevista en Antena 3, que las empresas energéticas están entre las interesadas en "derribar al Gobierno" de Pedro Sánchez porque su intención es preservar su margen de beneficios".
"Hay intereses económicos vinculados a las energéticas, pero no solo que quieren preservar el margen de beneficios que han tenido durante una década. Esto es una alianza que los poderes públicos percibimos con claridad fundamentalmente cuando empresarios y medios de comunicación, es decir, el conjunto de los que pretenden derribar a este Gobierno, se alían e intentan convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas", denunciaba Montero.
La ley establece que "salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo"
A este respecto, Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), aclara que la cuestión de la retroactividad en la tributación no existe en general. El artículo 9.3 de la Constitución Española no prohíbe la retroactividad de las normas tributarias, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia de 28 de octubre de 1997.
Por otra parte, en el artículo 10 de la Ley General Tributaria tampoco se prohíbe su retroactividad, ya que se establece que "salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo".
Por ello, es necesario distinguir entre dos tipos distintos de retroactividad: la propia y la impropia. En el primer caso, que es la que Hacienda trata de evitar, es la primera, que afecta a obligaciones ya consolidadas, como es el caso de un período impositivo ya concluido.
Por el contrario, la retroactividad impropia es aquella en que la normativa incide sobre situaciones nacidas bajo la vigencia de la legislación anterior, pero que, sin embargo, no se han agotado todos sus efectos en la fecha en que entra en vigor.
Es decir, esta retroactividad actúa solo en el caso de los tributos periódicos, porque en los instantáneos se agota inmediatamente.
Posibilidad de anulación judicial
El otro problema al que se enfrenta Hacienda es la posibilidad de que el impuesto pueda ser anulado por los jueces por incidir sobre la misma base imponible que el de Sociedades.
A este respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba ayer a su entrada en el Consejo de Ministros de Energía de la UE, que "estamos buscando el modo de introducir un gravamen sobre las diferencias de beneficios de las compañías energéticas en este último año".
Tanto Stella Raventós como otros especialistas consultados creen que aún es pronto para saber si el texto puede incidir en doble imposición de los beneficios obtenidos. Todo dependerá de la definición que se incluya en el texto del nuevo impuesto.
Para Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf), a la espera de ver el sistema elegido, se puede modificar solo el tipo, incluyendo, incluso, una tabla con diversos niveles según beneficios obtenidos o crear un nuevo tributo.
El modelo italiano
Tal y como hiciese el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, manifestaba ayer el interés del Gobierno en el diseño del impuesto italiano sobre los beneficios caídos del cielo de las grandes compañías energéticas (eléctricas, gasísiticas y petroleras).
Este nuevo impuesto del Estado italiano grava con un nuevo 10%, un 25% en total, los beneficios obtenidos como diferencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, siempre que sean superiores a 5 millones de euros.
El Gobierno de Mario Dragui estima que estos beneficios extraordinarios suman un total de 40.000 millones de euros en esos meses.
El cálculo se hace sobre los beneficios de la compañía y no solo afecta a las compañías eléctricas, se basa en un impuesto que afecta a todas las empresas energéticas, también las que hacen negocio con el gas natural o el petróleo.
Con todas las garantías
La también vicepresidenta tercera del Gobierno ha comentado que "es el Ministerio de Hacienda el que está estudiando la manera en que esta figura impositiva pueda funcionar con todas las garantías y con arreglo a las reglas ordinarias de nuestro sistema fiscal".
Por su parte, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, se refería ayer a que "todo el mundo puede entender que el conjunto de empresas energéticas, no solo las eléctricas, están teniendo beneficios no justificables y ha considerado "de justicia social que se redistribuya la carga que supone el alza de la inflación".
Montero ha comentado que "lo haremos con el concurso de los dos grupos que sostienen este Gobierno y, convencida, que con la aprobación de los grupos que habitualmente refuerzan las actuaciones del Gobierno en el Congreso".
Ribera, finalmente, se ha mostrado favorable a introducir un límite de precio a las importaciones de petróleo de Rusia y ha anunciado que pedirá a Bruselas acelerar los trabajos, en línea con el debate abierto en el seno del G-7.
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