Ningún alivio real pueden esperar las empresas del nuevo plan de choque contra la crisis. Muy al contrario la intención del Ejecutivo parece mucho más orientada a encubrir esa situación y propiciar que, simplemente, siga extendiéndose en el tiempo.
Así, por un lado, pretende imposibilitar los ajustes de plantilla, mediante lo que, según todos los visos, constituirá el regreso de la prohibición de los despidos objetivos que estuvo en vigor durante la epidemia del Covid.
En cuanto a la precaria situación financiera en la que cientos de negocios están inmersos, toda ayuda se reduce a la liberación de otros 10.000 millones en concepto de avales del ICO, pese a que aún quedan 47.000 millones, del total de 140.000 millones movilizados desde 2020, que no encuentran demandantes desde hace meses entre las empresas y los autónomos.
La recuperación de estas viejas recetas, como única ayuda para las empresas, puede no ser tan sencilla desde el punto de vista legal, sobre todo en lo que afecta a la prohibición de despidos.
En concreto, el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sopesaba ayer con cuidado la redacción jurídica para "prohibir" despidos objetivos amparados por los efectos económicos de la guerra, pero sin acudir a una prohibición explícita como se utilizó durante la pandemia. Por otro lado, ni empresarios ni sindicatos han sido convocados a negociar las medidas de ámbito laboral que ultimaba ayer el Ministerio de Trabajo para someter hoy a la aprobación del Consejo de Ministros, según confirmaron ayer fuentes tanto de CEOE como de CCOO y UGT a elEconomista.
Palabras omitidas
Según estas fuentes, no se habría producido ni una información, al menos durante la mañana de ayer. El presidente Pedro Sánchez no citó la palabra "prohibir" en referencia a los despidos objetivos durante su intervención en el Foro de Europa Press, aunque de sus palabras se colige que la intención del Gobierno es vetar de forma coyuntural el despido con un coste de 20 días de indemnización, lo que lo elevaría a 33 días la indemnización.
No obstante, la vicepresidenta Díaz, que habló tras el presidente, evitó citar "prohibir" e insistió en que la principal medida laboral que se aprobará hoy es el fomento del uso de los Ertes para transitar estos tres meses que durará el plan que se aprobará este martes (del 1 de abril al 30 de junio).
"Las ayudas sociales se complementarán con los Ertes, con un mandato claro: no tenemos que despedir a nadie; hay que ir al mecanismo Erte y que en caso de que se haga un mal uso del mismo, las empresas que acudan al Erte tendrán que devolver las ayudas públicas percibidas y, por supuesto, no podrán despedir a las personas trabajadoras que acudan al Erte", dijo.
El dilema ayer en el equipo jurídico del Ministerio de Trabajo era encontrar la fórmula jurídica para que las empresas tengan que acudir a los Ertes antes de despedir con causas objetivas y, por tanto, con una indemnización de 20 días. Dificultar este despido de forma que tuviesen que optar por la fórmula de improcedente, con un coste de 33 días por año trabajado.
