Valencia
El turismo, que representa el 15% del PIB de Comunidad Valenciana, se ha convertido en uno de los sectores económicos puesto continuamente en tela de juicio por parte de Compromís y Podemos, los dos socios en el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. Un posicionamiento que ha tenido su máximo exponente en el continuo intento de imponer una tasa turística que grave la llegada de visitantes a la región y que rechazan las empresas del sector.
La reivindicación de este impuesto ha sido uno de los principales motivos de desavenencias entre los socialistas y sus socios. Para tratar de cerrarlo definitivamente, en la negociación de los últimos presupuestos sus grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo a finales de 2021 para tramitar a lo largo de este año el bautizado como Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas.
La propuesta presentada por los tres partidos de izquierdas en las Cortes Valencianas en la práctica supone rebajar notablemente las expectativas iniciales de Compromís y Podemos. El nuevo impuesto en primer lugar no se aplicará en el conjunto de la comunidad autónoma, si no que serán los municipios los que tendrán que decidir si hacen uso de él y los responsables de su gestión.
Y hasta el momento la mayoría de los grandes destinos turísticos valencianos, con la excepción de Valencia donde gobierna Joan Ribó de Compromís, se han pronunciado claramente en contra de aplicar la tasa. Un rechazo que en la práctica hace que si finalmente se aprueba la propuesta de ley sus efectos sean muy limitados.
El propio presidente valenciano, Ximo Puig, hurgó en la herida con sus socios al reconocer su escasa efectividad. "Realmente no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad de la Comunidad Valenciana porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos han decidido no hacerlo", aseguró Puig en un acto esta semana.
Las reticencias del líder socialista a esta tasa que irrita a uno de los grandes sectores de la región no son nuevas. Su principal argumento hasta ahora era que tras la fuerte crisis que ha supuesto la pandemia para la industria turística que aún está camino de la recuperación no era el momento para plantear una medida que puede reducir su competitividad.
Los enfrentamientos
Más contundente aún que el líder socialista se ha mostrado uno de sus hombres de confianza, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. El máximo responsable en esta materia de la Generalitat siempre ha mostrado su rechazo a un impuesto como el planteado. La semana pasada incluso llegó a abrir la puerta a su dimisión si el proyecto de ley finalmente se aprueba y aseguró que no conoce a ningún alcalde socialista que se muestre a favor de aplicarla.
Aunque el nuevo impuesto no sería aplicable hasta 2024, en las filas socialistas se teme el efecto de aprobar una nueva tasa sobre uno de los grandes motores económicos, precisamente a la vez que la Generalitat anuncia rebajas de tasas en transporte o las matrículas universitarias para capear los efectos de la inflación desbocada.
Sin embargo para Compromís y Podemos se trata de una medida irrenunciable, como recordó uno de sus grandes adalides, el alcalde de Valencia, Joan Ribó. El representante de Compromís respondió a Colomer recordándole que en muchas capitales europeas se aplican tasas similares y que en el caso de la capital ya existe un pacto con los propios socialistas.
El nuevo impuesto se ha encontrado con el rechazo frontal del sector turístico valenciano, encabezado por la asociación hotelera Hosbec y la propia patronal autonómica CEV, que la califican de "tasa ideológica". Si finalmente los socios del Botànic aprueban el impuesto con su mayoría en Les Corts, también los partidos de la oposición están dispuestos a continuar con la batalla. El PP ya ha anunciado que presentará una moción en contra en todos los ayuntamientos.
