El Gobierno ha planteado para los próximos tres meses un plan de choque de cinco ejes con el que busca amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania sobre la recuperación económica de España y sobre el bienestar de los ciudadanos, en plena subida de la inflación. Entre las medidas, el Ejecutivo bonificará las gasolinas con 20 céntimos por litro no solo a los transportistas sino también a los particulares, "evitará" los despidos o topará las subidas del alquiler al 2%.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes en el foro 'Generación de Oportunidades' de Europa Press y McKinsey & Company las medidas que incluirá el plan de choque de respuesta al impacto económico y social de la guerra de Ucrania que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
En total, serán 16.000 millones para los próximos tres meses, hasta el 30 de junio, de los que 6.000 serán repartidos en forma de ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través de créditos ICO para apoyar al tejido económico y empresarial en la cobertura de las necesidades de liquidez ocasionadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles.
El Gobierno "conoce" los problemas de los sectores afectados y repartirá de forma justa los "sacrificios" a los que obliga una guerra que llega "en plena recuperación económica", ha dicho Sánchez durante la intervención en la que ha esbozado el plan de cinco ejes, que incluye medida para familias y trabajadores, para el tejido empresarial y económico, para el transporte, medidas en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.
De los 0,20 euros por litro que se bonificarán en el repostaje de gasolinas, 0,15 euros los subvencionará el Estado y los 0,05 restantes las petroleras.
Se prohíben los despidos por causas vinculadas a la guerra
También se "evitarán los despidos", ha indicado Sánchez, para instar a las empresas a acudir a medidas de flexibilidad interna, como los expedientes de regulación temporal del empleo (Erte), "que tan bien funcionaron durante la pandemia".
La semana pasada trascendió que el Ministerio de Trabajo estaba valorando volver a prohibir el despido objetivo, indemnizado con 20 días por año trabajado, una norma ya fue aplicada durante la pandemia. En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que se prohibirán los despidos por causas vinculadas a la guerra de Ucrania: "No tenemos que despedir a nadie", ha dicho y ha instado a las empresas a acudir a los Erte, que tienen cláusula de mantenimiento del empleo como recuerdan a este medio desde el Ministerio.
En caso de despido por parte de empresas que hayan acudido a este mecanismo, estas tendrán que devolver las ayudas públicas percibidas.
En pleno debate sobre prohibir de nuevo los despidos objetivos, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recordó el viernes en declaraciones a La Sexta que "hay que evitar un estado de ánimo que no es el de la pandemia", desmarcándose de la contundencia de Díaz.
Sube el IMV, se limitan las subidas del alquiler...
En materia de vivienda, el Gobierno topará la revisión de los contratos de alquiler en el 2% hasta el 30 de junio. Durante la configuración del plan, Díaz pidió congelar los precios de los alquileres ante la escalada de la inflación para impedir la consecuente subida de las rentas según el IPC (en febrero, en el 7,6%) en los contratos que tengan revisión, por lo que la medida complace una de las peticiones de Unidas Podemos.
Fuera del empleo, las medidas sociales también incluyen una subida del 15% del ingreso mínimo vital (IMV) en los próximos tres meses y se sumarán 600.000 familias más al bono social y ya acogerá a 1,9 millones de hogares.
También se ampliarán las medidas fiscales a la luz ya implementadas y que rebajan el IVA al 10%. Unidas Podemos luchó por un cheque energético de 300 euros para ayudar a pagar la factura de la luz a familias con ingresos por debajo de los 70.000 euros brutos anuales que no ha salido adelante en sí mismo aunque los coportavoces de la formación morada, Isa Serra y Pablo Fernández, han reconocido que la mejora del IMV supone de facto desplegar esa idea en las familias más vulnerables porque se traducirá en subidas de entre 240 a 420 euros.
Ayudas a agricultura y pesca
En cuanto a las empresas, podrán acceder a las nuevas líneas ICO por 10.000 millones. En este punto, el Gobierno ha incluido ayudas para la agricultura y ganadería (362 millones) y para la pesca y acuicultura (68 millones).
Para la industria gran consumidora de energía habrá una dotación de 500 millones de euros para compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector.
El plan también recoge la extensión del plazo de vencimiento de los prestamos avalados por el ICO y el de carencia para los sectores más afectados.
Ayudas al transporte: de 1.250 euros por camión a 300 por vehículo ligero
El sector de los transportes recibirán una inyección de más de 1.000 millones de euros entre la bonificación de 20 céntimos por litro repostado y los 450 millones en ayudas directas "para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal de la energía y combustibles".
En este punto, Sánchez ha avanzado las ayudas concretas, que serán de 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta o ambulancia o 300 euros por vehículo ligeros (taxis, vtc.).
Además, se acortará de tres meses a uno la devolución del impuesto sobre hidrocarburos y se mantiene el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo, como el Gobierno ha hecho con agricultores y ganaderos con la Ley de Cadena Alimentaria.
La "excepción ibérica": se fijará un precio de referencia del gas
Lo que no podrá aplicar, de momento el Gobierno son las medidas para rebajar los precios de la energía a las que dio luz verde el viernes el Consejo Europeo ante la singularidad de los casos de España y Portugal.
Sobre esta cuestión, Sánchez ha anunciado que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida "excepcional y temporal" para fijar un precio de referencia del gas, aunque no ha detallado la cuantía. Esto, ha indicado, "no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y permitirá a España y Portugal "rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata" sin "distorsionar" el mercado de la electricidad de Europa.
El plan también actualizará el sistema de retribución para las renovables, cogeneración y residuos (Recore), que supondrá una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones, y extenderá hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el "exceso de beneficios" en el mercado eléctrico.
Para que la "excepción ibérica" sea una realidad habrá que esperar "tres o cuatro semanas", indicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la semana pasada.
Por último, el plan de ciberseguridad a escala nacional contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros e incluirá "más de 150 actuaciones esenciales". Además, se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G en "servicios imprescindibles" como el transporte, la energía o el de la medicina.
