La inflación se encuentra en máximos desde 1985 en España. La fuerte subida de los precios está destrozando el poder adquisitivo de las familias, sin embargo hay un colectivo que parece estar blindado ante la inflación tras la última reforma: los pensionistas. La indexación de las pensiones al IPC ha llegado justo a tiempo para este colectivo, pero a la vez supondrá un golpe más para las ya maltrechas finanzas públicas. El déficit estructural y la deuda pública sufrirán una nueva vuelta de tuerca justo ahora que los tipos de interés empiezan a despegar.
La reciente Ley 20/2021 incluye, entre otras medidas, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con la tasa media del IPC. Con esta medida el legislador quiere proteger a la población pensionista de pérdidas de poder adquisitivo derivadas de la evolución de los precios, aislando a este colectivo de la evolución de la economía, según publica Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la URJC en un documento publicado por Fedea.
Esta decisión, no obstante, implica un incremento importante del gasto público en pensiones que la AIReF ha estimado en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB. Este aumento se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2% del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema.
Miguel Ángel García cuantifica el posible impacto de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total en esta materia y sobre las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023. Los cálculos se basan en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios, salarios y PIB a la luz de la nueva situación creada por la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha elevado la inflación hasta el 9,8% en tasa interanual en marzo. Según el Banco de España, el sobrecoste por la inflación podría superar los 13.000 millones de euros.
El gasto se dispara
Bajo estas hipótesis, el gasto público total en pensiones superaría el año que viene los 188.500 millones de euros (el 14% del PIB), con lo que habría aumentado en 1,7 puntos de PIB sobre el nivel existente en 2019, momento en el cual estaba situado en la media de los países de la Zona Euro. Una inflación superior al 6% que se supone en esta nota empeoraría la situación, dado que cada punto adicional de IPC aumentaría el gasto total en pensiones en torno a 1.700 millones de euros (0,12 puntos del PIB).
El déficit del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023 se situaría en el 1,2% del PIB en 2023 (-15.200 millones de euros) después de inyectar 18.396 millones de euros desde la Administración General del Estado en concepto de gastos impropios.
Si se excluye este concepto, el saldo negativo del sistema aumentaría hasta el 2,6% del PIB (-33.600 millones de euros). De cumplirse este escenario, el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio justo antes de iniciarse la entrada en edad de jubilación de la generación del baby boom, con el consiguiente aumento del ritmo de crecimiento del gasto.
Por otro lado, este mayor gasto afecta al equilibrio financiero de la Administración en su conjunto. La situación del gasto público en pensiones, que absorbe una tercera parte del gasto público total, se vuelve aún más comprometida por la delicada posición de las cuentas públicas españolas: déficit del 6,7% del PIB y deuda pública del 118% del PIB en 2022, con una alta probabilidad de mantener un déficit estructural en torno al 4,5% del PIB.
García destaca que "el sistema público español de pensiones es contributivo de prestación definida, pero en la práctica no está apoyado en criterios actuariales y tampoco tiene una relación estrecha con la evolución de la economía en el cálculo de las prestaciones. Además de esta característica, que explica la tasa de reposición más alta de los países de la Zona Euro, la llegada de dos crisis de forma imprevista ha podido servir para mostrar la inconsistencia de la decisión adoptada en la última reforma de aislar a la población pensionista de la evolución de la economía, al generar, si no está acompañada de medidas adicionales, importantes repercusiones negativas en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y un deterioro de la equidad entre generaciones".
