Economía

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Mercado de Valores

  • La nueva norma impide la posibilidad de renovar en el cargo
  • Calviño alerta de la evolución al alza de la inflación subyacente
  • Vuelve a admitir una inflación más elevada durante más tiempo
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. EFE
Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el proyecto de ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, que amplía el mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo, lo que podría imposibilitar que Rodrigo Buenaventura permaneciese al frente del organismo supervisor más allá de diciembre de 2024, cuando hasta ahora se preveía que pudiese renovar en el cargo por cuatro años más tras agotar ese mandato.

La reforma de la ley del mercado de valores incluye un proyecto de ley y tres reales decretos de desarrollo, lo que permitirá al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital contar con cierta agilidad para incorporar futuras transposiciones y adaptaciones de la normativa en función de la evolución de la regulación a nivel europeo.

Uno de los elementos destacables de la nueva ley es la actualización y homologación del régimen de renovación del presidente y del vicepresidente de la CNMV, que hasta ahora asumían un mandato de cuatro años que podía ser renovado una vez más, por lo que los elegidos podían mantenerse en el cargo hasta un máximo de ocho años.

Este es el caso de Rodrigo Buenaventura y de Montserrat Martínez Parera, que fueron nombrados presidente y vicepresidenta del organismo supervisor de los mercados en diciembre de 2020 por un periodo de cuatro años que, tras su finalización en diciembre de 2024, podía ser prorrogado por otros cuatro años más.

Ahora, se establece que los nombramientos del presidente y vicepresidente de la CNMV tendrán una duración de seis años no renovables, homologando el régimen al de las principales instituciones europeas y domésticas, como el Banco de España.

Incertidumbre económica

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, prepara a la economía española para una segunda mitad del año marcada por una "gran incertidumbre en un contexto internacional". Las claves para medir la evolución en los próximos seis meses, según la titular de Asuntos Económicos, pasa por la evolución de la guerra, de la inflación, del mercado laboral, de la energía y de las cuentas públicas.

El conflicto en el este de Europa afecta al mercado global, y concretamente a España. Lo que Calviño considera un "shock exógeno" en el que el Ejecutivo no tiene control, afecta directamente a la escalada de la inflación en España, que ya alcanza un 8,3% en mayo a la espera del dato adelantado correspondiente al mes de junio, que se publicará el miércoles.

Calviño alertó sobre la evolución también de la tasa subyacente, que excluye los precios energéticos y los alimentos sin elaborar. Esta tasa roza el 5% tras acumular más de un año al alza en una evolución de crecimiento inédita en la serie histórica, según publica el INE. Todo esto lleva a España a una coyuntura con una inflación más elevada, durante más tiempo, tal y como ya avanzó tras las elecciones andaluzas. 

Tras el crecimiento más pobre de lo esperado en el primer trimestre, donde el consumo y las exportaciones lastraron al PIB, Calviño avanzó que el comportamiento del segundo trimestre está siendo algo más positivo, con un "aceleramiento". 

El mercado laboral está sosteniendo gran parte de la economía, con una evolución positiva según la valoración de la ministra Calviño. No es un elemento con especial exposición indirecta a la guerra. Al contrario, los precios energéticos disparados sí son un elemento derivado de la guerra en Ucrania que ha provocado que España llegue a movilizar más del 1% del PIB en medidas contra la inflación.

La balanza de pagos y el mayor gasto público derivado de estas medidas irá configurando el comportamiento de las cuentas públicas, que deben cumplir con el objetivo de la reducción del déficit por debajo del 3% y con una obligación de bajar una deuda pública que se coloca en 1,44 billones de euros. En este caso, el diferencial de los precios frente al entorno también marcará el grado de competitividad frente a Europa.

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