El Ministerio de Transición Ecológica ultima una reforma temporal del mercado eléctrico para tratar de contener los desbocados precios de la luz. La medida, anunciada para este próximo martes, se retrasará varias semanas, tal y como ha reconocido la propia vicepresidenta, Teresa Ribera, hasta que logre superar el examen de la Comisión Europea. Un extremo que, previsiblemente, no se conseguirá hasta que se conozca en detalle el informe sobre el mercado mayorista de los reguladores europeos (ACER).
Bruselas quiere vigilar de cerca el paquete de medidas que está dispuesta a adoptar España y Portugal después del choque que supuso el Real decreto 17/2021 y que provocó una fuerte caída de las compañías eléctricas en bolsa y una dura carta de protesta del Ejecutivo comunitario al Gobierno español tras recibir fuertes quejas de los inversores.
Tras el Consejo Europeo celebrado el pasado jueves y viernes, España logró arrancar después de una fuerte insistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inclusión de un escueto comentario en la declaración final en la que se aseguraba que "las circunstancias nacionales y el mix de los estados miembros serán tenidos en cuenta".
Esta simple declaración, junto con la posterior aclaración de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, de que habría una consideración adicional con la Península Ibérica fue suficiente para que el Gobierno español lo considerara una gran victoria tras haber llevado a cabo una amplia gira europea que únicamente sirvió para constatar lo que ya se sabía: Europa no quiere modificar el mercado mayorista de electricidad.
Este próximo mes de abril, el organismo de reguladores Acer dará a conocer su informe definitivo sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y en el mismo se espera que se siga defendiendo su apuesta por el mercado marginalista, aunque todo apunta a que se incluirán algunas recomendaciones para mejorar a medio plazo el funcionamiento del mismo con contratos bilaterales en ambas direcciones (consumidores y generadores) o el uso de un modelo de agregadores para poder proteger a los clientes frente a la elevada volatilidad de los precios.
La Comisión Europea ha aceptado la posición del Gobierno español de que el ínfimo nivel de interconexiones impide poder beneficiarse de las ventajas de un mercado marginalista y, por ese motivo, está dispuesta a tener en consideración algunas medidas adiciones y con carácter temporal que pueda plantear España siempre que no afecten al funcionamiento del mercado único.
Según fuentes consultadas por este diario, España y Portugal propondrán fijar un precio límite a las ofertas de los ciclos combinados en el mercado eléctrico. Este límite, que podría rondar los 180 euros ( a razón de 100 euros para el gas) supondrá la obligación de compensar el coste del gas no cubierto, ya que de lo contrario las centrales de gas no ofertarían en el mercado y acudirían al mercado de restricciones para poder operar.
La medida supondría una bajada automática de la tarifa eléctrica para los clientes que estén en el mercado regulado (PVPC) -del que han huido a lo largo del año pasado cerca de 1,2 millones de clientes- y para aquellos industriales que acuden al mercado spot. A medio plazo también supondría una rebaja de las ofertas en el mercado libre que desde enero han comenzado a reflejar las fuertes subidas del mercado mayorista.
Para hacer frente a este coste, en la propuesta que hay sobre la mesa se plantean dos opciones. Por un lado, que se adelante el cálculo del semiperiodo del Recore -sólo para las renovables y dejando fuera la cogeneración- para poder disponer de alrededor de 3.900 millones con los que hacer frente a dicho coste o, la opción más probable, que estas cantidades sean prorrateadas entre todos los periodos horarios dando lugar a un segundo precio marginal horario que sería el definitivo pero que habría permitido eliminar los llamados 'windfall profits' del resto de tecnologías.
Para evitar que esta medida supusiera una financiación por parte de los consumidores españoles y portugueses de la electricidad que se pudiera exportar a Francia o Marruecos, las exportaciones se harían a este último precio que tiene en consideración el precio del gas.
En el caso de llevar a cabo la segunda opción, el Gobierno podría además aprobar una rebaja de los cargos o destinar parte del dinero del Recore a apoyar a los consumidores industriales.
Entretanto, este próximo martes se espera que el Consejo de Ministros pueda prorrogar algunas de las medidas que ya están en vigor como las correspondientes al suministro mínimo vital o la intervención en la tarifa del gas natural para consumidores domésticos.
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