Los 'frugales' exigen duras condiciones para que el BCE apoye a Italia y España

El nuevo cortafuegos del BCE para evitar otra crisis de deuda en la eurozona, anunciado esta semana, aún carece de diseño definitivo. Sin embargo, los países del norte de la Unión Monetaria (los llamados frugales) ya tienen claro que sus homólogos del sur se someterán a un alto peaje a cambio de beneficiarse de dicho escudo. Fuentes cercanas al eurobanco revelan a elEconomista que los frugales del Consejo de Gobierno de la institución monetaria se mostraron "muy reticentes" ante la reactivación de las compras de deuda para proteger a España e Italia, y sólo la aceptarán imponiendo "estrictas condiciones" a esas economías.

No se trata meramente del endurecimiento de los requisitos técnicos que todos los analistas anticipan ya, como el acortamiento del plazo temporal durante el cual el BCE podrá volver a adquirir bonos. Lo que los Gobiernos de Holanda, Finlandia o Austria tienen en mente, según las fuentes consultadas, es "un ajuste generalizado del gasto público" para poner en orden el déficit y el endeudamiento de las Administraciones españolas, transalpinas y del resto de los países meridionales del euro, aun cuando las condiciones del Pacto de Estabilidad sigan oficialmente suspendidas en 2023.

Se trataría, en otras palabras, del regreso de los hombres de negro a esos territorios.

El recurso a los términos y el discurso propios de las crisis financieras de 2012 y 2015 no es en absoluto casual. Los países frugales extrajeron de esas turbulencias unas lecciones que están dispuestos a aplicar ahora en toda su extensión. En primer lugar, demandan que el BCE sea escrupuloso en el cumplimiento de sus propios plazos y compromisos.

Fin de las compras

En este sentido, recuerdan que Fráncfort dejó claro que las compras de deuda puestas en marcha en el Programa Extraordinario Antipandemia (PEPP) se terminaron el pasado 31 de marzo y así deben continuar.

Toda reactivación de las adquisiciones de activos tiene que considerarse, por tanto, una acción excepcional asociada a unas nuevas exigencias para quienes más se van a beneficiar de ellas. Los frugales, con todo, saben que no pueden llevar su rigidez al extremo y romper la baraja en el Consejo de Gobierno del BCE.

Ucrania lo cambió todo

Hay claras diferencias entre la situación actual y la propia de 2012 y 2015. La nueva guerra en Europa alteró muchas cosas, hasta el punto de que la UE ha adoptado un nuevo rol como adalid de la solidaridad con un país ajeno a la propia Unión, como es Ucrania.

En este contexto, sería injustificable que, en medio de esta misma crisis, la eurozona se viera minada internamente y los países del norte se desentendieran de sus vecinos del sur.

Pero los frugales están muy lejos de olvidar que la media de déficit público de Italia, Grecia, Portugal y España se sitúa actualmente en el 6,07% del PIB casi el doble que la propia de las principales economías septentrionales (incluyendo Alemania). La brecha todavía es más grande en lo que respecta a la deuda pública. El promedio en el norte de Europa es del 67% del PIB, frente al 147,5% de sus homólogos periféricos.

Ni el reciente Programa de Estabilidad ni ningún otro documento de Moncloa contiene hoja de ruta alguna de contención del gasto

La imposición de una estricta condicionalidad a estos últimos no sólo es una certeza en el BCE sino también en Bruselas. Fuentes de la Comisión Europa aseguran que es, además, un requisito necesario para evitar "otro enfrentamiento con el Constitucional alemán", informa Carmen Obregón.

De este modo, en el Ejecutivo comunitario hacen referencia al litigio en el Alto Tribunal teutón por el programa OMT de compras masivas de deuda que puso en marcha el ahora primer ministro italiano, Mario Draghi. El recurso fue finalmente desestimado pero originó una larga batalla judicial.

El analista de Pictet WM, Frederick Ducrozet abunda en este tema y también ve en la condicionalidad para el nuevo escudo del BCE un útil recurso "para evitar riesgos jurídicos".

Dicha situación plantea un importante problema en el caso español. Ni el reciente Programa de Estabilidad ni ningún otro documento elaborado por Moncloa contiene hoja de ruta alguna de contención del gasto. Muy al contrario, los desembolsos corrientes están en auge con medidas como la revinculación de las pensiones al IPC que, por sí sola, supondrá más de 15.000 millones extra para los Presupuestos Generales el año próximo.

Está por verse cómo semejante partida podrá justificarse no sólo ante Bruselas, cuyos límites de gasto corriente siguen vigentes para 2023, sino también ante los representantes de los países frugales que se sientan en el Consejo de Gobierno del BCE.

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